La estrategia de Pumpido para blindarse de cara a Europa da también aire a Puigdemont

Las dudas del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y de la mayoría progresista sobre la posibilidad de los tribunales de paralizar la aplicación de sentencias del órgano si se duda de su encaje en el Derecho de la Unión Europea no solo afectan al caso de los ERE de Andalucía. La posibilidad de declarar la nulidad de cuestiones prejudiciales elevadas al TJUE por los jueces, favorecería, también, a Carles Puigdemont, pendiente de la solución final sobre su amnistía que, de momento, le obliga a permanecer fuera de Cataluña muy a su pesar.

La aplicación de la gracia al expresident catalán se encuentra bloqueada por dos factores. En primer lugar, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo duda de la constitucionalidad de la norma completa y presentó cuestión que el TC resolverá en los próximos meses. En segundo lugar, el instructor del procés Pablo Llarena consideró que la redacción de la ley no permite amnistiar al de Junts, ya que se le atribuye un delito de malversación agravada y el texto excluye los casos en los que se haya producido un enriquecimiento personal. El asunto acabará también en manos del Constitucional.

Ni la Sala ni Llarena tomaron en inicio el camino de presentar, también ellos, cuestión prejudicial pero deslizaron en sus autos que no hacerlo de primeras no significa que no vayan a hacerlo nunca. Existe la posibilidad de que el Supremo acuda a Europa después de que el Constitucional falle si considera que el contenido de la futura sentencia atenta contra los principios de la Unión. En ese caso, incluso si el TC decidiera que la ley de amnistía es constitucional y que Puigdemont debe ser amnistiado porque la norma lo permite, la decisión quedaría de nuevo paralizada a la espera de la respuesta del TJUE. Varios años, según indican los plazos habituales del órgano de Luxemburgo.

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En medio de este panorama se ha producido el escenario que se desarrolla en estos días en el TC, centrado en la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de acudir al tribunal de la UE por ver extralimitación en los términos de la sentencia de los ERE. Pumpido y el sector más cercano a la izquierda estudian una respuesta y dudan de que los jueces puedan discutir la aplicación de las sentencias del TC. La previsión es que reclamen un informe técnico y que aborden si pueden atajar este tipo de consultas.

Evitar la paralización

Los argumentos que sirven para Sevilla, sirven también para el Supremo. La teoría de los progresistas es que hasta dos leyes orgánicas protegen el cumplimiento de las sentencias del Constitucional. Los conservadores consideran, sin embargo, que la jurisprudencia del TJUE y la misma regulación de la cuestión prejudicial implica que ningún órgano nacional, sea el que sea, tenga la capacidad de bloquear su conocimiento de los asuntos.

La aplicación efectiva de la amnistía es una de las piedras en el zapato del líder de Junts que ha visto truncada su posibilidad de volver sin arriesgarse a entrar en prisión por la decisión del Supremo. El tema aparece de forma recurrente en las negociaciones cíclicas que mantiene el partido independentista con el Gobierno central, aunque la solución ya no está en manos del Ejecutivo. Puigdemont confía en que el TC acabe dándole la razón, pero la duda sigue siendo cuánto tendrá que esperar para eso.

Tras su visita y fuga el pasado verano, el entorno del expresident reconoce que no se plantea la vuelta hasta que no esté resuelto todo su panorama legal. Si el Supremo paraliza una decisión favorable del Constitucional -efecto que siempre provocan las cuestiones prejudiciales- el objetivo estará un poco más lejos. Esa posibilidad desaparecería si el precedente de los ERE y de un caso anterior lanzado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaban habilitando al Constitucional para apagar cualquier dilación de la aplicación de sus decisiones, aunque sea con el coste de desafiar al TJUE.