El Constitucional estalla por la consulta de los ERE: "Estamos en una encrucijada histórica"

La iniciativa de la Audiencia Provincial de Sevilla y sus dudas respecto a la aplicación de la sentencia de los ERE de Andalucía, dictada el pasado verano por el Tribunal Constitucional, protagonizó este martes un primer tira y afloja en el órgano que dirige Cándido Conde-Pumpido. Como no podía ser de otro modo, a un lado de la cuerda se colocaron los progresistas y al otro los conservadores. El presidente dio un primer paso que se entiende por estos últimos como un intento de evitar la fiscalización de Europa a la resolución que libra a los principales condenados del PSOE. Los magistrados designados por la izquierda defienden, sin embargo, la necesidad de sopesar si es necesario poner coto a actuaciones similares. "Estamos ante una encrucijada histórica", llegó a exponer uno de ellos durante el Pleno del TC.

Lo sucedido se ha ido desarrollando en dos actos. La pasada semana, la Audiencia Provincial dictó una providencia en la que avanzaba su intención de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Obligada por el TC a dictar una nueva sentencia que elimina las penas de prisión impuestas en su momento a José Antonio Griñán y Manuel Chaves, se propone dejar en la nevera esa orden hasta que Luxemburgo conteste a las dudas que le plantea la decisión del Constitucional.

Para una parte del TC, esa posibilidad es, directamente, "un desafío". Durante el Pleno de este martes en el que se realizó un primer abordaje sobre el tema, algunas voces de los progresistas -entre ellas la del magistrado Ramón Sáez- defendieron que no acatar la sentencia del TC y esperar a que Europa la revise "deteriora la posición institucional del tribunal" y lo coloca en una situación más que delicada.

Como trascendió hace unas horas, la respuesta del sector progresista a esa "encrucijada" ha sido la de estudiar si hay caminos que sirvan para cortar de raíz el conato de "rebelión" del tribunal andaluz. Para comenzar, el presidente del TC ha ordenado al secretario de la Sala Primera que se dirija a la Audiencia sevillana para reclamar la providencia. En un segundo paso, se prevé que los letrados elaboren un informe en el que, en resumen, se diga que no pueden hacerlo cuando las dudas las plantea una sentencia del Constitucional. En el horizonte se puede ya ver la posibilidad de declarar la nulidad de la cuestión prejudicial con el apoyo de la mayoría más cercana al Gobierno.

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La semilla de esta idea, que distintas fuentes consultadas atribuyen, sobre todo, al propio Pumpido, se basa en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y, sobre todo, en dos de sus artículos. Primero, el artículo 92, en el que se dice que debe velar por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Para ello, "podrá disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución". Respecto a estas incidencias la ley especifica que "podrá también declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción".

También, el artículo 4 en el que indica que en ningún caso "se podrá promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional" y da al TC el poder de adoptar "cuantas medidas sean necesarias para preservarla, incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben". Incluso se cita la ley 15/2015 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy donde se prevén multas por incumplimiento de las resoluciones del TC.

Las multas de Rajoy

La reforma de Rajoy de 2015, pensada para evitar la desobediencia de las disposiciones del TC, sobre todo a raíz del auge del independentismo catalán, se esgrime ahora como vía para paralizar la iniciativa de la Audiencia de Sevilla. La norma dice que todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva y prevé sanciones coercitivas de 3.000 a 30.000 euros "a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado".

Los magistrados del lado conservador expresaron, en el Pleno, su rechazo, en algún caso con notable contundencia, y consideran que la providencia de la discordia se ha reclamado de una forma "precipitada" y sin seguir el trámite reglamentario, avanzando ya desde un primer momento que pretender impedir que un juzgado o tribunal plantee una cuestión prejudicial supone una violación flagrante del Derecho de la Unión Europea. Según aseguran fuentes de este sector, el TJUE es "muy celoso de su jurisdicción" que predomina, también, sobre el Constitucional como lo hace sobre cualquier órgano de los Estados miembros. Seguir el camino que parece dibujarse llevaría a un enfrentamiento que superaría las fronteras de España, avisan.

Mientras tanto, la providencia de la Audiencia sigue su curso. Hace siete días dio un plazo de 10 a las partes para pronunciarse sobre la oportunidad de plantear la cuestión prejudicial al considerar que la decisión del TC puede "no ser del todo compatible con el derecho de la Unión Europea" y si el órgano se "extralimitó" al revisar las condenas de la cúpula del PSOE andaluz entre el año 2000 y 2008, con Chaves y Griñán como principales señalados. Las cartas están sobre la mesa y empieza la partida.