La Cámara de Cuentas fiscalizará todos los contratos de la cátedra de Begoña Gómez

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid fiscalizará la totalidad de los contratos de la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense desde su creación en 2020. El órgano fiscalizador, presidido por Joaquín Leguina, ha incluido la actividad de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en su programa de trabajo para 2025 a instancias de la Asamblea de Madrid, tras las sospechas de presuntas irregularidades en la formalización de algunos convenios.

El futuro informe, que aún no ha comenzado a confeccionarse, analizará íntegramente el funcionamiento de la cátedra y su relación contractual con otras entidades, públicas o privadas. El proyecto surge tras una iniciativa de Vox en la Cámara autonómica, apoyada en octubre por el PP en la comisión de Presupuestos y Hacienda, y de obligado cumplimiento para el ente.

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Fuentes de la Cámara de Cuentas explican que el examen sobre los estudios dirigidos por la mujer de Pedro Sánchez fue incluido en el plan de 2025 el pasado 25 de febrero y, por tanto, no se ha establecido todavía un calendario de trabajo. La previsión, no obstante, es que las directrices técnicas sean aprobadas en abril, incluyendo las líneas generales del trabajo de campo, los recursos humanos necesarios y los plazos a cumplir. Las conclusiones deberán estar listas este año.

La propuesta de Vox señalaba presuntas irregularidades en las contrataciones de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, con adjudicaciones supuestamente fraudulentas a empresarios "amigos" de Gómez. La formación alude al acuerdo con la empresa tecnológica Making Science por más de 24.000 euros y que fue advertido por la propia Intervención de la Universidad Complutense.

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La interventora, María Elvira Gutiérrez-Vierna de Molina, reconoció en la comisión de investigación en la Asamblea que se hizo al margen de los controles previstos, aunque aseguró desconocer quién lo autorizó. "En la universidad solo puede contratar el rector. La ley de contratos establece que solo puede contratar en nombre de la administración el órgano de contratación", dijo en la Cámara de Vallecas. El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, está imputado junto a Begoña Gómez en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado por tráfico de influencias, corrupción en el sector privado, intrusismo y apropiación indebida.

El software elaborado por Indra, Telefónica y Google es otro de los posibles puntos a analizar sobre la actividad contractual. Las tres empresas accedieron a configurar gratis la plataforma porque se trataba de una colaboración "sin ánimo de lucro" con una institución educativa, pero nunca fue entregado a la Complutense. Todo lo contrario. Begoña Gómez, como desveló El Confidencial, controla el 100% de las acciones de una empresa que ofrecía el programa, aunque supuestamente iba a ser para el Máster en Transformación Social Competitiva, ya desaparecido junto a la cátedra.

Posibles consecuencias

La fiscalización de la Cámara de Cuentas se desarrollará en paralelo a la investigación judicial sobre Begoña Gómez. Las conclusiones, sin embargo, podrían derivar en nuevas diligencias, aunque con carácter general no suele ocurrir. La labor del órgano fiscalizador también podría alumbrar irregularidades administrativas o un quebranto contable en la Universidad Complutense por temas como el software, susceptible de un expediente sancionador si se diera el caso. El informe, como todos los trabajos del ente, se elevarán a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que es quien debe considerar si existe algún tipo de ilícito.

La Cámara de Cuentas elaborará el informe sobre la cátedra y la Complutense junto a una treintena de trabajos, como la Cuenta General de la Comunidad de Madrid en 2024, las cuentas de las corporaciones locales, las contrataciones de las entidades del sector público madrileño, la auditoría financiera y el control interno de Metro de Madrid o las remuneraciones de las universidades públicas, entre otros. Su labor se divide en cuatro grupos: fiscalizaciones obligatorias y generales, las solicitadas por la Asamblea de Madrid, las iniciadas por iniciativa propia y las del programa de 2024 todavía pendientes.