Democracia en la empresa y justicia generacional: las leyes de Sánchez para 2025

El Gobierno de Pedro Sánchez aspira a aprobar este año 140 reales decreto, 41 leyes y 16 leyes orgánicas. Es el objetivo que Moncloa se ha fijado en su Plan Normativo 2025, un documento al que ha accedido El Confidencial y que será aprobado en el Consejo de Ministros. El difícil equilibrio de fuerzas del que Sánchez requiere esta legislatura va a dificultar en grado sumo la aprobación de buena parte de estas iniciativas legislativas, pero sirven para arrojar luz sobre los objetivos de Moncloa en el corto y medio plazo. Además del paquete de medidas para reforzar el control político sobre la prensa, el Gobierno, planea sacar adelante una ley de Justicia Intergeneracional, dejar a la Fiscalía al frente de las investigaciones judiciales o aprobar una ley sobre Democracia en la Empresa.

La ley de Democracia en la Empresa está siendo desarrollada por el Ministerio de Trabajo. Su objetivo será "impulsar una participación más eficaz de las personas trabajadoras en el ámbito de sus respectivas empresas, de acuerdo con el artículo 129 de la Constitución Española". Este artículo establece que "los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa" y que "establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción".

Otro de los ministerios de Sumar, el de Juventud e Infancia, trabajará este año para sacar adelante una ley de Juventud y Justicia Intergeneracional. Con esta ley, el Gobierno quiere "que las políticas públicas adopten una perspectiva juvenil de forma transversal" y que se garantice la visión de los jóvenes "en la gestión de recursos públicos y bienes comunes". También buscará fomentar "la participación juvenil en la elaboración de las políticas públicas".

Control de la Fiscalía y cambiar la ley electoral

"¿De quién depende la Fiscalía?". Aquellas palabras de Sánchez en 2020 no han dejado de perseguir al presidente del Gobierno desde entonces. Ahora, la justicia investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, ante la sospecha de que filtró a Moncloa una conversación privada entre el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Álvaro González Amador, y la Fiscalía. Uno de los objetivos del Ejecutivo de Sánchez para este 2025 es que la Fiscalía dirija las investigaciones judiciales, mediante la modificación de la ley orgánica de Enjuiciamiento Criminal.

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez prepara su asalto a la prensa con cinco nuevas leyes para controlar a los medios

Borja Negrete

Moncloa argumenta que esta necesidad de atribuir "la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal, sometido a control jurisdiccional" nace de la voluntad de "adaptar nuestro modelo procesal penal al de los países de nuestro entorno". Al mismo tiempo, considera que, de esta manera, se impulsaría un "modelo constitucional de justicia que descanse en la protección de los derechos fundamentales de naturaleza procesal".

Entre los grandes objetivos del Ejecutivo se encuentra la modificación de la ley Electoral, como se avanzó en el Plan de Acción por la Democracia. Estas modificaciones servirán para establecer la "obligación de celebrar debates electorales entre candidatos" y publicación obligatoria "de todos los microdatos de las encuestas electorales" (de forma anonimizada).

Racismo, pensiones, estatuto del becario y salario mínimo

En el aparato legislativo del Gobierno para este año destaca una ley orgánica contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Será una de las grandes apuestas sociales de Moncloa. Busca reconocer "el racismo estructural presente en la sociedad española" y la necesidad de contar con indicadores y datos "por origen étnico que permitan evaluar su magnitud". De esta forma, el Gobierno ejecutará "medidas de acción positiva de carácter temporal".

TE PUEDE INTERESAR

¿Es España un país tan racista como dice Vinícius? Seis extranjeros dan su opinión

Alfredo Herrera Sánchez

El corpus de iniciativas sociales se completa con una nueva revisión al alza de las pensiones y del salario mínimo, ambas medidas recogidas en el Plan Normativo. También hay que destacar el desarrollo de una ley orgánica integral Contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, así como una ley para los becarios que recibirá el nombre de ley de Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral en el Ámbito de la Empresa. En cuanto a la vivienda, principal preocupación de los españoles según el CIS, la única medida que se recoge es el desarrollo de un Real Decreto para regular el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Memoria Democrática y Sanidad

El equipo del Ministerio de Política Territorial ya trabaja en el real decreto para la creación del Consejo de la Memoria Democrática y un registro estatal de "entidades de memoria". En este ámbito, también se prevé aprobar un RD que "regule el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática".

Respecto a la Sanidad, el Ministerio de Mónica García prepara una ley que promete ser un dolor de cabeza para la sanidad privada: ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Una norma que establece como modelo del Sistema Nacional de Salud (SNS) la gestión directa de centros cuya titularidad es cien por cien pública, dejando la colaboración público-privada para casos "excepcionales" y "justificados". El apoyo de la sanidad privada se producirá "de manera coyuntural, y no sustitutoria o estructural". Esta misma norma determina que el Consejo Interterritorial acuerde unos indicadores sanitarios comunes para evaluar el rendimiento del SNS en todo el país.

TE PUEDE INTERESAR

La semana negra de Mónica García: fiasco de la Agencia de Salud y bronca con los médicos

Borja Negrete

Sanidad también emitirá un RD para homogeneizar la información sobre listas de espera a nivel nacional y rescatará su ley para sacar adelante la Agencia Estatal de Salud Pública. En este sentido, García también desarrollará un Plan estatal de respuesta frente a amenazas para la Salud Pública.

Este conjunto de iniciativas legislativas se suman a las encaminadas a reforzar el control político de los medios de comunicación en plena oleada de investigaciones judiciales contra el entorno del presidente Sánchez (esposa, hermano, fiscal general y exsecretario de Organización del PSOE imputados) con hasta cinco leyes que plantean endurecer el derecho de rectificación, la protección del derecho al honor y establecer un régimen sancionador contra la prensa.