Montero y Díaz negocian ahora una fórmula para que quienes perciben el SMI no paguen renta

El Ministerio de Hacienda está abierto ahora a alcanzar un acuerdo con Sumar sobre la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), después de semanas de discrepancias en el seno del Gobierno de coalición. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzó anoche en TVE que ha enviado una propuesta y María Jesús Montero confirmó esta tarde en unas declaraciones en el Senado que están negociando.

La idea, según ha explicado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, es pactar una medida "que permita compensar a aquellos pocos trabajadores" que cobran el SMI de 2025 y que este año, al no subir el mínimo exento, deberían pagar. Hacienda se ha negado en redondo a que se vuelva a elevar el mínimo para tributar, fijado en 15.876 euros anuales (el SMI de 2024), porque eso exime del pago de impuestos sobre esta cantidad a todos los contribuyentes y supone una pérdida de recaudación importante.

Con el aumento este año del SMI se han alcanzado los 16.576 euros al año y, por tanto, alrededor de un 20% de empleados tienen que tributar, según los cálculos del comité de expertos, básicamente los que carecen de cargas familiares. Este asunto ha provocado un importante choque en el Gobierno de coalición que todavía no está resuelto. Yolanda Díaz ha incidido esta tarde en declaraciones a los medios en Bruselas que su propuesta es que todas las rentas salariales "que se engloban en las cuantías del SMI este año queden exentas de tributar".

Por lo tanto, la vicepresidenta primera estaría tratando de acotar la exención a 500.000 contribuyentes, mientras que la vicepresidenta segunda quiere una exención general. El matiz resulta en un cambio importante en la recaudación tributaria: según fuentes de Hacienda, con el planteamiento de Montero solo se dejarían de ingresar 150 millones, mientras que si se eleva el mínimo exento para todos los contribuyentes, la pérdida de recaudación ascendería a 2.000 millones.

La negociación está activa y Hacienda tiene de plazo hasta este viernes para vetar la iniciativa legislativa de Sumar en el Congreso. Desde el equipo de Díaz trasladan que la negociación va por buen camino, aunque no confirman todavía si accederán al planteamiento de Montero. El inicio de las conversaciones entre ambas vicepresidentas esta mañana supone un paso hacia la distensión después del choque público en la rueda de prensa del Consejo de Ministros en la que se anunció la subida del SMI.

Aunque en las primeras horas después de dicha rueda de prensa tanto Sumar como el PSOE evidenciaron que había que llegar a un pacto, Hacienda y Trabajo se enrocaron en sus posiciones y los de Yolanda Díaz presentaron en el Congreso una proposición de ley para obligar a su propio Ejecutivo a subir el mínimo exento, con tal de conseguir que no tuvieran que pagar los trabajadores con el sueldo de SMI. Su argumento es que la justicia fiscal "empieza por arriba".

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El bloque socialista había amenazado con presentar un veto a esta iniciativa en el Congreso y a las otras dos registradas por Podemos y el PP valiéndose del hecho de que modifica sustancialmente los ingresos del Estado. Al sentarse a negociar, lo más factible es que Sumar acabe retirando su proposición de ley y se una al PSOE para tumbar en la Mesa de la Cámara las otras dos de morados y populares. En cualquier caso, el Ejecutivo se verá obligado a vetar estas dos propuestas.

El Ministerio de Hacienda asegura que no ha cambiado de posición y que el debate de fondo no era que tributaran los receptores del SMI, sino a partir de qué cifra se tiene que pagar el IRPF. Montero defendía que si cada vez que se incrementa el salario mínimo, eso supone elevar el mínimo exento de la renta, no se podía continuar aumentando el SMI.

Ahora sobre lo que se "está trabajando" es precisamente esto: desacoplar la renta mínima para tributar del SMI. Con mecanismos para "compensar" a ese 20% de trabajadores a los que les tocaría pagar. De este modo, el Gobierno no deja de recaudar en el tramo bajo del impuesto. Ni Hacienda ni Trabajo ven ahora complicado poder alcanzar este pacto.