Conde-Pumpido estudia frenar la consulta a Europa que pone en jaque al TC por los ERE

Cándido Conde-Pumpido ha movido ficha contra la consulta que la Audiencia Provincial de Sevilla quiere elevar a la Justicia europea sobre si hubo una "extralimitación" por parte del Tribunal Constitucional (TC) a la hora de revisar la sentencia de los ERE de Andalucía y que, a efectos prácticos, supuso la exoneración de los principales acusados de la cúpula del PSOE. La Audiencia ha dado diez días a las partes para que se pronuncien sobre esta consulta, pero Conde-Pumpido ha solicitado ya la providencia en la que se plantea esta posibilidad para estudiar si la jurisdicción ordinaria puede cuestionar una sentencia del Constitucional, confirman fuentes del órgano de garantías constitucionales.

Como informó El Confidencial, esta providencia de la Audiencia centra la posible consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en cuatro cuestiones, pero, desde el primer momento, plantea sus reticencias sobre la actuación del TC, de mayoría progresista. Insinúan que el tribunal fue más allá de sus funciones de control para "invadir ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales", hasta el punto de lanzar una interpretación alternativa favorable a los condenados.

Para evitar ese escenario, las fuentes consultadas apuntan que Conde-Pumpido señala ahora al artículo 92 de la ley que regula el Constitucional, que establece que, en caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto".

TE PUEDE INTERESAR

Una consulta inédita por los ERE pone en jaque al Tribunal Constitucional de Pumpido

Beatriz Parera Carlos Rocha

Como ha avanzado El Español, Conde-Pumpido trasladó a los magistrados de la Sala Primera, durante la reunión celebrada el pasado lunes, sus dudas sobre la posibilidad de que los jueces y tribunales españoles puedan acudir al TJUE para desoír sentencias del TC. De momento, según apuntan las fuentes consultadas, ha planteado encargar a un grupo de letrados del Constitucional un informe para analizar si es posible que los jueces españoles planteen cuestiones prejudiciales en casos como el de los ERE.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha realizado este martes "una primera aproximación". En la mesa, el conflicto planteado entre la obligación de cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional y su propia ejecutividad y el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el proceso de ejecución de las sentencias constitucionales. De momento, no se ha tomado ninguna decisión y solo se ha recabado la opinión de los magistrados.

Posible nulidad

La tesis de partida del presidente es que, aunque los jueces tienen la posibilidad de acudir a Luxemburgo si la aplicación a sus casos del derecho de la UE les plantea dudas, la opción no es tan evidente ni tan automática cuando se trata de resoluciones del TC. En última instancia, existe la posibilidad de que se estudie la nulidad de la iniciativa de la Audiencia de Sevilla.

Otra de las cuestiones que la Audiencia de Sevilla plantea en su providencia se centra en que la interpretación sobre el control presupuestario que el TC hizo con los ERE va en contra de la propia jurisprudencia comunitaria, que incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política. Se pregunta también si existe la posibilidad de que se incumplan las disposiciones del TC cuando entran en evidente contradicción con una interpretación acorde a la ley. Apuntan así su intención de no obedecer al TC, al menos mientras sus dudas no queden respondidas.

Tras conocerse la maniobra de la Audiencia la pasada semana, las reacciones fueron desiguales en el TC. Magistrados del considerado como bloque conservador, que en su día redactaron votos particulares en sentido muy similar a lo planteado por el tribunal andaluz, aseguraron que era previsible que se diera un escenario como este. Desde el sector progresista, sin embargo, afirmaron que se había recibido la noticia con mínima preocupación.