Chivatazo: un cabecilla de la trama del fuel supo que le seguían tres meses antes de su arresto

La Guardia Civil desarticuló en julio en 2021 una importante organización criminal dedicada al fraude millonario del IVA en el sector de los hidrocarburos. Entre sus implicados hay viejos conocidos de estas actividades y el caso ha gozado de relevancia porque entre ellos está Claudio Rivas -socio del empresario Víctor de Aldama- y también uno de los empresarios que dio trabajo a Koldo García cuando salió del Ministerio de Transportes. A los detenidos se les incautó un millón de euros en billetes, pero los investigadores creen que podría haber sido mucho más. Sospechan que tuvieron información de que les iban a detener y eso les dio tiempo a prepararse.

Por el momento hay un oficial imputado por dar un chivatazo, pero los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el Servicio de Asuntos Internos y los interrogatorios judiciales a los que ha tenido acceso El Confidencial arrojan nuevas dudas sobre otros miembros del cuerpo. También sobre la compleja relación entre los operativos y sus confidentes en el mundo del crimen. A esto se suma que al menos dos de los principales investigados del caso detectaron seguimientos policiales que les hicieron temer que estaban en el punto de mira de una investigación.

Eran una presunta organización criminal que operaba en el sector de los hidrocarburos a la que se le atribuye un fraude al IVA de al menos 136 millones entre 2019 y 2020. Se conoce por el nombre de la principal operadora, que se llama Gaslow, aunque en la UCO esta investigación siempre se conoció con el nombre de ‘operación Larrahondo’. Es distinta a la causa de hidrocarburos por la que fue detenido Aldama a finales del año pasado y cuyo ingreso en prisión le empujó a colaborar con la Justicia, pero las dos tramas se investigan en el Juzgado de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional.

Gaslow tenía cuatro cabecillas: Claudio Rivas (socio de Aldama), Juan Simón, Antonio Rodríguez Estepa y Javier García. Son estos dos últimos los que centran el interés del juez Santiago Pedraz, que investiga en una pieza separada el presunto chivatazo a la organización. Tanto Rodríguez Estepa como García figuran dados de alta como fuentes en la Guardia Civil y en sus interrogatorios aludieron a sus relaciones con miembros del cuerpo. Rodríguez Estepa incluso sabía el nombre del oficial al frente de la operación en la que fue detenido.

Tres meses antes de las detenciones, Rodríguez Estepa mandó por medio de un conocido abogado de Madrid con despacho en la exclusiva calle Serrano una carta a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Decía literalmente lo siguiente: “Nuestro representado ha observado en las últimas semanas que es objeto de un seguimiento personal por parte de personas desconocidas, por lo que interesa que la Fiscalía de la Audiencia Nacional le informe si es objeto de algún tipo de investigación por parte de la Fiscalía o alguno de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional para poder colaborar en la investigación y así evitar la actual situación de vigilancia por parte de personas desconocidas”.

Esta carta la mandó el 26 abril de 2021 y de lo que se desprende de su declaración judicial es que nunca obtuvo respuesta del ministerio público, pero efectivamente estaba investigado y no era la primera vez. En la carta no lo dice, pero entonces ya sospechaba que esos desconocidos eran guardias civiles. Tres meses después, el 20 de julio de 2021, fue detenido y en los registros le encontraron menos evidencias de las que esperaban. Según consta en los informes policiales de la causa, uno de los agentes que participó en la entrada y registro de su casa manifestó su sensación de que esperaba la operación.

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La responsable de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que hizo el volcado informático en una de sus empresas también dijo que parecía como si el detenido “se hubiera anticipado a las consecuencias del registro”. Hay razones para pensar que así fue a tenor de lo que le contó el investigado al juez Santiago Pedraz. Comentó que había detectado los seguimientos y que hasta le había hecho fotos a los guardias civiles. Se presentó como confidente y dijo que había puesto en conocimiento de esas vigilancias a sus contactos en el Instituto Armado.

“Yo le informé a mi capitán de lo que estaba pasando, le di las matrículas… pusimos en conocimiento todos estos seguimientos, tuve dos, hasta hice fotos a los guardias civiles…”. El fiscal del caso, Pedro Rubira, tuvo que llamarle la atención a este detenido para recordarle que en todo caso sería el capitán al que él informaba, pero que no era ‘su’ capitán. "Es una forma de hablar", se excusó Rodríguez Estepa. El representante del ministerio público también le preguntó a este cabecilla del caso Glasgow por qué conocía el nombre del mando de la Guardia Civil que estaba al frente de las pesquisas que terminaron con su arresto.

Sobre este respecto, el detenido Rodríguez Estepa introdujo la presencia de otro oficial, un teniente coronel al que identificó por su nombre. Fuentes policiales informan a este periódico que se trata de un oficial que recientemente ha dejado el cuerpo para trabajar en la empresa privada. El detenido explicó en la Audiencia Nacional que a él le contactó “un comercial” del sector de los hidrocarburos y le citó a una reunión a la que acudió junto al teniente coronel: “Me cita un día y me dice que los instructores estaban tratando de saber cosas de Glasgow. Me piden datos de lo que yo conocía del mercado, le digo todo”.

Rodríguez Estepa afirma que este encuentro se produjo poco antes de su detención. Es decir, el presunto cabecilla de Gaslow supo que la Guardia Civil estaba interesada en conocer la operativa de Gaslow que él presuntamente dirigió durante un tiempo. Por eso se mostró sorprendido por su arresto. Vino a decir que si la operación había sido posible, era gracias a sus informaciones. No obstante, el teniente coronel al que él identificó en el Juzgado y que le puso al corriente de las pesquisas era de los Servicios de Información, ni siquiera forma parte de la UCO que investigaba la trama del fuel.

Al menos tres oficiales señalados

Estepa exhibió ante Pedraz sus contactos con el Instituto Armado identificando al menos a tres mandos con los que tenía relación. Uno de ellos es el que ya está formalmente imputado en esta pieza separada del caso y que en el momento de los hechos estaba destinado en el Grupo de Blanqueo de la UCO. En sus escritos apela a una guerra de egos dentro de la Unidad y a la enemistad que le profesan algunos compañeros. Otro es el teniente coronel de los Servicios de Información que ya no está en el Cuerpo. El tercero, al que Rodríguez Estepa se refería como “mi capitán”, también mereció el interés de la propia UCO en informe al que ha tenido acceso este periódico.

Este documento se remitió a la Audiencia Nacional en julio de 2023 y en él se dice, entre otras cosas, que un capitán destinado en el Grupo de Fuentes (dedicados a tratar con confidentes) pidió a la trama Gaslow que le diera empleo a su exmujer. Hoy ese capitán ya no está en el cuerpo tampoco. Desde hace dos años es el director de Seguridad Corporativo en el Servicio Madrileño de Salud.

Por el momento no se encuentra imputado, pero el informe es contundente al afirmar que este oficial dio un chivatazo coincidiendo con la contratación de su expareja. El documento, que consta de 21 folios, se basa en las conversaciones halladas en el teléfono de uno de los investigados.

En los documentos de esta pieza separada es común encontrarse a investigados que previamente eran fuentes informantes de la Guardia Civil y cuya relación con los agentes que les monitorizan acaba teniendo consecuencias negativas. Ese es el caso del citado Antonio Rodríguez Estepa, un viejo conocido de la UCO desde hace más de una década. Posee numerosos antecedentes, habiendo sido detenido desde el año 2013 en tres ocasiones por hechos similares, permaneciendo aproximadamente 10 meses y medio en prisión distribuidos en dos periodos y habiendo sido recientemente condenado por delitos contra la Hacienda Pública y de Blanqueo de capitales.

“Es decir, no se trata de un empresario que, tras la comisión de unos presuntos hechos delictivos, haya sido detenido en las presentes diligencias, sino que es un individuo con numerosos antecedentes derivados de la comisión de presuntos delitos cometidos en la última década”, advierte la UCO en otro informe.

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Otro de los cabecillas de la trama Glasgow que logró establecer vínculos con agentes del cuerpo es Javier García. Es un treintañero que también figurana dado de alta como fuente de la Guardia Civil y que contrató un equipo de detectives para prevenir y detectar seguimientos. Él argumenta que recurrió a estos servicios porque un socio suyo había sufrido amenazas y temía que le pudiera pasar lo mismo, pero fuentes de su entorno dudan de esta versión. Creen que el verdadero motivo era ‘morder’ posibles vigilancias policiales y anticiparse a posibles acciones policiales.

El Confidencial ha tenido acceso a los informes de los detectives que seguían a Javier García a todos lados en labores de contra vigilancia. Consiste en controlar constantemente los movimientos del objetivo y de ese modo detectar si alguien le sigue. En su declaración en la Audiencia Nacional, este presunto cabecilla de la trama Gaslow confirmó que sabía que su detención era inminente. Sus detectives detectaron guardias civiles apenas unos días antes de los arrestos.

La UCO y Asuntos Internos han podido apuntalar sus sospechas porque el 2 de febrero de 2022 acudió a declarar voluntariamente a la comandancia de la Guardia Civil de Madrid uno de los detectives que trabajaba para Javier García. Ahora ese detective es un testigo protegido del caso. Contó que cuando a él le contrataron ya le avisaron de que en octubre de 2020 habían notado un seguimiento a Javier García por parte de la Guardia Civil. En aquel momento, apuntaron las matrículas y las consultaron en una aplicación que no da información cuando los vehículos corresponden a las fuerzas de seguridad del Estado. Ese fue el caso esta vez.

Para salir de dudas, los detectives preguntaron en el otro cuerpo policial, concretamente en la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional. Es el departamento que regula la actividad de los detectives privados. Y fue la Policía Nacional la que les confirmó, siempre según este testigo, que esos coches eran de Guardia Civil. En la documentación del caso no consta que la Policía Nacional estuviera al corriente de las actividades de la trama ni de los detectives.

El testigo protegido dice ahora que se sentía utilizado por Javier García para detectar seguimientos policiales y por eso dejó de trabajar con él, pero que volvió meses después porque justo en su ausencia se produjeron las detenciones. “Se levantaron suspicacias de si podría ser un informante de la Guardia Civil”, argumentó el testigo.