Sánchez perpetúa su récord de decretos: 155, más que González en la mitad de tiempo

Cada día de pleno en el Congreso puede convertirse en una penitencia para Pedro Sánchez. Los golpes se suceden desde todos los frentes, de derecha a izquierda, e incluso dentro de su propio Gobierno. Ni los asuntos más pacíficos y que suscitan grandes consensos están a salvo de la profunda inestabilidad parlamentaria. Esta misma semana, el Ejecutivo vio cómo su ley para crear una Agencia de Salud Pública caía por el precipicio como parte de una estrategia orquestada por PP y Junts y constató la fractura con Sumar a cuenta de la subida del gasto militar que Sánchez ha comprometido con Bruselas.

Aunque el futuro es incierto, lo cierto es que el jefe del Ejecutivo no tiene intención de desatornillarse del Palacio de la Moncloa. Sánchez emplea fórmulas, algunas discutibles según la oposición, para salvar el tipo sin enfrentarse de forma directa al escrutinio de las Cortes y a las intrincadas enmiendas de sus socios. Hace tiempo que el líder socialista batió todos los récords de sus predecesores en el uso —o abuso— del decreto ley. En los seis años, nueve meses y 21 días de su mandato, ha firmado 155 decretos, 26 más de los que, por ejemplo, impulsó Felipe González en sus casi 14 años al frente del Gobierno.

Todos los presidentes de la democracia han estirado, en ocasiones, la condición de "extraordinaria y urgente necesidad" recogida en el artículo 86 de la Constitución para emplear esta figura. Pero lo cierto es que Sánchez se encuentra en lo alto del podio. Los decretos leyes permiten al Ejecutivo aprobar de forma directa medidas con rango de ley sin pasar por la discusión parlamentaria previa. La norma entra en vigor desde su aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ese momento, no obstante, el Congreso tiene un plazo de 30 días para convalidarlo o derogarlo. Cara o cruz.

Esta fórmula obliga a la Cámara Baja a decidir sobre materias en las que no han intervenido. La única vía para introducir modificaciones en los decretos es su tramitación como proyecto de ley, una "trampa" que denuncian grupos de todos los colores políticos porque casi nunca terminan aprobándose. Así las cosas, y dada su evidente fragilidad legislativa, es habitual que el Gobierno de Sánchez utilice un mismo decreto para introducir un totum revolutum de cuestiones, bien para incluir cesiones a sus socios para contar con su respaldo; o bien para situar a la oposición entre la espada y la pared. Son los llamados decretos ómnibus.

Opinión

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No hay que irse muy atrás para encontrar un perfecto ejemplo de este fenómeno. A principios de año, el Congreso tumbó el paquete en el que Sánchez mezcló asuntos de distinta índole, desde la revalorización de las pensiones... hasta el traspaso de la sede del Instituto Cervantes de París al PNV. En primera instancia, el PP votó en contra. Pero en Génova sabían del coste electoral que podía suponer oponerse a la subida de las jubilaciones, por lo que rectificó su posición y votó a favor del decreto cuando Sánchez volvió a registrarlo en las Cortes, aun a costa de aceptar cuestiones en las que estaban radicalmente en contra.

Se trata del primero de los dos decretos impulsados por el Ejecutivo en lo que va de 2025. El segundo volverá a suscitar un tenso debate en las Cortes, ya que se trata del decreto pactado con Junts para forzar a las comunidades autónomas a acoger a miles de menores migrantes que colapsan los centros asistenciales de Canarias y que, de nuevo, llegará al Congreso por la vía rápida. Hay que recordar que, aunque no suele ser lo habitual, algunos de los 155 decretos aprobados en Consejo de Ministros no supera la convalidación en el Congreso, como sucedió recientemente con el de la prórroga del impuesto a las energéticas.

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Nada más llegar a la Moncloa, Sánchez impulsó un amplísimo abanico de decretos ley. El primero lo aprobó apenas unas semanas después de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy en junio de 2018, y le sirvió para forzar un relevo inmediato de la cúpula de RTVE. En sus primeros seis meses, la cifra se disparó hasta los 25. Y mantuvo el ritmo al año siguiente, en 2019. Pese a la concurrencia de dos elecciones generales, Sánchez impulsó otros 18 decretos. Todos ellos estando aún en funciones.

La situación excepcional de la pandemia situó 2020 como el año en el que más se utilizó este recurso, con un total de 39 veces, una métrica que mantuvo en 2021 con 32 decretos leyes. Aunque sigue siendo un mecanismo habitual, en los últimos años el presidente del Gobierno ha aminorado su utilización, con 20 en 2022; 8 en 2023 —año en el que el país volvió a acudir a las urnas—; 11 en 2024 y otros 2 en lo que llevamos de 2025. Pese al menor número de decretos, es importante reseñar que casi la mitad de las 25 iniciativas aprobadas a iniciativa de los partidos del Gobierno el año pasado siguieron la vía de la tramitación reservada para casos extraordinarios.

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La hemeroteca castiga a un Sánchez que afeó en numerosas ocasiones a Rajoy que abusara de esta figura legal, y al que recriminaba su "alergia a dar la cara" en el Parlamento. También prometió "limitar" el uso de este recurso, pero ya aventaja, con diferencia, a sus antecesores. Mariano Rajoy, cuyo mandato se extendió entre 2011 y 2018, aprobó un total de 107 decretos leyes, mientras que José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) firmó 108. Hasta la llegada de Sánchez, era José María Aznar quien ostentaba el récord con 127 decretos en el menor tiempo, dos legislaturas. Felipe González impulsó 129, pero en casi 14 años.

El Tribunal Constitucional ha censurado en varias ocasiones el abuso de los decretos ley por los sucesivos ejecutivos, aunque en 2019 desestimó un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra varios decretos de Sánchez por carecer de la "urgente necesidad" que estipula la Constitución, aunque contó con un duro voto particular de los magistrados del bloque conservador. La Fundación Hay Derecho, una organización sin ánimo de lucro que promueve la regeneración institucional, censuró duramente en su informe de 2024 los 'decretazos' del Gobierno y alertó de la creciente "irrelevancia" del Parlamento.