Feijóo se distancia de Clavijo y abrirá una guerra jurídica con sus CCAA contra el reparto de menores

El líder del PP ha pasado en seis meses de liderar la solución ante la emergencia migratoria que vive Canarias de la mano de su presidente a situarse, de nuevo, en el bloqueo. En septiembre de 2024, Feijóo y Clavijo firmaron un acuerdo que vinculaba a las 12 comunidades autónomas del PP para proceder a un reparto ordenado de menores extranjeros no acompañados, con el fin de aliviar la situación de las islas y, de paso, obligar al Gobierno a reformular su política migratoria. Comenzaron entonces una serie de encuentros a tres bandas para tratar de reformar la ley de Extranjería, que pronto terminarían en fracaso.

El PP acabó borrándose de la negociación entre el Ejecutivo y Canarias por la negativa de Moncloa a asumir sus condiciones, que iban desde el endurecimiento del control de las fronteras y el despliegue del Frontex hasta el compromiso de que el Estado se hiciera cargo de la financiación de estos niños cuando la capacidad de las comunidades superase el 100%. El paso atrás de Feijóo forzó al Gobierno a buscar una solución en Junts. Y la maniobra no le saldría barata al Ejecutivo. Desencalló el acuerdo con los posconvergentes tras consumar la delegación de las competencias migratorias a la Generalitat, y Cataluña será, además, una de las comunidades que menos menores reciba.

Tanto Fernando Clavijo como su vicepresidente del PP, Manuel Domínguez, aplauden el pacto del que, sin embargo, se descuelga tanto Feijóo como el resto de sus comunidades autónomas. Génova incide en que el acuerdo suscrito con Junts para modificar la ley de Extranjería sepulta los puntos acordados con el presidente de Canarias en septiembre y, además, ahonda en la "desigualdad" de los territorios para beneficiar a los socios independentistas del Gobierno. Fuentes de la dirección aseguran comprender el "colapso" que sufren las islas y su necesidad de aferrarse a ese "clavo ardiendo". Pero avanzan que encontrarán al PP y a sus comunidades "enfrente".

Cuando el Gobierno y Junts anunciaron el acuerdo la semana pasada, Génova se adelantó a sus comunidades advirtiendo que ninguno de sus barones acogería a más menores "si no hay capacidad de hacerlo con garantías". Desde la cúpula nacional se ha ido endureciendo el discurso con el paso de los días, hasta el punto de que el propio Feijóo ha tildado el pacto con Junts de "racista y xenófobo" por la intención del Gobierno de "repartir" inmigrantes "en función del color político de cada comunidad autónoma". Según la proyección del partido independentista —el Ejecutivo no ha facilitado aún datos oficiales— a Cataluña corresponderían sólo entre 20 y 30 de los 4.400 menores procedentes de las islas y de Ceuta que esperan a ser realojados.

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La acción del PP no se quedará en la oposición verbal. Desde Génova avanzan un frente común coordinado con todos sus territorios —salvo Ceuta, que ha dado su plácet a la iniciativa— para tratar de torpedear la iniciativa antes incluso de que llegue al Congreso de los Diputados para su convalidación. La estrategia se irá perfilando de forma coordinada en las próximas semanas, pero la mayoría de regiones populares ya han manifestado su intención de llevar el nuevo reparto de menores a los tribunales.

Fuentes del PP aseguran que la batalla podría comenzar justo después de la celebración de la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, que se celebrará en abril. Una vez se apruebe el reparto, las regiones pueden solicitar medidas cautelares a la Sala Tercera del Tribunal Supremo por "vulneración de derechos" de las comunidades por desigualdad de trato ante la Administración, ante el previsible "tratamiento asimétrico" de los territorios con los nuevos criterios de reubicación. A priori, y según denuncian los populares, hasta Melilla acogería más inmigrantes procedentes de Ceuta o Canarias que Cataluña.

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La mayor parte de las regiones gobernadas por el PP denuncian la "sobresaturación" de sus centros asistenciales y aseguran no poder atender "con garantías" a otros cientos de menores más. Desde Génova denuncian que, por ahora, el Ejecutivo no ha atendido a las reivindicaciones de los territorios y, al margen de ofrecer mayor financiación para sufragar los gastos de manutención o escolarización, sugieren habilitar edificios del Estado para acoger al nuevo volumen de menores. También inciden en que "nuestra prioridad es que no lleguen más" y advierten que, si el Gobierno se niega a controlar los flujos migratorios, la situación será "insostenible".

Los departamentos jurídicos de las comunidades ya estudian "todas las vías jurídicas" para frenar los efectos del decreto, sin descartar, claro, el recurso al Tribunal Constitucional una vez la norma logre el aval del Congreso. La primera en anunciar esa respuesta fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que avanzó que llevaría la ley a los tribunales y "a Europa". Pero si las maniobras del PP en los tribunales no funcionan, tanto ella como el resto de presidentes del PP ya asumen que tendrán que "cumplir la ley".

Los barones del PP no se declararán en rebeldía, como les exige Vox, y buena parte de los territorios confirman que facilitarán los datos de acogida de menores extranjeros sin acompañar que el Ministerio de Infancia les reclama para elaborar la distribución definitiva. Esas cifras se cruzarán con criterios de población (50%); paro (15%); PIB (13%); esfuerzo (6%) y dimensionamiento estructural de las plazas (10%) para completar la distribución. Desde el Gobierno también amenazaron a las comunidades con llevarlas al Constitucional si incumplían con el reparto acordado sin la connivencia del PP.