Sánchez prepara su asalto a la prensa con cinco nuevas leyes para controlar a los medios

Pedro Sánchez ya tiene listo su arsenal legislativo para ejecutar su asalto a los medios críticos. El presidente socialista aspira a que este 2025 se aprueben hasta cinco leyes que facilitarán el control de la prensa por parte del Gobierno y que limitarán su acción informativa. Así se refleja en el Plan Normativo de Moncloa para 2025, el documento que establece las líneas reguladoras del Ejecutivo para este año y al que ha tenido acceso El Confidencial. Endurecer el derecho de rectificación, la protección del derecho al honor y establecer un régimen sancionador contra los medios de comunicación son algunas de las medidas que aspira a tener aprobadas antes de que acabe el año.

El Gobierno, a través del Ministerio de Presidencia, intentará sacar adelante una ley de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Moncloa argumenta que es necesario "actualizar la normativa vigente, para adaptarla a los nuevos medios de comunicación personal y profesional de una sociedad globalizada". Aseguran que esta reforma se llevará a cabo "salvaguardando a su vez la libertad de información y de expresión".

El presidente del Ejecutivo planteó esta nueva norma en junio del año pasado, en pleno estallido de investigaciones judiciales en torno a su mujer, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez. El Gobierno ha decidido seguir adelante con la tramitación de este texto pese al criterio contrario de las asociaciones de periodistas, que advierten de que el derecho al honor ya está plenamente regulado.

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El Gobierno avanza que esta ley incorporará la obligación de la identidad digital de los usuarios de redes sociales, una propuesta que Sánchez avanzó en el Foro de Davos y que quiere que se traslade a Europa. También se establecerá la obligación de informar cuando una imagen, sonido o vídeo sea generado por IA y que las redes sociales vuelvan a moderar debates y retirar contenidos "que lesionen derechos fundamentales".

Publicidad institucional y derecho de rectificación

El Ejecutivo también aspira a que su futura Ley de publicidad y comunicación institucional sea una realidad en este periodo. Este texto permitirá al Gobierno establecer unos parámetros "objetivos" con los que repartir la financiación pública a los medios. Su desarrollo implica también la designación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como órgano que controle su aplicación por parte de la prensa. Al frente de este organismo se encuentra Cani Fernández, que trabajó en el gabinete de Sánchez bajo las órdenes de Iván Redondo. El Gobierno se ampara en la trasposición del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación para justificar esta norma.

Opinión

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El asedio de Sánchez continúa con el desarrollo de una ley exclusiva para el derecho de rectificación. Una vez más, Moncloa apela a que hay que actualizar la normativa vigente a los tiempos. Su objetivo es que los procesos judiciales se acorten y que se endurezcan los castigos e indemnizaciones. "Deben adaptarse los plazos y procesos judiciales al ritmo actual de la comunicación, dotándolos de la agilidad que requiere la adecuada protección de estos derechos. También deben revisarse las indemnizaciones y los criterios para determinarlas, a fin de asegurar una apropiada reparación del daño causado", reza el documento del Gobierno.

Menos transparencia: proteger la "intimidad"

En la hoja de ruta de Moncloa para 2025 consta también la sustitución de la actual Ley de secretos oficiales, vigente desde el franquismo (1968), por una Ley de información clasificada. El Gobierno se ha acogido a esta norma franquista en numerosas ocasiones para evadir las resoluciones del Consejo de Transparencia que le instaban a publicar información sobre los viajes en Falcon del presidente, entre otras cuestiones.

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Bajo la premisa de que hay que cambiar esta ley para "adaptarla a los estándares internacionales en materia de información clasificada", se modificará el texto para hacer aún más restrictivo el acceso a la información de los ciudadanos y periodistas. Introduce un nuevo factor que la Ley de Secretos Oficiales no incluía para restringir la cesión de información: la intimidad. Ya no será solo la información que afecte a la seguridad la que no se comparta, tampoco se concederá la relativa a la intimidad: "La ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas".

"Gobernanza democrática" en prensa

La quinta norma con la que Sánchez aspira al jaque mate contra la prensa crítica es la Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación. Este proyecto del Gobierno aboga, directamente, por el establecimiento de un régimen sancionador contra los medios teledirigido desde Moncloa.

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Una vez más, el Ejecutivo se escuda en "la normativa europea" para adecuar la legislación "en lo relativo a la designación de las autoridades competentes de supervisión, la creación del registro de los medios de comunicación, la evaluación de las concentraciones de los medios de comunicación y su impacto en el pluralismo informativo". Además, incluye el "establecimiento de regímenes sancionadores". Su desarrollo depende del Ministerio de Transformación Digital, a cuyo frente se encuentra Óscar López.

Esta catarata legislativa, que afectará de manera directa a los medios de comunicación, solo cuenta con un contrapeso para facilitar la labor del periodista. Una Ley orgánica reguladora del secreto profesional de los periodistas. El palo (o palos) y la zanahoria. Dice Moncloa que "se pretende regular el secreto profesional de los periodistas para configurar un sistema de sólido de garantías jurídicas que proteja a las fuentes periodísticas. El sistema se plantea como pieza imprescindible en el libre ejercicio de la profesión periodística y, de forma indisoluble, como garantía del derecho fundamental de la ciudadanía a recibir una información veraz".

El documento de Moncloa no lo cita, pero en este caso la norma también nace del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, una legislación impulsada por la UE para proteger la labor de los periodistas. Un corpus legislativo que Sánchez ha estrujado para incubar una batería de articulados que refuercen la vigilancia del poder político sobre la prensa.