La venganza de Bolaños: estudia obligar a trabajar gratis a los preparadores de opositores

El informe negativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la última ley de Félix Bolaños ha tenido una reacción inmediata del ministro de Presidencia y Justicia. El CGPJ cargó de críticas su dictamen sobre el anteproyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal -aprobado esta semana-, en el que aprecia errores de técnica legislativa, ramalazos de inconstitucionalidad y una regulación que provocará una carrera de dos velocidades entre los opositores y aquellos que accedan a través del conocido como cuarto turno o por ejercer como jueces sustitutos. Como respuesta, el departamento ha lanzado que estudia una nueva regulación que garantice que los preparadores desarrollen su actividad de forma gratuita.

Desde la judicatura, la reacción del ministerio y el anuncio de nuevas medidas se ha tomado como una venganza a la valoración del Consejo, más si cabe por aprobarse por unanimidad en un órgano que ahora cuenta con mayoría progresista. De forma oficial, Justicia indicó que el Gobierno está satisfecho con el informe, ya que avala el núcleo de su anteproyecto. Se comprometió a analizar un refuerzo de los aspectos del texto señalados como puntos oscuros. Nadie esperaba, sin embargo, que lo que llamara la atención del Ejecutivo fuera el capítulo de la preparación de oposiciones, donde Bolaños quiso poner el énfasis.

El informe hacía mención en dos párrafos incluidos en sus 125 páginas en los que apuntaba que la mención a la regulación de la función de preparación por parte del Centro de Estudios Jurídicos se realiza de una forma "absolutamente general y abstracta" y recomendaba que se concretasen, "siquiera mínimamente", las líneas generales de actuación, organización, funcionamiento, cualificación profesional de los preparadores, entre otras cuestiones.

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También destacaba que la preparación para el acceso a la carrera judicial es una parte del ejercicio profesional y una "labor inherente y consustancial" al ejercicio de la función de los jueces y magistrados. Constituye una manifestación más de su competencia profesional y "ha de ser entendida como una obligación moral y deontológica por ser una manera de trasladar los conocimientos y amplia experiencia profesional en el ejercicio de la jurisdicción a las nuevas promociones que integrarán la Carrera Judicial".

"En muchas de las ocasiones, tal preparación obedece, más que a fines mercantilistas, a fines generosos de colaboración e intercambio de conocimientos jurídicos respecto, en gran número de casos, de personas más o menos cercanas", agregaba.

La venganza

Lo que era una defensa de la labor fue tomado por el departamento de Bolaños como la mejor forma de devolver el golpe, indican algunas de las fuentes consultadas. Anunció que el Gobierno está evaluando "diferentes mejoras del texto". "Por ejemplo, en el ámbito de la preparación a opositores por parte de jueces en activo, que el informe define como una "obligación" que asumen los jueces de manera "generosa", el Ejecutivo está analizando una posible reforma que garantice el carácter gratuito y altruista de esta preparación por parte de los que ahora ejercen esta actividad movidos por dicha obligación deontológica".

El dictamen avisa, entre otros aspectos, sobre la desigualdad que supondrá poner al mismo nivel a aquellos que superan la oposición y cumplen un periodo de antigüedad con los que ejercen sin ella por un periodo de cinco años, que pasarán de forma casi automática a ser magistrados. El estudio asegura que el nuevo modelo puede resultar discriminatorio e incluso duda de su constitucionalidad.

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Advierte del riesgo de generar "una carrera de dos velocidades". Lanza dudas sobre la falta de idoneidad de alguna de las medidas proyectadas que -dice- flaquean en tanto en técnica legislativa como en sus objetivos. "De la Constitución sí cabe derivar una imagen o modelo que vincula el ejercicio de la jurisdicción con jueces y magistrados integrados en la Carrera Judicial. Por ello, el ejercicio no profesional de la jurisdicción, aunque constitucionalmente posible, tiene carácter excepcional", advierte.

Las nuevas condiciones cambian las reglas del juego para introducir "un factor que podría considerarse discriminatorio, en perjuicio de quienes han alcanzado la categoría de magistrado por promoción desde la de juez, que no resulta justificado", dice el informe. "El prelegislador ha establecido el plazo de cinco años de ejercicio profesional acreditado cuando el requisito temporal que se establece, con carácter general, en el proyectado artículo 306.5 de la LOPJ, en la redacción dada al mismo por el APLO, es el de diez años de ejercicio profesional como condición necesaria para poder participar en las convocatorias de concurso oposición para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal por la categoría de magistrado y fiscal de juristas de reconocida competencia", indica.