Junts se echa en brazos del PP para castigar al Gobierno cuando Sánchez veía fluir la relación con Puigdemont

Si el Gobierno confiaba en que su controvertida relación con Junts estaba mínimamente encauzada tras dos acuerdos consecutivos, nada como que los de Carles Puigdemont tumben en el Congreso una ley sin aristas, la creación de la Agencia de Salud Pública, para darse un baño de realidad. Precisamente, la semana en que desde el Ejecutivo se defendía en privado que la interlocución "va mejorando" y que "fluyen las negociaciones" con ellos, los posconvergentes han echado abajo esta visión idílica y han castigado efusivamente al Gobierno por no atender las necesidades de los agricultores y los ganaderos catalanes.

Su decisión evidencia que en el armazón de la legislatura sigue existiendo profundas hendiduras y que la Moncloa se expone no sólo a perder votaciones, si no a que su socio más inestable le tumbe por sorpresa una ley con la que inicialmente estaba de acuerdo, en connivencia con el PP y Vox. Todo formó parte de una represalia política, en la que populares y posconvergentes se aliaron para castigar al Gobierno porque unas enmiendas suyas en otro texto legislativo no fueron respetadas.

El Congreso vivió ayer una jornada esperpéntica. El origen de la descomunal disputa en el hemiciclo radica en la decisión de la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, de eliminar varias enmiendas que PP, ERC y Junts introdujeron en la Ley de Desperdicio Alimentario durante su paso por el Senado, donde los populares cuentan con mayoría absoluta. En concreto, la planteada por el PP implicaba una rebaja del IVA en alimentos básicos al 2%, lo que representaba una merma en los ingresos del Estado. Las de los grupos independentistas perseguían, por su parte, mantener las subvenciones a las plantas catalanas de purines.

El Gobierno decidió tumbar las citadas enmiendas a través de un veto presupuestario registrado en la Mesa del Congreso sin esperar a la votación en el pleno, al entender que afectaban a las cuentas públicas. El artículo 134.6 de la Constitución blinda esa prerrogativa. Pero en esta ocasión, esa "imposición" era discutible. La decisión no tiene precedentes, y contó incluso con la objeción del letrado mayor de la Cámara Baja, Fernando Galindo. Los tres grupos afectados lo tildaron de "atropello" y exigieron que, como mínimo, se retirase del orden del día el texto para resolver el conflicto jurídico antes de su aprobación definitiva.

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La situación provocó una enorme bronca. Los diputados del PP intentaron paralizar el pleno con golpes, gritos e insultos, mientras su portavoz, Miguel Tellado, aireaba acusaciones de "prevaricación" contra el PSOE. Representantes de Junts y ERC también tomaron la palabra para exigir el aplazamiento del debate. Pero el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Gómez de Celis, hizo caso omiso y siguió adelante con la votación. Al margen de las consecuencias jurídicas —aboca a un conflicto de atribuciones entre Congreso y Senado con recursos cruzados de PSOE y PP—, la decisión terminó hiriendo al propio Gobierno.

Nada de este conflicto tenía que ver con la creación de una Agencia de Salud Pública. La iniciativa, que parte de una propuesta de la exministra popular Ana Pastor, había logrado un amplio consenso parlamentario durante su paso por la Comisión de Sanidad. Sólo Vox había manifestado desde el principio su rechazo. Y el Gobierno se encontró con un golpe completamente inesperado: PP y Junts tumbaron, por sorpresa, el proyecto de ley. Fuentes populares aseguran que hubo conversaciones previas "con los grupos", incluido Junts, para conocer el sentido de voto. Sabían que los posconvergentes acariciaban el 'no'. Finalmente, ambos maniobraron para asestar a Sánchez su enésima derrota.

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El PP justificó su giro de 180 grados —defendían la medida incluso en su programa electoral— en el "activismo" del discurso de la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Congreso y en la sospecha de que pusiera al frente a Fernando Simón, la cara visible de la gestión de la pandemia. Miriam Nogueras, por su parte, argumentó a la salida del pleno que "ninguna agencia española está por encima de los agricultores y ganaderos de Cataluña". Pero en el fondo subyace una suerte de vendetta conjunta al Gobierno que reconocen en la dirección del PP. "Cuando se bloquea algo que el Senado ha aprobado, no pueden pretender que luego no haya una reacción", admitió la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

Esta nueva pinza de Junts con los populares pone en barbecho el "momento dulce" que el Ejecutivo creía que atravesaba con los de Puigdemont. No le faltaban razones para pensarlo. En poco más de dos semanas han cerrado la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña y la anhelada reforma de la ley de Extranjería para obligar a las comunidades a aceptar el reparto de menores inmigrantes y aliviar así el drama humanitario en Canarias.

El primer acuerdo ha tardado más de un año en materializarse y, aunque la negociación estuvo parada mucho tiempo, al final se complicó por las atribuciones de los Mossos d'Esquadra en el control de fronteras. Una vez que se desencalló, se abrió la puerta a la colaboración de Junts para cambiar la ley de Extranjería. La relación no es tan buena para pensar en aprobar los presupuestos —ni el Gobierno confía en ello— pero nada hacía pensar en esta venganza de los posconvergentes por unas enmiendas del Senado, relacionadas con las instalaciones de tratamiento de residuos de porcino.

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Pese a este revés, la sensación general del Gobierno es que se ha producido un cambio en Junts a lo largo de la legislatura y tras la aprobación de la amnistía. La Moncloa se aferra a que estaban "en el monte" y ahora están negociando. Y aunque admiten que son unos socios imprevisibles, dan por descontado que llegarán a 2027 de su mano, sin que se atrevan nunca a votar una moción de censura con el PP y Vox.