Multas de hasta 500.000 euros si no se cumple: la nueva ley de desperdicio alimentario que afecta restaurantes y 'supers'

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España estrena una nueva Ley de Desperdicio Alimentario que promete cambiar la forma en la que los ciudadanos compran, comen y gestionan los alimentos que no consumimos. La norma, ya aprobada por el Congreso, entrará en vigor tras su publicación en el BOE y trae consigo una batería de medidas dirigidas tanto a consumidores como a supermercados, restaurantes y bares. El objetivo es claro: reducir los más de 1.300 millones de kilos de comida que se tiran cada año en nuestro país.

A pesar de que la norma pone el foco en la concienciación, no queda ahí. Todos aquellos los que no cumplan se enfrentan a sanciones de hasta 500.000 euros. La ley contempla tres niveles de infracción: leves (con multas de hasta 2.000 euros), graves (hasta 60.000 euros) y muy graves, que pueden alcanzar el medio millón de euros si se trata de conductas reincidentes o si hay un impacto significativo en la cadena alimentaria.

Entre las infracciones sancionables figuran, por ejemplo, no informar adecuadamente sobre cómo reducir el desperdicio, desechar productos que aún podrían consumirse o no aplicar planes de prevención obligatorios.

Uno de los cambios más visibles será en el ámbito de la hostelería. Todos los restaurantes deberán ofrecer envases reutilizables o reciclables para que los clientes se lleven las sobras a casa, sin coste adicional. La medida busca normalizar algo que en otros países europeos ya se hace de forma habitual y que ayuda a reducir la comida que termina en la basura tras una cena o comida fuera de casa.

Además, los bares y restaurantes deberán implementar planes específicos para minimizar el desperdicio, como adaptar las raciones o gestionar mejor sus compras y almacenaje.

Los supermercados, especialmente los de más de 1.300 metros cuadrados, también deberán adaptarse a la nueva normativa. Una de las novedades es que tendrán que ofrecer espacios específicos para frutas y verduras con aspecto imperfecto, aunque perfectamente comestibles. El incentivo para el consumidor es el precio: podrán ser hasta un 30% más baratas.

Otra medida que afectará a la cesta de la compra será la ampliación de los productos que se podrán vender con descuentos por estar próximos a su fecha de consumo preferente o caducidad. Se fomentará así que estos alimentos se vendan antes de ser descartados, y se impulsarán campañas informativas para que los consumidores aprendan a distinguir entre ambas fechas y evitar tirar comida en buen estado.

La ley también establece que los comercios ya no podrán desechar alimentos que aún sean aptos para el consumo. En su lugar, estarán obligados a establecer acuerdos con organizaciones sociales, como bancos de alimentos, para donar esos productos. Solo si los alimentos no se pueden consumir por personas, se permitirán otros usos como pienso animal, compost o biocombustibles.

El Ministerio de Agricultura justifica esta ley no solo por razones éticas y medioambientales, sino también económicas: cada familia española desperdicia comida por valor de unos 250 euros al año. Por eso, además de las medidas obligatorias, el Gobierno prepara un Plan Estratégico Nacional para que cada comunidad autónoma implemente acciones educativas, campañas de sensibilización y controles específicos.