Una consulta inédita por los ERE pone en jaque al Tribunal Constitucional de Pumpido

La Audiencia Provincial de Sevilla ha dado un golpe en la mesa cuyos ecos aún resuenan en el Tribunal Constitucional y seguirán resonando durante mucho tiempo. Cinco magistrados aprecian "extralimitación" en la revisión que el órgano que dirige Cándido Conde-Pumpido realizó sobre la sentencia de los ERE de Andalucía y que, a efectos prácticos, supuso la exoneración de los principales acusados de la cúpula del PSOE. Han iniciado un camino que supondrá llevar a la Justicia europea a la mayoría progresista que decantó la balanza, con su actual presidente a la cabeza. Aunque el resultado es aún dudoso, el solo movimiento pone en jaque el fallo sobre la trama de corrupción más sangrante del socialismo. Nunca en la historia del TC español, había ocurrido nada similar.

La providencia a través de la que se conoció la iniciativa de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) va clavando dardos contra el TC a través de cuatro cuestiones que quiere elevar al estudio de los jueces de la UE. Desde la primera, sus reticencias sobre la actuación del TC de mayoría progresista resultan evidentes. Insinúan que el tribunal fue más allá de sus funciones de control para "invadir ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales". Que lanzó una interpretación alternativa favorable a los condenados.

Otras de las cuestiones planteadas insinúan que, además, la interpretación sobre el control presupuestario va en contra de la propia jurisprudencia comunitaria, que incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política. Se preguntan también si existe la posibilidad de que se incumplan las disposiciones del TC cuando entran en evidente contradicción con una interpretación acorde a la ley. Apuntan así su intención de no obedecer al TC, al menos mientras sus dudas no queden respondidas.

Desde el Constitucional, las reacciones son desiguales. Magistrados del considerado como bloque conservador, que en su día redactaron votos particulares en sentido muy similar a lo planteado por la Audiencia sevillana, aseguran que algo así se veía venir. Desde el sector progresista aseguran que se ha recibido la noticia con mínima preocupación.

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Los disgustos, sin embargo, se van sumando, como publicó este diario, hace unas semanas dos autos del Tribunal Supremo lanzaron un claro mensaje que más bien sonó a aviso: el TC y sus miembros no están libres de una investigación por prevaricación.

Aunque el paso de la Audiencia en inédito en España, no sucede lo mismo con otros países. Fuentes jurídicas consultadas aseguran que diferentes estados de la UE se han dirigido al TJUE después de haber pasado por su TC. También ha sucedido que el TJUE dicte sentencia contradiciendo al Constitucional de turno e indicando al Juzgado en cuestión que desobedezca.

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Una de las más relevantes se remonta a 1964. El asunto Costa versus Enel estableció el principio de primacía del derecho de la UE por encima del derecho nacional. En ese caso, la Corte de Milán se dirigió a la Corte Costituzionale para preguntar si las leyes aprobadas con posterioridad a los tratados de la Comunidad Económica Europea derogaban los tratados o eran de aplicación preferente.

El Constitucional italiano respondió que las leyes prevalecían y podían modificar los Tratados, lo que generó una consulta al TJUE, entonces con otro nombre. La Corte de Milán ganó ese pulso. Hay otras muchísimo más recientes, como la dictada en septiembre de 2024 sobre el caso de Rumanía que estableció que los órganos jurisdiccionales nacionales no están obligados a aplicar una resolución de su TC si es contraria al Derecho de la Unión, por lo que en tal caso, no podrán ser sancionados.

No se ve el final

Además, el planteamiento de una cuestión prejudicial de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre la sentencia definitiva del caso de los ERE embarulla todavía más una causa a la que no se le ve el final. La posibilidad de que el tribunal que condenó a la cúpula del PSOE andaluz lleve a Europa la revisión de los ERE hace pensar en un plazo de dos años hasta que la justicia comunitaria se pronuncie antes de la decisión final sobre la pieza política del caso. Esta pieza se origina en 2011 y esta nueva dilación podría llevar la resolución final más allá de 2027. Más de un cuarto de siglo desde que se produjeron los hechos, que se circunscriben a la etapa que va del año 2000 a 2008, cuando la Junta en manos del PSOE dejó de utilizar el sistema de reparto de fondos que el tribunal hispalense y el Supremo consideraron fraudulento.

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Por eso se considera que el fraude de los ERE alcanza los 680 millones de euros, que es el montante total de las ayudas que se pagaron a partir de la partida 31.L, el conocido como "fondo de reptiles". Ese es el relato que desmontó el Tribunal Constitucional en su cascada de sentencias al exonerar parcialmente a casi todos los altos cargos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La mayoría progresista, por la artimética ya conocida de 7 votos a favor y 4 votos en contra, asumió la tesis que utilizó José Antonio Griñán durante su intervención en el juicio de los ERE: "El crédito nunca delinque".

Con esta frase, el expresidente de la Junta y exconsejero de Hacienda quería expresar que la aplicación de una ley no puede suponer un delito porque esa ley, por definición, solo puede ser legal. Las sentencias de la corte de garantías recoge este posicionamiento al considerar vulnerado el derecho fundamental a la legalidad penal de la mayoría de los exdirigentes socialistas implicados en el caso. "Los proyectos y anteproyectos de ley, en cuanto meras propuestas normativas, no pueden ser objeto de control jurídico", expresaba el fallo sobre Magdalena Álvarez, que puso la primera piedra de esta revisión respecto al delito de prevaricación. Lo mismo ocurrió con el de malversación en la aplicación de esos citados proyectos y anteproyectos de ley de Presupuestos de la Junta que dieron el crédito para el reparto de las ayudas.

Esta decisión del órgano que preside Cándido Conde-Pumpido diluyó la pieza política y desató una nueva bronca. De un lado, el PSOE comenzó la rehabilitación política de Chaves, Griñán y toda su generación de dirigentes socialistas. Del otro, el PP centró su crítica en el Gobierno por la utilización del Constitucional para rebajar el caso de los ERE. "Han usado al TC como un túnel de lavado", dijo Elías Bendodo este miércoles en el Congreso de los Diputados.

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Fueron el PP y el sindicato Manos Limpias los que plantearon a la Audiencia el llevar esta cuestión prejudicial que ahora plantea el tribunal sevillano para dilucidar si las decisiones del Constitucional son compatibles con el derecho europeo, como defienden los populares, acusación particular en el caso. Fuentes de la defensa de los ex altos cargos del PSOE consideran que este paso del tribunal sevillano es una "catetada jurídica" y hay quien ve una motivación política en el movimiento de la sala que emitió el fallo allá por 2019.

El planteamiento de la cuestión prejudicial debe cumplir todavía un paso, el posicionamiento de las partes. Ya está claro lo que dirán la acusación popular y la defensa, pero también habrá que conocer la postura de la Fiscalía, que tiene diez días para pronunciarse antes de que la Audiencia decida si da este paso, que no tiene precedentes en España y que puede suponer un golpe para la legitimidad de la corte de garantías.