Imputada por fraccionar contratos una asistente del PSOE que acompañó a Begoña Gómez (y ahora nadie conoce)

Una jueza ha imputado a un cargo de confianza del PSOE en la causa sobre el presunto fraccionamiento irregular de contratos menores en el Ayuntamiento de Móstoles. La investigada es Patricia Durán, antigua trabajadora del área de Comunicación del consistorio madrileño y asistente de Ferraz durante la campaña de las últimas elecciones generales. También acompañó a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Pero ni el PSOE ni Moncloa parecen conocerla ahora.

Las diligencias del Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles sobre la trama corrupta de Móstoles centran en los mandatos municipales deDavid Lucas (2015-2018), actual secretario de Estado de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, y Noelia Posse (2018-2023), que en estos momentos lidera el PSOE municipal tras la llegada del PP al consistorio. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Durán ocupó “como funcionaria de empleo eventual el puesto de directora de Comunicación” entre noviembre de 2017 y julio de 2018.

Ese último mes, la ahora imputada fue fotografiada con Begoña Gómez en un desfile de la Madrid Fashion Week celebrado en el Museo del Ferrocarril de Madrid. Durán entró al acto con la mujer del presidente del Gobierno y se sentó a su lado, como muestra la instantánea que encabeza este artículo. También aparece en imágenes del mitin de arranque de la campaña del PSOE en las generales de julio de 2023, en la Casa de Campo de la capital. Durán hizo tareas de coordinación de los medios acreditados.

Sin embargo, sobre ella se ha extendido un velo de anonimato. En su perfil en la red social Linkedin, asegura que trabaja como “periodista” para un “grupo político” desde febrero de 2023, pero no aclara de qué formación se trata. Asimismo, afirma que estuvo en nómina de una “entidad política” entre marzo de 2020 y agosto de 2021, pero oculta igualmente su nombre.

Este diario ha contactado con la investigada para recabar su versión de los hechos y preguntarle por su relación con Begoña Gómez y el PSOE. Durán ha declinado responder a las preguntas. El PSOE y Moncloa tampoco han contestado a las preguntas de El Confidencial sobre esta asesora.

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Según la UCO, Durán reconoció a los investigadores que firmó contratos menores del departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Móstoles, supuesto epicentro de la trama. Un testigo declaró que la imputada “le llevó a su oficina los documentos que debía firmar”. Eran facturas por la compra de material de impresión. “El declarante se negó a firmarlos”, expone el informe policial.

En un primer momento, Durán fue citada para declarar en el procedimiento en calidad de testigo. Sin embargo, la instructora del caso ha acordado en una nueva resolución, a la que ha tenido acceso este diario, que declare finalmente como investigada por su “participación en los contratos menores suscritos [por el Ayuntamiento de Móstoles] a favor de [la compañía] Divisa IT desde 2015 a 2018”.

En concreto, la magistrada le atribuye haber “intervenido proponiendo a la empresa adjudicataria y en la propuesta de aprobación del gasto, existiendo indicios bastantes de fraccionamiento en relación a dichos contratos y, en consecuencia, [haber cometido posibles delitos] de fraude de la contratación y prevaricación”.

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El periodo 2015-2018 coincide exactamente con los años en los que David Lucas estuvo al frente del consistorio. Por ahora, el actual secretario de Estado de Vivienda no está investigado en la causa. El nuevo secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha incluido a Lucas en su directiva regional como responsable del área de Vivienda.

Sí está imputada la sucesora de Lucas en la alcaldía, Noelia Posse. Se le atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación. La UCO ha averiguado que Posse coincidió en dos establecimientos hoteleros con un empresario de la comunicación, D.Z.V., al que presuntamente otorgó 55 contratos fraccionados por un valor total de 529.320 euros. Uno de los establecimientos era un hotel de parejas situado en Arroyomolinos.