El reparto de menores vuelve a tensar la cuerda entre PP y Vox: las CCAA "no se saltarán la ley"

Un paso hacia adelante y otro para atrás. Tras varios meses de estancamiento, Génova abrió por fin una rendija a romper el hielo con Vox y aprobar las cuentas autonómicas en algunas de las seis autonomías donde dependen de los ultraconservadores. El acuerdo en la Comunidad Valenciana, en el que se implicó la dirección nacional, sirve a Feijóo como laboratorio de pruebas para tratar de exportar ese entendimiento a regiones como Aragón y Murcia, donde las conversaciones estaban más encarriladas. Pero este martes apareció un inconveniente imprevisto que amenaza con volver a tensar la cuerda entre PP y Vox: el pacto entre el Gobierno y Junts para distribuir a 4.000 menores inmigrantes hacinados en Canarias y otros 400 procedentes de Ceuta.

El Gobierno evita detallar aún las cifras de la reubicación entre autonomías, pero Junts sí se jactó este martes de que a Cataluña sólo corresponderán 20 o 30 frente a los 700 que puede llegar a acoger la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo ha dado de plazo a los territorios hasta el 31 de marzo para certificar el número de niños y adolescentes a los que atienden y, a partir de ahí, realizar el reparto. El acuerdo se tramitará vía decreto ley, y obligará a las regiones —la mayoría gobernadas por el PP— a acoger a más menores migrantes justo en el momento en que Carlos Mazón y Génova habían asumido las condiciones antimigratorias de Vox.

Con mayor o menor dureza, todas las comunidades gobernadas por el PP se oponen a la "imposición" acordada con el independentismo. Génova marcó posición a primera hora de la mañana del martes, y apuntó a que sus regiones rechazan acoger a más niños y adolescentes si el Gobierno no ofrecía "garantías" con recursos y financiación. Isabel Díaz Ayuso se adelantó a sus compañeros anunciando que llevaría el futuro decreto tanto a los tribunales como a la UE, mecanismos que explorarán también en otras autonomías. La oposición será frontal. Pero lo que el PP no se plantea en ningún caso es abrir un choque institucional, tal y como le exige Vox.

El primer aviso a navegantes lo lanzó Miguel Tellado en rueda de prensa. "No encontrarán ninguna comunidad autónoma del PP que incumpla la ley", fijó. Y es una tesis que corroboran, en privado, en la dirección del partido. Si el decreto ley termina aprobándose en el Congreso, las regiones gobernadas por los populares lo asumirán y, al final, acogerán a los menores que les correspondan. "Somos un partido que respeta las leyes. Si no las compartimos, las recurrimos y las revertimos cuando llegamos al Gobierno. Pero no nos saltamos la ley", inciden. Los de Santiago Abascal rechazan la tesis de Génova, y desde el partido llaman incluso a rebelarse contra el decreto para obstaculizar nuevas llegadas de extranjeros, al menos en las regiones donde el PP depende de sus votos para desbloquear los presupuestos.

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La dirección del PP se ve forzada a asumir este planteamiento sólo un día después de que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se comprometiese públicamente a no admitir a más inmigrantes en la Comunidad Valenciana derivados por el Gobierno, una de las condiciones estipuladas por Vox para aprobar las cuentas autonómicas. Mazón presentará las cuentas este jueves en las Cortes para iniciar su tramitación, pero el proceso podría alargarse hasta el mes de mayo. La incógnita que ahora se abre paso es si Vox mantendrá su apoyo si no cuenta con garantías suficientes de que ni la Comunidad Valenciana ni otras regiones del PP terminarán acogiendo a más menores inmigrantes.

Hay que recordar que, en julio de 2024, Abascal rompió definitivamente con Feijóo y abandonó todos los ejecutivos donde gobernaban en coalición —Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León y Baleares— tras aceptar la tutela de más menores no acompañados, aunque el cupo se acordó con el Gobierno en 2022.

El líder de Vox tomó esa drástica decisión tras un reparto menor. Las comunidades interpeladas apenas recibieron un par de decenas de menores no acompañados. En este caso, y a la espera de ver las cifras finales que aporte el Gobierno, la derivación sería mucho mayor. "Entendemos que las regiones del PP rechazarán el reparto, ahora que Feijóo asegura estar tan de acuerdo con el pacto alcanzado por Vox y el gobierno de la Comunidad Valenciana", advirtieron los de Abascal en redes sociales, aviso que ya resumió el número dos del partido, Ignacio Garriga, en una sola frase: "Ni un mena más".

Plan 'retorno' de menores

Pese al aval de Feijóo al acuerdo en la Comunidad Valenciana, lo cierto es que en materia de inmigración hay una línea que sigue separando a las dos formaciones de derecha. Mientras el PP vincula la acogida de menores a que el Gobierno ofrezca mayor financiación a unas comunidades ya saturadas, los de Abascal se oponen de forma tajante a recibir más extranjeros, sean cuáles sean las circunstancias. En este sentido, el Ejecutivo se reserva un as en la manga para tratar de atraer a los populares.

El decreto contempla garantizar la suficiencia financiera de las comunidades sobresaturadas con un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia para crear un crédito extraordinario de 100 millones de euros. Los populares se quejan, no obstante, de que el acuerdo no se ha llevado a las reuniones de la Conferencia Sectorial y recelan de unos criterios de reparto "partidistas" para favorecer a Cataluña y Euskadi en detrimento del resto de comunidades autónomas.

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Para tratar de mantener el rumbo con Vox y facilitar la aprobación de las cuentas en Aragón y Murcia, el PP puede jugar la baza de acordar con Vox un 'plan retorno' de los menores llegados a sus regiones por el "chantaje" del Gobierno, tal y como ha hecho la Comunidad Valenciana. Se trata de uno de los compromisos asumidos por Mazón, que avanzó que exploraría "fórmulas legales" para expulsar de su comunidad a inmigrantes en situación irregular. Y Génova apoya sin fisuras ese planteamiento.

En la dirección del PP se escudan en que se trata de un procedimiento recogido en el nuevo reglamento migratorio de la Comisión Europea, por el que se establece un régimen común de retorno de los ilegales que se encuentren ilegalmente en la Unión, así como en el Protocolo Marco aprobado en 2014 por el que las comunidades pueden solicitar "por interés superior del menor" que inicie los expedientes de devolución para "el reagrupamiento familiar del menor". "El PP no cede principios a cambio de votos", recalcan en Génova.