El colapso de la Seguridad Social deja sin tramitar 230.000 prestaciones por incapacidad

El Gobierno mantiene su silencio ante los paros que los directivos de la Seguridad Social han convocado para los días 25 y 27 de marzo. Estos profesionales acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez la situación de colapso en la que se encuentra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), del que depende el 37% de los Presupuestos Generales del Estado y que maneja partidas tan importantes como las pensiones o las prestaciones sociales. Fuentes próximas a estos directivos afirman que en estos momentos hay 230.000 prestaciones por incapacidad pendientes de tramitación.

Afirman que "existe un descontrol de las incapacidades laborales" por la falta de personal en el INSS, que se suma a una regulación pública cada vez más compleja. En estos momentos, más de 150.000 trabajadores con bajas médicas que superan los 365 días de duración están pendientes de calificación, al igual que más de 80.000 expedientes de incapacidad permanente. Trabajo acumulado por una situación de colapso que los secretarios y subdirectores provinciales de la institución pública llevan notificando al Gobierno desde marzo de 2023.

El silencio del Gobierno ha llevado a este personal público a convocar huelgas en toda España que están teniendo un notable apoyo, con un seguimiento de más del 60%. El Ministerio de la Seguridad Social, con Elma Saiz al frente, sigue mirando para otro lado. Solo han mantenido una reunión con su secretario de Estado, Borja Suárez, que lejos de ofrecerles soluciones ha dirigido la mayor parte de sus peticiones al Ministerio de Transformación Digital de Óscar López.

Pensiones en riesgo

Denuncian que se está llevando una labor de ocultación por parte del Gobierno sobre el verdadero estado del INSS y del sistema de pensiones. Los directivos del INSS afirman que la sostenibilidad de la gestión del sistema de pensiones "es crítica en contra de lo que publicita el Gobierno". Esta entidad tiene direcciones provinciales donde la plantilla está tan envejecida que se prevén jubilaciones masivas con carácter inminente; en algunos casos el 75% de la plantilla tiene más de 55 años y el 45% más de 60 años.

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Explican que suele hacerse hincapié en la sostenibilidad económica de las pensiones, que consideran que sí está garantizada, pero no se presta la misma atención a los recursos humanos necesarios para que puedan seguir funcionando, un factor que sí se encuentra en estado crítico. "Se podrán garantizar financieramente vía impuestos las pensiones, pero no habrá funcionarios para reconocerlas y gestionarlas y, eso, está sucediendo ya", aseveran.

Consideran que la política de Recursos Humanos de los sucesivos gobiernos ha resultado "nefasta" y no se han atendido a las demandas de los profesionales: "Los últimos gobiernos han hecho oídos sordos a las llamadas de socorro y avisos de colapso de la gestión del sistema y, por ello, se apresura ahora a hacer convocatorias de oposiciones rebajando su exigencia, convocatorias que, por supuesto, llegan muy tarde. Esto demuestra una nefasta política de recursos humanos en una de las patas del Estado de Bienestar".

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Esta premura del Ejecutivo por encontrar personal está provocando que lleguen interinos poco formados y con una gran movilidad a los puestos del INSS, lo que ha derivado en un peor servicio para los usuarios. La entidad pública conserva la misma estructura desde hace más de 30 años, y sigue sin ponerse en marcha una Agencia de la Seguridad Social que califican de "vital" para sanear el sistema de pensiones.

La avalancha del Ingreso Mínimo Vital

La aprobación del Ingreso Mínimo Vital fue un quebradero de cabeza para los empleados de la Seguridad Social, que tuvieron que hacer frente de golpe a tres millones de expedientes "que se han tenido que asumir por unas unidades de gestión que no estaban preparadas ni formadas y que carecían de recursos humanos y materiales para asumir una avalancha de esta naturaleza".

Alegan que, a día de hoy, estos expedientes siguen siendo tramitados por interinos "sin formación en seguridad social". Como consecuencia, miles de expedientes siguen sin ser revisados y "muchas familias en el umbral de supervivencia no saben todavía si tienen derecho o no a esta renta básica".