El caso del fiscal general se parará al menos un mes a la espera de Google y WhatsApp

El avance de la investigación del Tribunal Supremo sobre la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso ha entrado en periodo de espera. Con el grueso de las diligencias ya practicadas, el instructor Ángel Hurtado ya ha asumido que su conclusión se alargará y que lo hará a consecuencia del último intento por recuperar los mensajes telefónicos y los correos que fueron borrados en los dispositivos electrónicos de Álvaro García Ortiz. El instructor remitió hace unas semanas comisiones rogatorias a Irlanda que dejan el avance en manos de la respuesta de Google y WhatsApp.

Distintas fuentes jurídicas consultadas cifran la tardanza de este tipo de gestiones internacionales en un mínimo de cuatro semanas. En buena parte debido a esta previsión, el juez Hurtado ordenó, a principios de este mes, una prórroga de la investigación por un periodo de seis meses. Al plazo variable de contestación de las dos empresas debe añadirse el estudio de su resultado que, como ha advertido el magistrado, puede dar pie a que se ordenen nuevas diligencias. Una vez completado este periodo no quedará mucho más que decidir si la causa deriva en la apertura de juicio oral o se archiva la atribución a los investigados de un delito de relevación de secretos.

De momento, tanto Google como WhatsApp ya han mostrado su intención de cooperar al recibir la solicitud de información remitida por el Supremo. Hace solo unos días, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informó de que ambas compañías que, en respuesta a la petición judicial, ha procedido a la "conservación de datos" del titular de la cuenta de correo y del servicio de mensajería reclamados. El magistrado busca las comunicaciones eliminadas, aunque no tiene garantía alguna de que este último intento vaya a dar frutos.

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En el caso de WhatsApp, el magistrado solicitó, en concreto, los mensajes recibidos o enviados por los usuarios, indicando los detalles básicos asociados a estas comunicaciones (emisor, receptor, día, hora...). En cuanto a Google, pide los datos almacenados en los diversos servicios y productos vinculados a una cuenta de correo del fiscal general, así como las copias de seguridad de los dispositivos vinculados a la misma. Consciente de la posibilidad de ralentización de la causa, el juez ha rechazado en recientes resoluciones la práctica de pruebas complementarias que reclamaban las acusaciones. Ya avisaba de la posibilidad de que su ejecución se dilatara y alargara más aún el final de la fase de instrucción.

La intervención de Moncloa

La otra vía de dilatación del procedimiento es la posibilidad de que el instructor ahonde en la intervención de Moncloa en la filtración. Sin embargo, no parece probable, a la vista de como se condujo durante la declaración de la asesora. Pilar Sánchez Acera, mano derecha de Óscar López, compareció hace una semana y no apuntó durante su declaración absolutamente a nadie. Se refugió en que no recordaba quién le envió el correo del empresario Alberto González Amador que ella remitió a Juan Lobato para que lo agitara frente a Ayuso en la Asamblea de Madrid. En eso, y en que su teléfono también fue borrado.

El juez contestó con una negativa a la solicitud de las acusaciones presentes en el interrogatorio de que se llevaran a cabo diligencias para comprobar su relato. Se opuso a ordenar de forma inmediata que entregara su teléfono. Debe decidir, eso sí, si cita al técnico del Ministerio de Transformación Digital que eliminó sus chats de WhatsApp cuando efectuó un cambio de terminal al cambiar de responsabilidad. Tendrá que valorar si el resultado compensa el tiempo que sumará a la instrucción o no lo hace.

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Así las cosas, todo apunta a que el caso no verá el final de la fase de investigación hasta bien entrada la primavera. Incluso sin la aparición de los mensajes desaparecidos por intervención de las dos compañías, las pruebas reunidas -sobre todo las conversaciones que mantuvo la segunda imputada, la fiscal provincial Pilar Rodríguez- acercan más que alejan al fiscal general al banquillo. El fin de la historia se hará esperar un poco más, pero es evidente que se decidirá en un juicio.