La vida secreta de quienes cuidan a tu padre: inmigrantes por 1.100 euros al mes y sin titulación

El crecimiento de la cantidad de residencias privadas en los últimos años, interrumpido ligeramente en 2024, ha sido cubierto por trabajadores que están expuestos a complicadas condiciones de trabajo y, en muchos casos, apenas perciben el SMI. Los empresarios tienen dificultades para encontrar a profesionales cualificados dispuestos a hacer carrera en sitios donde se mantienen deficiencias estructurales. Para suplir la demanda, algunos contratan a personal de asistencia sanitaria sin la formación necesaria.

María* es una de las trabajadoras que llegó por esa vía al sector. A las 7:00 AM comienza su turno en una residencia privada de un municipio al norte de Madrid. Se levanta a las 5:30 AM, hace el viaje de una hora hasta allí y empieza la faena recibiendo las incidencias de la noche. Su entrada suele ser caótica, pues a esa hora las auxiliares (en adelante gerocultoras o cuidadoras) intentan preparar a todos los residentes y el ambiente se caldea ante la imposibilidad de lograrlo.

La mayor parte de la masa laboral de las residencias está compuesta por mujeres como María, pues representan el 86% de los trabajadores del sector. Algunas de ellas llegan a sufrir racismo, porque los mayores que cuidan pertenecen a una generación que no creció con tantos migrantes alrededor y se mantiene reticente a envejecer a su lado. También pueden recibir agresiones físicas que, si provocan lesiones, se registran como accidentes laborales. En ese contexto, deben atender a un número elevado de residentes para mantener la rutina de los centros. Muchas de estas mujeres no dan abasto.

María es una médico latinoamericana que emigró hace tres años a España y trabaja como enfermera mientras espera la homologación de su título. No sabía canalizar una vena o inyectar, pero aprendió rápido a golpe de ensayo y error. Su puesto, para el que al mismo tiempo está sobrecualificada, le ha exigido reinventarse y aprender tareas propias de la enfermería. La experiencia que acumula coincide con las denuncias que se han realizado sobre la precariedad del sector. Ninguna de las cuatro residencias por las que ha pasado tenía personal sanitario suficiente. “A veces los supervisores no ayudan a las auxiliares en nada y lo que hacen es presionarlas metiéndoles prisa para que lo hagan todo más rápido, a pesar de la enorme cantidad de ancianos que tienen que atender”, señala María.

“Buscamos trabajadores bajo las piedras, pero no hay”

Como en los próximos diez años se duplicarán las personas de entre 65 y 80 años en España, el sector geriátrico necesitará 100.000 profesionales más, según un estudio de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales. Otro estudio de UGT, CCOO y la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias, denunció en julio de 2024 que se necesita el doble de personal para prestar un “servicio digno” en las residencias de la Comunidad de Madrid.

"En el caso de los auxiliares, no tienen el título de gerocultor y la mitad de los que trabajan en mi residencia lo hacen sin haber pasado ese curso"

Los contratos que le han hecho a María son de supervisora o gerocultora, pues sus empleadores temen las represalias que pudiera traer una inspección si ella es detectada trabajando como enfermera. “A mí sí me hicieron contrato de enfermero, pero si viene una visita hay que estar alerta”, explica Guillermo*, otro joven latinoamericano que trabaja como enfermero en una residencia del sur de Madrid. “Si los inspectores me preguntan les digo la verdad, que soy un médico en proceso de homologación. Puede que lo vean incorrecto o no, pero no puedo mentirles. Un compañero mío les mintió y tiene una citación judicial. Les dijo que tenía la titulación de enfermero y el inspector comprobó que no era cierto. En el caso de los auxiliares, tampoco tienen el título de gerocultor y la mitad de los que trabajan en mi residencia lo hacen sin haber pasado ese curso”.

La escasez de mano de obra se complica en el entorno rural, porque la despoblación hace casi imposible encontrar trabajadores preparados. “En mi centro empleo a 68 personas y alrededor del 80 u 85% de la plantilla es estable, pero el otro 15 o 20% fluctúa”, explica Francisco Javier Sanz, dueño de una residencia en el municipio Arcos de Jalón, provincia de Soria. “Buscamos gente debajo de las piedras para trabajar como gerocultores. Traemos a personas de Barcelona, Madrid o Sevilla, pero no están cualificadas ni tienen el certificado de profesionalidad o el título de atención a personas dependientes en instituciones, como pretenden las administraciones. ¿Dónde está ese personal cualificado?”.

Como Sanz no encuentra trabajadores con la titulación requerida y su prioridad es atender a los residentes, contrata al personal y poco a poco lo va formando. “Esto no infringe la ley, porque las autoridades lo contemplan con normalidad en el medio rural por el tema de la despoblación”, aclara Sanz, presente en el sector de cuidados desde 1998.

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Guillermo Cid. Arcos de Jalón Ana Ruiz Fotografía: Jon Imanol Reino

Para los dueños de las residencias privadas ha sido imposible cubrir el número de puestos que demanda el crecimiento sostenido de sus negocios. Paradójicamente, mientras más crece este sector, menos profesionales están dispuestos a trabajar en él. Sanz sufre el agravante de que muchos empleados que vienen de grandes ciudades no se adaptan a vivir en una zona rural, e intenta ofrecer mejores salarios para animarlos a quedarse: “Esa es la única forma de traer aquí a un médico o a un enfermero, tirando de la cartera”.

Carmen López lleva más de 20 años dirigiendo la Secretaría de Dependencia e Intervención Social de la UGT en Madrid, y dice que ahora es complicadísimo tener enfermeras en las residencias: “Las que se quedan lo hacen porque les ofrecen algo más de dinero. De hecho, estamos teniendo problemas con gerocultoras que están haciendo funciones de enfermería, porque no se encuentra personal cualificado para trabajar”.

Las consecuencias las pagan los residentes

López insiste en que "muchísimas residencias" tienen a trabajadores realizando funciones para las que no están preparados. Se trata de una situación que la UGT lleva tiempo denunciando por los efectos que puede traer. “Una vez nos llamaron llorando unas trabajadoras que tenían un juicio pendiente por hacer funciones de enfermería, cuando en realidad eran gerocultoras”, explica López sobre un caso que partía de un fármaco suministrado por error a un paciente. “Eso es un delito, un problema muy grave. Que estén haciendo funciones que no les compete es un peligro, porque implica riesgos muy grandes”.

Datos facilitados a este diario por el INE sobre empleados en la actividad de "asistencia en establecimientos residenciales", exponen que casi uno de cada cuatro trabajadores tienen una titulación igual o inferior a la primera etapa de secundaria. Además, los extranjeros contratados se ven superados por los españoles en cuanto a estudios cualificados (FP básica y de grado medio, o estudios universitarios).

En las residencias de gestión privada también se está contratando a personas como gerocultores sin tener la titulación requerida, alerta López. El centro donde trabaja Guillermo funciona gracias a esos seudogerocultores. Él cree que el trabajo que desempeñan ha contribuido a que su residencia sea llamada de forma coloquial “el desguace humano de Madrid”.

“Cuando necesitan a un gerocultor, mis jefes buscan a alguien y le enseñan qué debe hacer, por eso pasan las barbaridades que veo en mi residencia”, relata Guillermo. “Hace poco murió una señora, que casi se puede decir que la mataron accidentalmente. Esa residente se cayó de la cama y falleció debido a una fractura de cráneo que tuvo, pero cayó por el mal trabajo que se hizo a la hora de manipularla. Cosas como esas pasan a cada rato. A mí los auxiliares me han traído tres pacientes ya fallecidos, porque les provocaron una broncoaspiración dándole la comida de forma incorrecta, los atragantaron. Otros he logrado reanimarlos, pero al final fallecen en el hospital. Eso ocurre porque le dan la comida muy rápido”.

Casos como los descritos por Guillermo pueden terminar en un proceso judicial con consecuencias para el personal implicado y/o la residencia. En agosto de 2024, el TSJ de Andalucía ordenó indemnizar con casi 45.000 euros a los familiares de una mujer que falleció en una residencia después de caer de la cama y sufrir un trauma craneoencefálico.

"Si un residente tiene una úlcera y el auxiliar no la vio, avisa tarde a la enfermera, cuando la lesión está muy avanzada"

El poco tiempo que tienen los cuidadores para atender a tantos residentes condiciona enormemente el resultado de su desempeño. En la residencia de María, apenas pueden chequear a los internos con profundidad y “tienen la presión de que si hacen algo mal toda la culpa al final recae en ellos. Si un residente tiene una úlcera y el auxiliar no la vio, avisa tarde a la enfermera, cuando la lesión está muy avanzada”.

La precariedad a nivel material con la que trabajan los cuidadores es otro elemento importante, como la falta de grúas, unos dispositivos que utilizan para trasladar a los residentes que no pueden moverse por sí mismos. “Al no haber suficientes grúas, un gerocultor tiene que esperar a que su compañero termine de usarla, pero si espera no termina de duchar a todos los residentes a tiempo y llega tarde al desayuno. Entonces, el esfuerzo que hacen al cargar a los ancianos puede provocar hernias o problemas en la columna”, explica María.

Su relato coincide con la denuncia realizada en febrero de 2024 por la Secretaría de Salud Laboral de CCOO en Madrid. Las residencias de ancianos de la capital están experimentando un “incremento significativo de accidentes y bajas laborales de profesionales” debido a las “condiciones penosas” de trabajo, sentencia el informe.

“Un residente no entraba al ascensor con una venezolana”

Además de las consecuencias que provoca trabajar bajo tanta presión, las auxiliares están expuestas a otros riesgos que implican sus puestos. “En una de las residencias que trabajé, un señor se puso muy agresivo y le dio un puñetazo en un ojo a una auxiliar”, cuenta María. “Esa chica se tuvo que ir inmediatamente con el ojo hinchado. He visto otros casos de residentes que le fracturan dedos o manos a las auxiliares. Al final lo que ganan esos trabajadores son 1.100 euros al mes para irse a casa con golpes, arañazos o mordeduras. Una vez le fui a dar una pastilla a una señora y se lanzó furiosa a morderme el dedo. Por suerte me quité, si no me hubiese arrancado un trozo”.

La mayoría de los que entran a trabajar en este sector son migrantes, sobretodo los gerocultores y enfermeros, subraya López. Como muchos de esos trabajadores tienen la piel negra o el pelo rizado, algunos han tenido que enfrentarse a actos de racismo. Mateo*, otro médico latinoamericano que trabaja como enfermero, ha sido testigo de varios episodios de ese tipo, porque su residencia es para “señores con dinero que no se sienten cómodos con nosotros”.

Ese centro tiene capacidad para 200 residentes y cobra por cada uno 3.000 euros mensuales como mínimo, cifra que puede llegar a los 8.000 euros dependiendo de la cantidad de tratamientos demandados. A pesar de que esa residencia factura alrededor de un millón de euros cada mes, el salario de los auxiliares es de 1.150 euros netos. De media, en 2024, los trabajadores de cuidados costaron a sus empresas 1.471 euros cada mes, según la Encuesta de Coste Laboral (también facilitada por el INE), mientras que la media nacional de todos los sectores (excepto el agrícola), es de 2.281 euros. La asistencia a mayores se encuentra entre los sectores de actividad con un coste salarial más bajo.

"Aquí había un residente que no entraba al ascensor con una enfermera venezolana"

Mateo insiste en que cobrar tan poco no compensa los constantes ataques que reciben los gerocultores: “Un residente con problemas psiquiátricos intentó pegarle varias veces a las auxiliares. Otros internos son bastante racistas. Aquí había un residente que no entraba al ascensor con una enfermera venezolana compañera mía. Otro que tiene más de 50 años y se quedó parapléjico desde los veintitantos, carga su frustración muchas veces con las auxiliares. Una noche me llamó una que estaba con él y dijo que no le aguantaría más ofensas. Se fue llorando de la residencia a esa misma hora y después supe que pidió la baja”.

En otra ocasión, un residente que atiende Mateo empezó a maltratar verbalmente a una auxiliar paraguaya porque se retrasaba su comida. Le decía que eso no podía suceder porque ella comía gracias a él, y lo mejor era que regresara a su país. En ese caso, los jefes intercedieron y le llamaron la atención al residente, pero no siempre sucede así.

Cuando María comenzó a trabajar en la residencia del norte de Madrid una interna no estaba de acuerdo con que ella llevara el pelo suelto. “La jefa me dio un gorro para que me cubriera el pelo y evitar así un problema con los residentes. Eso me hizo sentir supermal. Me predispuso que viniera a decirme: ‘Por favor, recógete el pelo, que los residentes no están adaptados (a ver gente así) y, como tú eres nueva, es lo mejor’”, lamenta la joven.

Una interna mantuvo una actitud similar con una gerocultora colombiana de piel negra en otra de las residencias donde trabajó María: “La forma que esa señora tenía para herir a la auxiliar era gritarle 'negra' muy alto para que todo el mundo la oyera”. En ese caso, los encargados aislaron a la residente hasta que dejó de insultar.

Desde UGT, López considera que estos episodios de racismo son casos aislados, pero aboga por erradicarlos completamente, debido a la importancia que tienen los extranjeros dentro del sector de cuidados en España.

*Como expresa condición de confidencialidad, los nombres de estas fuentes y de sus centros de trabajo fueron cambiados y omitidos, respectivamente. Ningún gerocultor quiso ofrecer testimonio de forma directa a este diario.