La jueza de la dana instruirá solo el caso después de que el CGPJ conceda un refuerzo

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este martes una medida de apoyo para reforzar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, a cargo de la instrucción por la gestión de la dana que asoló la Comunidad Valenciana y provocó la muerte de 228 personas. Según informa el Consejo, ha acordado una comisión de servicio con relevación de funciones a favor de una magistrada que asumirá el funcionamiento ordinario del órgano judicial.

La titular del Juzgado, Nuria Ruiz Torrada, se encargará así en exclusiva del caso. La medida de refuerzo fue solicitada el pasado 26 de febrero por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y durante su tramitación, el Consejo ha recabado el informe del Servicio de Inspección, que lo ha emitido con carácter favorable señalando que el Juzgado ha registrado una carga de trabajo del 177 por ciento en 2022, del 129 por ciento en 2023 y del 143 por ciento en 2024.

Además, tal y como establece la ley, se solicitó la autorización económica previa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ha sido concedida. La medida de apoyo se extenderá inicialmente hasta el próximo 30 de junio, periodo durante el que la titular del Juzgado se encargará de la instrucción sobre la dana mientras que el refuerzo -una jueza destinada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ontinyent- asumirá el funcionamiento ordinario.

Si, acabado ese plazo, se considera necesaria la renovación del apoyo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tendrá que remitir al CGPJ la correspondiente propuesta con una antelación de al menos cuarenta días respecto de la fecha de vencimiento.

Polémica con Morant

La aprobación del refuerzo no ha estado exenta de polémica. El Consejo tuvo que salir este fin de semana a precisar que la aprobación de este apoyo es "competencia exclusiva" suya tras un anuncio realizado este domingo por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en el que atribuía esta medida al Gobierno.

Morant detalló que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, había aceptado la petición realizada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la propia jueza que instruye la causa y la Conselleria de Justicia de la Comunitat Valenciana, en una reciente reunión. Desde el CPGJ tuvieron que aclarar que la adopción de medidas de refuerzo en la titularidad de los órganos judiciales es competencia exclusiva del CGPJ, tal y como establece el artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.Para la aprobación de esas medidas por parte del CGPJ es necesaria la autorización económica previa del Ministerio de Justicia, quien "únicamente podrá oponerse por razones de disponibilidad presupuestaria", según el artículo 216 bis 5 LOPJ.

La magistrada citó este lunes a declarar como testigos el próximo 14 de abril a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, y al presidente de la Diputación de Valencia, el popular Vicent Mompó. Además, el 29 del mismo mes ha llamado a dos técnicos para comparecer también como testigos. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de esta localidad ha fijado también para el 11 de abril la declaración como imputados de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y de su entonces número dos, el ex secretario autonómico Emilio Argüeso. Investiga delitos de homicidio y lesiones imprudentes.