El Gobierno cierra con Junts la reforma legal para obligar a las CCAA a acoger a menores inmigrantes

El Gobierno ha logrado finalmente el respaldo de Junts para modificar el artículo 35 de la ley de Extranjería y obligar así a las comunidades autónomas a acoger a los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Canarias. El Consejo de Ministros aprobó este martes la reforma con un real decreto-ley que será convalidado por el Congreso a principios de abril. Con este cambio legislativo se trata de hacer frente al drama humanitario que viven las Islas desde hace meses, con 5.800 niños y jóvenes atendidos que han desbordado su capacidad de asistencia.

Aunque la falta de apoyo parlamentario a esta reforma había abierto la puerta a una solución momentánea para sacar de Canarias a un número determinado de menores y que el reparto fuera sólo puntual, el voto de los de Puigdemont, que el Ejecutivo lleva meses persiguiendo, permite que sea una modificación legislativa definitiva, a la que las autonomías no se podrán oponer. Fuentes del Ejecutivo apuntan a una solución "real y permanente".

El ministro de Política Territorial y Administración Pública, Ángel Víctor Torres, que compareció en rueda de prensa tras la habitual reunión de los martes del Ejecutivo, explicó que el cambio legal afecta ahora a Canarias y Ceuta, también saturada, pero será igualmente válida para otras autonomías que se vean superadas por la llegada de menores inmigrantes, como ya ha sucedido en Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia o las dos ciudades autónomas.

Cuando en un momento determinado, aseguró, se multiplique por tres su capacidad ordinaria se producirá la declaración de contingencia migratoria y se activarán los mecanismos de distribución, con un plazo máximo de 12 meses. Para dividir a los menores hacinados ahora en Canarias y Ceuta, el Gobierno pedirá primero a las autonomías que certifiquen antes del 31 de marzo el número de niños y adolescentes que atienden. Esos datos se cruzarán con criterios de población (50%), tasa de paro (15%), PIB (13%), esfuerzo (6%) y dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), entre otros, para hacer la distribución territorial.

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El Ejecutivo no se plantea que las comunidades no faciliten los certificados que permitirán establecer el margen de acogimiento del que disponen, más allá de las plazas o no que tenga ya creadas. De hecho, aunque el real decreto ley incluye 100 millones de dotación financiera, este dinero se usará para los traslados y no para pagar plazas que sólo recibirán una ayuda del Estado cuando exista sobre saturación.

El propio ministro instó a que cualquier presidente que tenga dudas visite un centro de menores en Canarias, que donde caben 30 hay 300, de 15 años pero también, precisó, de diez y de cinco y no pueden ser ni escolarizados. "Fuimos capaces de acoger a miles de niños ucranianos", destacó.

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La modificación del artículo 35 ya se intentó sacar adelante con el PP en julio pasado, tras semanas de negociaciones en las que el presidente canario, Fernando Clavijo, ejerció de árbitro. Pero los populares acabaron votando en contra.

Ahora, después de acordar con Junts la cesión de competencias sobre inmigración, que ha provocado un gran rechazo entre las formaciones progresistas que apoyan al Ejecutivo por el discurso "racista" de los posconvergentes, muy favorable a que los Mossos expulsen a los inmigrantes reincidentes de Cataluña, ha sido posible reunir votos suficientes para modificar la ley de Extranjería.

Según datos que está proporcionando Junts, se van a distribuir 4.000 niños y adolescentes, de ellos a Cataluña irán sólo entre 20 o 30 por la cantidad previa a los que ya atienden, mientras que a Madrid llegarán más de 700. Los de Puigdemont sostienen que el reparto se realizará "teniendo en cuenta el peso poblacional, pero también el esfuerzo que ha hecho la Generalitat a lo largo de los últimos años", en referencia a las plazas creadas y el número de acogimientos.

El ministro no quisó entrar en colisión con Junts y se zafó de ese debate. "Yo no voy a valorar esos números, entiendo que tendrán bien los de su comunidad autónoma, pero después del 31 de marzo es cuando sabremos claramente la realidad numérica de cada uno de los territorios". Fuentes del Ejecutivo han puesto sobre todo en duda las cifras que los posconvergentes ofrecen sobre Madrid, porque no tienen forma de calcularlas.