El PP critica el pacto migratorio y advierte que sus CCAA no acogerán menores "si no hay capacidad"

El Gobierno lleva meses persiguiendo apoyos parlamentarios para sacar adelante la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería, una modificación legal por la que pretende obligar a todas las comunidades autónomas a acoger menores migrantes que colapsan los centros asistenciales de Canarias. Y parece que, por fin, lo ha conseguido. Aunque desde el Ejecutivo no detallan aún los pormenores del acuerdo con Junts, la formación independentista sí avanza que Cataluña sólo recibirá 20 o 30 menores frente a los 700 que, por ejemplo, le corresponderá a Madrid.

A falta de conocer la reforma en profundidad, los mimbres fijados por Junts han provocado la ira del primer partido de la oposición, que gobierna además en la mayoría de comunidades autónomas. Desde Génova ya avanzan que sus territorios no acogerán a más inmigrantes "si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías". El pacto migratorio llega sólo un día después de que Carlos Mazón haya suscrito un acuerdo presupuestario con Vox, por el que la Comunidad Valenciana se compromete no sólo a no admitir a más extranjeros, sino a activar un plan de retorno de los menores ya afincados en la región.

Aunque Génova aseguró compartir el "planteamiento" de Vox respecto a la inmigración, lo cierto es que hay una línea que separa a las dos formaciones de derecha en esta cuestión. Mientras el PP vincula la acogida de menores a que el Gobierno ofrezca "garantías" y financiación a unas comunidades ya saturadas, los de Abascal se oponen de forma tajante a recibir más inmigrantes sean cuáles sean las circunstancias. Con todo, y a falta de conocer los detalles del acuerdo suscrito por el Gobierno, los populares mantienen una posición "crítica" a un decreto que ya fracasó en el Congreso en julio del año pasado, precisamente por el voto en contra de PP y Junts.

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Marisol Hernández

"El PSOE está diciendo hoy que la Comunidad Valenciana es racista en materia de inmigración. Pero lo que va a hacer la Comunidad Valenciana es lo que harán todos los territorios del Partido Popular: negarse a acoger a menores inmigrantes si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías. Son personas a atender, no paquetes a recepcionar", lanzan en Génova. "Si el Gobierno no pone medios ni financia la acogida, las autonomías no podrán colaborar en su adaptación a nuestro país", reiteran.

Los populares recuerdan al Ejecutivo que ellos no se oponen de forma taxativa a reformar la ley de Extranjería por la situación de extraordinaria gravedad que sufre Canarias, pero su apoyo está condicionado a una serie de requisitos que el Gobierno no ha entrado a valorar. Además de dotar de financiación a los territorios, el PP exige endurecer la política migratoria de España y reforzar los controles en la frontera sur para impedir los flujos de inmigrantes irregulares. Esta posición de máximos hizo naufragar todas las conversaciones que mantuvo el Gobierno con el PP para intentar desatascar la modificación legal.

Según el planteamiento de Junts, Cataluña y Euskadi serían las regiones que menos inmigrantes acogerían con el nuevo reparto, una circuntancia que el PP vincula a la necesidad del Gobierno de atar el respaldo de las fuerzas nacionalistas en detrimento de las regiones gobernadas por el Partido Popular. "El Gobierno que ya troceó la gestión de fronteras y el control de la inmigración para contentar al independentismo catalán se abre ahora a mandar inmigrantes con carácter discrecional y con criterios políticos, con el único objetivo de blindar el apoyo parlamentario a Sánchez para continuar en la Moncloa", reflexionan.

Los mensajes críticos se han extentendido por otras baronías del PP. Isabel Díaz Ayuso ha sido una de las primeras en manifestar un rechazo rotundo al acuerdo en redes sociales, y ya ha advertido que llevará el decreto a los tribunales y a la UE. "No se puede fomentar la inmigración irregular masiva", escribía la presidenta de la Comunidad de Madrid en X. "La política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa y para los mismos inmigrantes, en manos de mafias. Se usa a los menores como arma política. Lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada", reiteró.

Otros dirigentes regionales han optado por la prudencia en lo que respecta al recurso mientras no tengan a mano el decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Así se han pronunciado tanto Juanma Moreno como Alfonso Rueda, que han comparecido juntos en Sevilla tras una reunión bilateral centrada en asuntos educativos. Pero no han escatimado en críticas ante la "enésima cesión del Pedro Sánchez a Carles Puigdemont", según ha dicho el barón andaluz, que ha lamentado que sea "un señor prófugo de la justicia el que decide a su antojo qué políticas tenemos que hacer".

Moreno ha dejado claro que Andalucía es una "tierra solidaria", pero ha rechazado las "imposiciones" que llegan por un pacto con Junts per Catalunya mientras el resto "nos apañamos sin financiación". También se han manifestado al respecto el presidente de Aragón, Jorge Azcón; y el de Murcia, Fernando López Miras. Ambos siguen la estela de sus compañeros e inciden en que sus comunidades no pueden "colaborar" con el Gobierno ni acoger a más menores migrantes.

Vox, por su parte, también se ha posicionado radicalmente en contra del acuerdo migratorio. "Ni a Bilbao, ni a Barcelona, ni a Valencia... ni a ningún sitio. A Marruecos con sus padres y con su Rey. Punto", escribía Santiago Abascal en X. El partido ultraconservador ha tendido la mano a los presidentes del PP para exportar el pacto en la Comunidad Valenciana y aprobar presupuestos en regiones como Murcia o Aragón, pero la oposición al pacto migratorio y la negativa a acoger más menores es condición sine qua non para garantizar su respaldo a unas cuentas que los barones del PP se han visto obligados a prorrogar.