El CGPJ, muy crítico con la ley de acceso judicial de Bolaños: "Es discriminatoria"

El anteproyecto de Ley Orgánica que regula el acceso a las carreras judiciales pasará este miércoles su primera revisión de la mano del Consejo General del Poder Judicial con un informe crítico con el sistema propuesto por Félix Boñaños, que introduce novedades que permitirán la entrada a través del conocido como cuarto turno (el de juristas de reconocido prestigio) y la formalización de los jueces sustitutos. El dictamen que se llevará a votación del Pleno avisa sobre la desigualdad que supondrá poner al mismo nivel a aquellos que superan la oposición y cumplen un periodo de antigüedad con los que ejercen sin ella por un periodo de cinco años, que pasarán de forma casi automática a ser magistrados. El estudio asegura que el nuevo modelo puede resultar discriminatorio e incluso duda de su constitucionalidad.

Entre otras medidas, el Ejecutivo propone un proceso de consolidación de empleo para los jueces y fiscales sustitutos mediante un concurso de oposición que permitirá la entrada en la carrera judicial y fiscal de una parte de los casi mil empleados temporales que existen en la bolsa actual. El gobierno defiende que con esta medida extraordinaria se da respuesta al mandato exigido por la Comisión Europea que en dos ocasiones ha denunciado el abuso de la temporalidad. Los cambios afectarán también al conocido como ‘cuarto turno’, la vía por la que acceden juristas de reconocida competencia con varios años de experiencia. Se crea esta figura en la carrera fiscal, que no existe en la actualidad.

Además, los jueces del cuarto turno, es decir, aquellos que cuenten con más de diez años de ejercicio, contarán con un sistema de acceso simultáneo a aquellos que tratan de entrar por concurso de oposición. Una de cada cuatro plazas se cubrirá por este sistema. Este sistema se incorpora a la carrera fiscal. Según defendió el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el objetivo es "promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera judicial y fiscal".

Una carrera de dos velocidades

El argumento no convence al Consejo a la vista del informe, al que ha tenido acceso El Confidencial. El dictamen avisa del riesgo de generar "una carrera de dos velocidades". Lanza dudas sobre la falta de idoneidad de alguna de las medidas proyectadas que -dice- flaquean en tanto en técnica legislativa como en sus objetivos. "De la Constitución sí cabe derivar una imagen o modelo que vincula el ejercicio de la jurisdicción con jueces y magistrados integrados en la Carrera Judicial. Por ello, el ejercicio no profesional de la jurisdicción, aunque constitucionalmente posible, tiene carácter excepcional", advierte.

Las nuevas condiciones cambian las reglas del juego para introducir "un factor que podría considerarse discriminatorio, en perjuicio de quienes han alcanzado la categoría de magistrado por promoción desde la de juez, que no resulta justificado", dice el informe. "El prelegislador ha establecido el plazo de cinco años de ejercicio profesional acreditado cuando el requisito temporal que se establece, con carácter general, en el proyectado artículo 306.5 de la LOPJ, en la redacción dada al mismo por el APLO, es el de diez años de ejercicio profesional como condición necesaria para poder participar en las convocatorias de concurso oposición para el acceso a la Carrera Judicial y Fiscal por la categoría de magistrado y fiscal de juristas de reconocida competencia", indica.

Mérito y capacidad

Para los ponentes del informe provisional, que aún está sometido a cambios tras el análisis por parte del Pleno, las ideas de carrera y cuerpo único "implican que el procedimiento selectivo sea común para todos los que ingresan en la Carrera Judicial y a través de él poder valorar, en condiciones de igualdad, la adquisición del mérito y capacidad requeridos". La oposición libre ha sido tradicionalmente el procedimiento central para el ingreso aunque ha convivido con mecanismos complementarios de selección de personal judicial como el concurso de méritos para juristas de reconocida competencia. Sin embargo, hasta ahora este cupo quedaba circunscrito a una cuarta parte de las plazas vacantes y, además, bajo el control del propio Consejo.

Lo mismo sucede con el proceso extraordinario "de estabilización de empleo temporal", que afecta a los sustitutos, la justificación ofrecida "no parece acomodarse a la configuración en la jurisprudencia constitucional de la situación excepcional que permite este tipo de procesos". Tampoco comparten el diseño de la prueba que tendrán que superar los aspirantes de estas categorías ya que -dicen- "no son suficientemente rigurosas" y se corre el riesgo de que este llamamiento excepcional pueda evidenciar "una renuncia a la comprobación objetiva de los conocimientos que el aspirante a juez posea sobre las materias jurídicas". Esto afectará, concluyen, a la independencia del poder judicial.