Abril extiende el cerco judicial a Sánchez: su hermano, Montero y Bolaños, ante los jueces

El hallazgo de nuevos indicios que acorralan a su hermano, la pieza que acaba de abrirse en el caso Begoña Gómez por malversación y el alud de demandas que el novio de Isabel Díaz Ayuso ha interpuesto contra el Gobierno por llamarle "delincuente confeso". Estos tres frentes no dejan de ampliarse y han provocado que personas del entorno más cercano de Pedro Sánchez hayan sido citadas por los juzgados el próximo abril: el ministro de Justicia, Félix Bolaños, la vicepresidenta María Jesús Montero y su hermano, David Sánchez, que tendrá que enfrentarse a un nuevo cara a cara con la jueza de Badajoz que le mantiene imputado.

El presidente del Gobierno comenzó 2025 con un vía crucis judicial, pero, a partir del próximo Miércoles Santo, tendrá que encarar otro. Ese día, 16 de abril, el juez Juan Carlos Peinado ha citado a Bolaños como testigo para tratar de aclarar la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que ejerció como secretaria personal de Begoña Gómez y que le ayudó con sus negocios privados durante la etapa investigada.

Esta línea de investigación ha ido cogiendo fuerza durante los últimos meses, por lo que Peinado ha abierto una pieza separada para investigar una posible malversación. La causa contra Begoña Gómez comenzó centrándose en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero, el pasado octubre, el juez también la imputó por apropiación indebida e intrusismo profesional por quedarse con el software que se desarrolló para su máster. Ahora se suma este nuevo delito, lo que amenaza con extender el listado de investigados al corazón de la Moncloa.

Como ha ido informando El Confidencial, distintas fuentes jurídicas consideran que en la posible comisión de la malversación serían coautores tanto la persona beneficiada —es decir, Gómez— como aquella que ordenara que la asesora quedara a su disposición para asuntos ajenos a su función institucional. Por el momento, el juez ha imputado a la asesora, pero, al interrogar al alto cargo que acordó su contratación, este se escudó en que solo había elevado una propuesta y explicó que en aquel momento Bolaños era su superior. Para aclarar este punto, Peinado ha decidido desplazarse el próximo 16 de abril al despacho del ministro, donde le tomará declaración.

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La siguiente fecha marcada en rojo es la del 24 de abril, cuando el Tribunal Supremo ha citado a María Jesús Montero por la demanda que el novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha interpuesto contra ella por una intromisión ilegítima en su derecho al honor. El alto tribunal ha informado a ambos de que pueden comparecer personalmente asistidos de abogado o bien otorgar poderes a sus respectivos procuradores. El empresario exige a la socialista el pago de 40.000 euros por las declaraciones que ha realizado contra él durante los últimos meses.

Sin embargo, González Amador no solo ha demandado a Montero, sino que ha extendido su ofensiva judicial a más de una decena de altos cargos del Gobierno y del PSOE por tacharle de "defraudador confeso". Entre ellos, el propio Pedro Sánchez, al que reclama otros 100.000 euros. La demanda contra Montero es la que se encuentra en una fase más avanzada, por lo que la audiencia previa que el Supremo celebrará el próximo 24 de abril marcará el camino al resto.

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En esta batalla, ambas partes cuentan además con argumentos de peso. Por un lado, la postura del empresario se ha visto reforzada por el magistrado del Supremo que mantiene imputado al fiscal general, que en dos recientes resoluciones ha advertido de que en ningún caso es un "delincuente confeso" y ha destacado "el daño reputacional" que le están causando. Por otro, Montero cuenta con el apoyo de la Fiscalía, que se ha opuesto a la reclamación.

Esta ronda de citaciones llegará a su culmen el próximo 25 de abril, cuando David Sánchez volverá a desfilar por el juzgado. Como avanzó este jueves El Confidencial, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha advertido a la jueza sobre nuevos indicios que apuntalan la sospecha de que, en 2017, la Diputación de Badajoz creó un puesto a medida del hermano del presidente del Gobierno. En concreto, el de coordinador de actividades de los conservatorios, una plaza a la que también se presentaron otros diez candidatos, pero que, según señala la jueza en su última resolución, David Sánchez parecía saber desde el primer momento que sería para él.

La clave radica en una serie de mensajes que el propietario de un piso de Badajoz se cruzó con el hermano del presidente el 26 de junio de 2017, justo el día antes de su entrevista de trabajo en la Diputación. "Me voy a trasladar a trabajar a Badajoz capital y me está costando encontrar la casa que me gustaría. Sería para mí solo. Ustedes también contemplan un alquiler más prolongado? [sic]", le escribió el hermano del presidente. Según advierte la jueza, esta conversación permite "reforzar la tesis (...) de que el puesto fue creado para esta persona", como se desprende también de algunos de los correos que obran en el sumario.

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El mismo 25 de abril, la jueza de Badajoz también ha citado como investigado el exasesor de Moncloa que acabó contratado en el mismo departamento de la Diputación que David Sánchez. Según consta en los mails del caso, ambos se conocían previamente, hasta el punto de que esta persona, llamada Luis Carrero Pérez, se dirigía al familiar del presidente como "querido hermanito".

Esta línea de investigación se ha extendido además a los informes anuales que la jueza pidió para comprobar si David Sánchez prestó los servicios que tenía encomendados. El primero se remonta al año 2017 y el último es de 2025, pero todos llevan la firma y la fecha escrita a mano con lo que parece el mismo bolígrafo azul, por lo que la jueza pone en duda cuándo se han hecho estos documentos. A esto se suma que fue el mencionado Carrero Pérez el que entregó todos los informes justo antes de que David Sánchez anunciase su renuncia a la plaza investigada el pasado febrero.

El próximo abril se extenderá así el cerco judicial a Sánchez y a su entorno, y todo ello a la espera de que se puedan acordar otras posibles citaciones en las otras tres causas que acechan al Gobierno: la investigación contra José Luis Ábalos en el Supremo, la del caso Koldo en la Audiencia Nacional y la que ha provocado la imputación del fiscal general, en la que el magistrado ya ha apuntado a "Presidencia del Gobierno" por las filtraciones contra el novio de Díaz Ayuso.