El Supremo cita el 24 de abril a Montero por los 40.000 euros que le exige el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo ha citado el próximo 24 de abril a la vicepresidenta María Jesús Montero por la demanda que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha interpuesto contra ella por una intromisión ilegítima en su derecho al honor. En una resolución a la que ha tenido acceso El Confidencial, el alto tribunal informa a ambos de que pueden comparecer personalmente asistidos de abogado o bien otorgar poderes a sus respectivos procuradores para que acudan en su nombre. Como avanzó El Confidencial, el empresario exige a la socialista el pago de 40.000 euros por las declaraciones que ha realizado contra él durante los últimos meses.

El Supremo admitió a trámite la demanda el pasado diciembre y ahora cita ambas partes a una audiencia previa, "En esta convocatoria, se informa también a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma", les advierte en su resolución.

En caso contrario, la audiencia se centrará una vez más en "intentar un acuerdo o transacción entre las mismas que ponga fin al proceso". Si no logran alcanzar un pacto, las partes propondrán entonces "la prueba" que consideren necesaria y se examinarán "las cuestiones procesales", fijando para ello "con precisión el objeto del proceso y los extremos de hecho y de derecho sobre los que exista controversia". En función de cómo se desarrolle esta audiencia, cabe la posibilidad de que la demanda quede vista para sentencia sin necesidad de celebrar una vista oral o juicio.

La reclamación de González Amador ha acabado en el Supremo después de que la vicepresidenta, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía se negara a acudir a un acto de conciliación en un juzgado madrileño el pasado octubre. Durante la celebración de esta comparecencia, también cabía la posibilidad de que ambas partes llegaran a un acuerdo, pero, al no presentarse, González Amador tuvo vía libre para acudir al alto tribunal. Como ha informado este viernes Europa Press, la Fiscalía ya ha informado al Supremo de que se opone a la demanda.

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La reclamación de González Amador se apoya en lo ocurrido el pasado 12 de marzo, cuando Montero arremetió contra la presidenta madrileña por supuestamente vivir en un piso pagado "con fraude a la Hacienda Pública" y con "comisiones" por la venta de mascarillas. La también ministra de Hacienda hizo estas declaraciones después de que Eldiario.es desvelara que la Fiscalía había denunciado a González Amador por fraude fiscal.

La defensa del novio de Díaz Ayuso amplió posteriormente su demanda y puso también el foco en las declaraciones que Montero realizó a lo largo de octubre. Entre ellas, unas valoraciones que hizo el día 23 en los pasillos del Congreso: "La señora Ayuso tiene que dimitir, el señor Feijóo tendría que estar pidiéndole explicaciones y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos y surgen. Y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará", vaticinó ante los periodistas.

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Apenas unas horas después de hacer estas declaraciones, Eldiario.es adelantó que la jueza que mantiene imputado a González Amador había ampliado la investigación a nuevos delitos. La demanda del novio de Díaz Ayuso no pasa por alto el escaso tiempo que transcurrió entre las palabras de Montero y el momento en el que se hizo pública esta decisión, advierten las fuentes consultadas.

González Amador considera que estas declaraciones de Montero carecen de justificación alguna y pide al Supremo que le condene a pagar 40.000 euros como indemnización. También que le obligue a convocar una rueda de prensa para retractarse de sus palabras y a publicar en un periódico de ámbito nacional la correspondiente condena.

El novio de Díaz Ayuso ha demandado además a otros altos cargos del PSOE y del Gobierno, entre los que destaca el propio Pedro Sánchez. En su caso, le exige el pago de 100.000 euros y que se retracte de las declaraciones que realizó el pasado 17 de octubre, poco después de que el Supremo imputara al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo", afirmó el presidente ante los medios de comunicación aquel día.