El Supremo da carpetazo final al caso de la trama rusa que amenazaba a Puigdemont

El Tribunal Supremo ha dado carpetazo a las actuaciones iniciadas a raíz de la exposición razonada remitida en su día por un juez de Barcelona sobre la presunta injerencia rusa en el proceso independentista de Cataluña, conocida como la trama rusa del procés. El Supremo acordó en inicio dejar en suspenso la decisión sobre la misma a la espera de lo que resolviese la Audiencia Provincial sobre un recurso de apelación pendiente contra la decisión del juez de Instrucción. El procedimiento afectaba a Carles Puigdemont.

En un auto, la Sala, en línea con el informe del Ministerio Fiscal, explica que debe acordarse el archivo una vez que, por la vía de recursos, la Audiencia Provincial de Barcelona decidió en diciembre la nulidad del auto de juez Joaquín Aguirre que, entre otras cuestiones, acordaba elevar la exposición razonada que provocó la apertura de estas actuaciones. La Audiencia de Barcelona remitió al Supremo su auto decretando la nulidad.

La exposición razonada, que acabó en nulidad, perdía investigar a Carles Puigdemont y a Francesc Dalmases por supuestos delitos de traición, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal. El magistrado acusaba al expresident catalán de contactar con actores de influencia rusos, cuyos intereses eran contrarios al Estado español al que representaban. Detallaba diferentes acciones dirigidas a conseguir contactos próximos al Gobierno ruso para granjearse el reconocimiento de Rusia a una eventual República Catalana.

Destacaba que los informes encargados a la Guardia Civil ponen de manifiesto que se observa una trama organizativa dirigida desde las instituciones públicas controladas por la antigua Convergència, que se hizo extensiva a organismos como la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Esa actividad separatista, según el magistrado, engloba acciones políticas, de comunicación, de participación y de internacionalización que necesariamente han de ser financiadas.

El documento recogía, por ejemplo, que Puigdemont le pidió a Víctor Terradellas (exresponsable de relaciones internacionales de Convergència) “que siguieran con el tema de las criptomonedas”, en el que había trabajado “tres grupos, que debían conseguir que la futura República Catalana desarrollara una legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos y así ‘ellos’ podrían ayudar, hablando de contactos con personas vinculadas a Rusia”. Sin embargo, la investigación quedó anulada después de que la Audiencia Provincial concluyera que las dos últimas prórrogas de la instrucción de Aguirre no estaban justificadas