El jefe de los GRAPO logra su excarcelación con la ley del Gobierno que beneficia a etarras

El histórico jefe de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) Manuel Pérez Martínez, más conocido como Camarada Arenas, quedó en libertad la pasada semana después de que la Audiencia Nacional le aplicara la nueva ley sobre antecedentes penales que el Gobierno sacó adelante en octubre. Su defensa solicitó que se le aplicara esta norma hace cuatro meses y los magistrados acordaron su excarcelación el pasado 5 de marzo.

En el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, la Audiencia Nacional explica que el Camarada Arenas sumaba cuatro condenas en España por su pertenencia a este grupo terrorista. La última de ellas se dictó en 2012, cuando la Audiencia Nacional le impuso 17 años de prisión por el ataque contra una empresa madrileña de trabajo temporal perpetrado en enero de 1998. Las anteriores se dictaron en 2009 —siete años de prisión por el secuestro y desaparición de un empresario—, en 2010 —tres años y medio de prisión por un ataque con explosivos contra repetidores de RTVE— y en 2011 —tres años de prisión por un atentado contra una la sede del PSC—.

Como desveló El Confidencial el pasado octubre, el Congreso aprobó la ley que ha acelerado su excarcelación por unanimidad, pero sin ser conscientes de que el PSOE estaba cediendo con ella a una las reivindicaciones históricas de Bildu. La reforma afecta en concreto a la ley sobre el intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones en la Unión Europea, lo que en la práctica permite acelerar la excarcelación de etarras que hayan cumplido condenas en Francia. De hecho, el pasado viernes, el preso de ETA Balbino Sáenz de Olarra también logró su puesta en libertad después de que la Audiencia Nacional le aplicara esta norma.

En el caso del Camarada Arenas, la clave radica en que sumaba una condena previa de ocho años de cárcel en Francia por asociación criminal con fines terroristas. Según apunta la Audiencia Nacional, esta sentencia provocó su ingreso en una cárcel del país vecino desde noviembre del año 2000 hasta octubre de 2006, cuando fue entregado a España. Como la nueva ley obliga a tener en cuenta esta condena previa, el Camarada Arenas ha logrado su puesta en libertad antes de lo previsto.

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"El efecto práctico [de esta reforma] será que el tiempo límite de cumplimiento se computará ahora integrando la totalidad del período de prisión cumplido efectivamente desde el ingreso en prisión, con independencia de que dicho ingreso se haya realizado en España o en cualquier otro Estado de la UE en cumplimiento de una sentencia extranjera o española", explica la Audiencia. "Elabórese una nueva liquidación de condena del penado, con los parámetros expuestos, y con su resultado se acordará acerca de la petición de libertad interesada", ordenaron los magistrados.

El secuestro de Publio Cordón

Manuel Pérez Martínez, cuyo alias en la organización siempre fue el de Camarada Arenas, es el líder histórico de los GRAPO. También fue el secretario general de su brazo político ilegalizado, el Partido Comunista de España (reconstituido). Este líder terrorista jamás anuncio la disolución de su organización, hoy reducida a la nada con apenas un puñado de miembros en cárceles españolas. Algunos de ellos incluso rompieron con los GRAPO o fueron expulsados, como uno de sus miembros más sanguinarios, Silva Sande, acusado además por una compañera de comando de haberla violado.

El Camarada Arenas, referente para movimientos de extrema izquierda antisistema, acumuló numerosas causas judiciales en la Audiencia Nacional, pero la más conocida es la que le sentó en el banquillo junto al propio Silva Sande y otros pesos pesados de la organización por el mencionado secuestro y desaparición de un empresario aragonés llamado Publio Cordón.

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Absuelto en primer lugar por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo le impuso luego siete años de prisión por este crimen. Los jueces consideraron que Manuel Pérez Martínez tenía poder de mando sobre la organización, con una "estructura análoga a lo militar", y, sin embargo, no dio la orden de liberar a la víctima. "Es decir, no realizó, pudiendo, intento alguno de hacer cesar la detención", señaló la sentencia. La familia de Publio Cordón llegó a pagar el rescate que les pedían, pero nunca más vieron a su familiar con vida.

Años después, desde la cárcel, Silva Sande dijo querer colaborar con las autoridades. Dijo a la Guardia Civil que sabía el lugar exacto en el que habían enterrado el cuerpo sin vida de Publio Cordón en el monte francés Mont Ventoux. El terrorista fue sacado de la cárcel varias veces para guiar a los agentes en territorio galo, pero nunca dieron con el cuerpo que, a día de hoy, casi 30 años después, sigue desaparecido.