La UCO halla un vínculo entre la mujer de las bolsas de Ferraz y los Miami en un fraude millonario
La Guardia Civil ubica a Carmen Pano en las labores de blanqueo de otra trama de hidrocarburos junto a dos personas vinculadas la conocida organización y un socio de Aldama
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La Guardia Civil ha hallado un nexo que vincula a la mujer que dijo haber llevado bolsas con dinero en metálico de comisiones ilegales a la sede del PSOE en la calle Ferraz, Carmen Pano, y varios miembros de la conocida organización criminal de los Miami. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado ubican a esta empresaria en la estructura de una red desarticulada en 2021 en otra operación contra el fraude masivo al IVA en el sector de los hidrocarburos. Se investiga en la Audiencia Nacional en paralelo a la causa en la que fue detenido el conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama.
Se trata de una investigación que depende también del Juzgado Central de Instrucción número 5 que dirige el magistrado Santiago Pedraz. Es el mismo juez que instruye el llamado caso hidrocarburos en torno a la empresa Villafuel SL, que provocó el arresto de Aldama y su posterior colaboración con la Justicia para salir de prisión. Esta segunda causa pivota sobre otra mercantil de nombre Gaslow y este lunes ha declarado por ella el socio de Aldama, Claudio Rivas, quien se ha desvinculado de los hechos que se le imputan.
Los investigadores llevan años documentando por medio de informes y atestados que la red creó un complejo entramado de sociedades para llevar a cabo el fraude que constaba de tres eslabones. Carmen Pano era una de las personas que figuraba como administradora del al menos tres mercantiles empleadas para blanquear el dinero. Dentro de esta operativa también estaba, según la UCO, el propio Claudio Rivas y dos individuos llamados Emilio Carrillo González y Jesús de Gregorio Llopis. Ambas personas “están vinculadas al grupo criminal los Miami”, dice varias veces la UCO en un informe remitido al juez al que ha tenido acceso este periódico.
“Los Miami son una organización criminal, algunos de cuyos integrantes fueron condenados por la Audiencia Nacional por tráfico de drogas y blanqueo de capitales”, especifica la Guardia Civil en el documento. Los Miami son una banda que ha protagonizado crónicas de tribunales desde hace años, dedicados al tráfico de droga y la gestión de locales nocturnos. Una reciente serie de televisión se centró en las actividades de este grupo y sus principales integrantes. Fuentes jurídicas conocedoras de su trayectoria citan sus negocios relacionados con el mundo de la prostitución y las estafas. Añaden que los Miami desarrollaron después muchas ramificaciones hasta convertirse en una multinacional del crimen.
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La Audiencia Nacional sentó en 2023 a 81 personas en el banquillo de los acusados, entre ellos dos de sus cabecillas, Artemio López Tardón y Ana María Cameno, conocida como 'la reina de la coca'. Fueron condenados a tres y cinco años de prisión, respectivamente. El histórico jefe era Álvaro López Tardón, condenado a 150 años de cárcel en Estados Unidos por blanqueo de dinero. A esta banda le encontraron 19 millones de euros escondidos en el zulo de un domicilio.
Según apunta ahora la Guardia Civil en este informe, a uno de los investigados por el fraude en los hidrocarburos al que vinculan con los Miami, De Gregorio Lopis, le constan antecedentes por supuestos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos sobre particulares, extorsión y delito de constitución, dirección y coordinación de organizaciones y grupos criminales.
El entramado de Gaslow
La trama desarticulada en julio de 2021 en torno a la mercantil Gaslow tenía cuatro cabecillas: Antonio Rodríguez Estepa, Juan Simón, Javier García y Claudio Rivas. Este último se incorporó a la organización en 2020. Cada uno de estos cuatro cabecillas tenían a un grupo de personas a su cargo. La suma de nombres investigados por la UCO en esta estructura asciende a un total de 13 personas, todas ellas con antecedentes penales.
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Para cometer el fraude, lo que hicieron fue crear una estructura societaria con empresas instrumentales. Aparentemente, estas empresas no tenían relación entres sí, pero todas estaban controladas por los investigados por medio de testaferros. Eran sociedades sobre las que se hacía recaer el impago del IVA, de tal forma, que las operadoras vendían a estas mercantiles y estas, con cargo al impuesto que no abonaban a la Agencia Tributaria, bajaban el precio del producto para vendérselo, bien a las comercializadoras, o bien directamente a minoristas (gasolineras).
Glasgow era la principal operadora y las suministradoras instrumentales eran Anevoc, Serrezoil, Ecotar y Keep it Save. Estas se encargaban de vender el producto fuera del depósito fiscal. Ese porcentaje de IVA (21%), dado que no lo abonaban a Hacienda, lo utilizaban como margen comercial, pudiendo bajar el precio del hidrocarburo. Utilizando este artificio, incrementaban ostensiblemente las ventas de las operadoras, generándose, en consecuencia, un fraude millonario de IVA. La UCO elevan la cantidad defraudada a 136 millones entre 2019 y 2020.
Claudio Rivas se encargaba de manejar la sociedad Keep it Save y en su grupo estaban los dos investigados relacionados con los Miami, De Gregorio y Carrillo, además de otro empresario llamado Manuel Sallés Carceller. En este punto hay nombres que se solapan con el sumario del caso Koldo, que investiga las actividades del asesor principal del exministro de Transportes José Luis Ábalos.
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Tal y como desveló este periódico, la UCO descubrió que Koldo García --antiguo portero de prostíbulo-- cobró tras salir del Ministerio de Transportes, en julio de 2021, de un entramado societario en el que participaba, Emilio Carrillo González, que era responsable de numerosos clubes de alterne, entre ellos el Hot de la Plaza de Colón uno de los más conocidos de Madrid. El sumario del caso Ábalos también revela que Koldo fue contratado en febrero de 2022 por la empresa Instalibero District SL en calidad de consultor. Según el Registro Mercantil, Instalibero District SL estaba en ese momento controlada por Manuel Sallés Carceller.
Keep it Save pasó de constituirse el 11 de diciembre de 2019 con un capital mínimo social de 3.000 euros a facturar ingresos por 309 millones de euros en 2020. Desarrolló un presunto fraude fiscal de 46 millones euros en 2020, la más lucrativa para la organización. Con esta operativa, Keep It Save llegó a blanquear casi 14 millones de euros, según los investigadores, es decir, a introducir en el circuito del dinero legal las ganancias obtenidas de manera ilícita. Invertían en criptomoneda, vehículos, casas, fondos de inversión y sacaban dinero al extranjero o hacían retiradas en efectivo.
En este entramado de blanqueo es donde la UCO ubica a Carmen Pano. Era administradora única de las sociedades Ornus Import SL, Nerium Logista SL y Sociedad Comercio Justo y Solidario S.XXI SL. Las tres tenían la sede en el municipio de Las Rozas de Madrid donde reside Carmen Pano y donde fue detenida por su vínculo con la otra causa de hidrocarburos. En los registros posteriores a su arresto encontraron documentos relacionados con alguna de estas sociedades, según el acta de su detención a la que ha tenido acceso este periódico.
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Según la UCO esas tres sociedades de las que Pano era administradora única blanquearon 2,7 millones a través de Keep it Save. Los dos individuos a los que la UCO vincula con los Miami también formaban parte de este entramado de blanqueo. Ambos figuran en el informe como administradores solidarios de otras sociedades llamadas Nuwa Servicios Compartidos Sa y Thaise Internacional SL. Blanquearon 1,3 millones a través de Keep it Save, según la UCO.
Recibieron un chivatazo dese la UCO
Esta operación fue posible a pesar de que los investigados contaban en su estructura criminal con un capitán de la Guardia Civil de la UCO, “la Unidad más especializada en la investigación de organizaciones en el sector de los hidrocarburos”, según admite el propio Instituto Armado en su informe remitido al juez.
Este funcionario, cuya presencia adelantó Ok Diario, pudo “haber transmitido información privilegiada sobre la investigación que afectaba a esta organización, entre la que se encontraba la fecha exacta de las actuaciones policiales que se llevaron a cabo en julio de 2021, frustrando parte de los objetivos de las mismas”. Se trata de un oficial de la Guardia Civil del Grupo de Blanqueo de la UCO, un capitán que fue detenido por estos hechos y por su presunta pertenencia a la organización criminal.
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Carmen Pano confirmó ante el juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz en octubre de 2020 por orden de Víctor de Aldama. Según aseguran fuentes presentes en la declaración, precisó que fue hasta Ferraz en un coche conducido por el chófer del empresario Claudio Rivas.
Pano hizo ese pago a cambio de que Rivas, socio de Aldama, consiguiera la licencia para operar en el sector de los hidrocarburos, según sospechan los investigadores. El Supremo citó a Pano y a su hija Leonor este martes como testigos, pero ambas están imputadas por un presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos.
Tanto Carmen Pano como su hija, administradora de otra empresa llamada Have Got Time, están además vinculadas con los pagos del chalet en la urbanización La Alcaidesa (Cádiz) con el que presuntamente fue premiado por la trama Koldo el exministro José Luis Ábalos, investigado en el Supremo. Durante el interrogatorio, ambas confirmaron que contribuyeron a la adquisición, pero siguiendo instrucciones tanto de Rivas como de Aldama.
La Guardia Civil ha hallado un nexo que vincula a la mujer que dijo haber llevado bolsas con dinero en metálico de comisiones ilegales a la sede del PSOE en la calle Ferraz, Carmen Pano, y varios miembros de la conocida organización criminal de los Miami. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado ubican a esta empresaria en la estructura de una red desarticulada en 2021 en otra operación contra el fraude masivo al IVA en el sector de los hidrocarburos. Se investiga en la Audiencia Nacional en paralelo a la causa en la que fue detenido el conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama.