¿Están los animales en peligro? La ley que ha puesto en pie a la veterinaria

“Es la gota que ha colmado el vaso”. Los veterinarios han decidido decir “basta” a la Administración pública. Desde el pasado mes de enero, las calles de las principales ciudades españolas se han inundado de mareas azules que protestan contra la nueva normativa que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, llegando hasta las puertas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en Madrid.

El Real Decreto 666/2023, aprobado por el Gobierno en julio del año 2023, pero que entró en vigor el pasado 2 de enero, ha hecho estallar al sector y se ha convertido “en un punto de inflexión” que ha unido a estos profesionales “más que nunca” y "de forma masiva" para hacer frente a una ley que consideran un “dislate” y que “no ha sabido adaptarse a lo que marca Europa”. Todas las fuentes consultadas coinciden en que la legislación ha terminado provocando un alto grado de “restricción” en el trabajo diario de los veterinarios.

Aunque su principal objetivo, tal y como se recoge en el BOE, es “mejorar el suministro, la distribución, la farmacovigilancia, el control y el uso de los medicamentos veterinarios”, con especial atención a la lucha contra la resistencia a los antibióticos, en la práctica los profesionales están padeciendo graves limitaciones que afectan directamente a la atención de los animales. El sector es totalmente consciente de que es necesario reducir el uso de este tipo de medicamentos y está “profundamente” comprometido con ello, pero consideran “desproporcionado” el real decreto. “El compromiso es indudable, siempre que se puede evitar este tipo de tratamiento se hace”, afirma Manuel Martínez, presidente de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (Fesvet), que insiste en que el esfuerzo es tal que, desde el año 2019, la veterinaria ha conseguido “una reducción del 70% en la aplicación de estos medicamentos”.

“Estamos 100% de acuerdo en hacer frente a la resistencia a los antibióticos, la salud pública es lo más importante”, coincide Manuel Lázaro, vocal del Colegio de Veterinarios de Madrid. Ahora bien, “otra cosa es esta forma de legislar”, advierte. “Ni Europa pide tanto ni se han medido las dificultades”, añade. Aunque el Ejecutivo pretendía “adaptar la normativa nacional al Reglamento del Parlamento Europeo sobre medicamentos veterinarios”, los profesionales creen que ha ido más allá. “Existen muchas incongruencias, ha llegado un punto en el que no sabíamos ni siquiera lo que podíamos hacer o no”, confiesa Alba Nieto, vocal de Relaciones Institucionales de la Asociación VetWarriors, organización surgida a raíz de las primeras manifestaciones celebradas en Cataluña.

TE PUEDE INTERESAR

Los animales son las nuevas personas: dentro de un hospital veterinario con tres oncólogos y UCI

Guillermo Cid Fotografías: Guillermo Gutiérrez Carrascal Datos: Marta Ley

La normativa obliga a utilizar los medicamentos ciñéndose a lo que marca el prospecto o ficha técnica. Sin embargo, según explican estos expertos, con el tiempo se han ido marcando otros usos “apoyados por trabajos y estudios científicos”, es decir, puede existir un compuesto que esté dictado para una especie animal, pero que la veterinaria tras investigaciones y ensayos haya determinado que es válido en otros supuestos. “No están permitiendo el criterio y la evidencia científica”, denuncia Manuel Lázaro. “Nos cuestionan, nuestros conocimientos ya no sirven para nada”, asevera, por su parte, Alba Nieto. “Existen muchas fichas desactualizadas, mientras que la preparación científica y técnica de los veterinarios está en constante actualización y se han conocido diferentes usos para los tratamientos”, argumenta Sebastià Rotger, presidente de la Confederación Empresarial de Veterinarios Españoles (CEVE).

A esto se suma el problema de la dispensación, una reivindicación histórica en el sector. Al contrario de lo que puede llegar a pensarse, los veterinarios no pueden vender medicamentos, sino que los tratamientos deben adquirirse en las farmacias, una cuestión ratificada en el RD 666/2023. Solo pueden ceder medicación en situaciones justificadas, sea para garantizar la continuidad de un tratamiento o en caso de urgencia. “Esto ha quedado aún más restringido, les tenemos que mandar directamente a comprarlo y está pasando que cuando llegan a la farmacia o no lo tienen o les venden cajas de 50 comprimidos cuando lo que necesitan son solo 5”, cuenta Alba Nieto. “Esto puede dar pie a la automedicación porque tendrán más a mano en casa las pastillas que les han sobrado y, además, genera un mayor excedente”, expone Manuel Lázaro.

“Va en contra del control de los antibióticos, causa un prejuicio al bolsillo y puede llegar a retrasar el tratamiento poniendo en peligro al animal porque muchas veces las farmacias no disponen de 'stock' de todos los medicamentos, con lo cual o tardas días en encontrarlo o incluso te pueden vender otro”, revela Sebastià Rotger, que también remarca que "los farmacéuticos no han demostrado conocimientos en veterinaria". “Queremos tener el control del tratamiento del animal, necesitamos estar encima”, reitera Manuel Lázaro. “Al restringir el acceso a los tratamientos se pierde agilidad, lo que conlleva un riesgo tanto para los animales como para la salud pública”, denuncia Manuel Martínez.

En el caso específico de los antibióticos, existe además una clasificación para controlar su administración, siendo necesario realizar en algunos casos pruebas previas a la aplicación, lo que también ralentiza la llegada del tratamiento desde el diagnóstico. El pasado 18 de febrero, el centro veterinario Adrisa denunció la muerte de una perrita por una sepsis. Según recogen en su cuenta de Instagram, “se le aplicó la normativa” y los resultados del cultivo realizado para poder tratar con antibióticos no llegaron a tiempo. La clínica, consultada por este periódico, ha preferido no dar más detalles por respeto a la privacidad de su familia.

Para poder realizar el seguimiento de este tipo de medicamentos en animales de compañía desde el 2 de enero es obligatorio notificar cada 15 días a través de la herramienta Presvet las prescripciones que se realicen de antibióticos. Tanto el funcionamiento como la complementación de los datos está resultado realmente “tediosa” para los profesionales, teniendo que dedicar gran cantidad de tiempo a esta tarea. “Tengo que poner hasta el porcentaje de medicamento que gasto, es muy complicado”, explica Alba Nieto. “Hasta de un colirio o una crema tengo que calcular la porción que he usado, es una locura”, comparte Manuel Lázaro. Esto no solo les suma más trabajo y burocracia en el día a día, sino que les ha generado un alto grado de preocupación al estar contemplado incluso un régimen sancionador para los casos de incumplimiento. “Si no se notificaba correctamente, en casos graves, te podían caer 1.200.000 euros. ¿Qué veterinario gana eso? Es absurdo”, cuenta la vocal de VetWarriors.

Piden la derogación del RD 666/2023, permitir la libre dispensación, el retorno del IVA reducido y que las competencias vuelvan a Sanidad

Desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca defienden que esta obligación "no es nueva ni desconocida", dado que el real decreto "se publicó en el BOE en julio de 2023". "Conocían la obligación de transmitir la información desde año y medio antes, y han tenido tiempo suficiente para prepararse", señalan. Además, recuerdan que el sistema es "conocido" por parte del sector, porque ya se aplicaba para controlar a los animales de producción. Respecto a las sanciones, explican que se ha iniciado "la modificación para reducirlas". Asimismo, añaden que "el decreto, antes de ser aprobado, se sometió a un proceso de consulta previa". No obstante, la veterinaria discrepa e insiste en su descontento ya no solo con esta normativa, sino con varias de las legislaciones impulsadas por parte de los diferentes gobiernos.

El presidente de CEVE explica que el sector ya viene padeciendo dificultades desde hace 30 años, aunque ha sido el RD 666/2023 el que ha provocado “la explosión” del sector, en un contexto en el que “la veterinaria está mal representada y ha sido ninguneada por las administraciones”. “El ministerio no ha sido asertivo, no ha tenido en cuenta a los profesionales, no podemos tolerar que se legisle al margen de la profesión”, expone Manuel Martínez, quien cree que es el momento de dar "el do de pecho". “Hay un gran distanciamiento entre la actividad clínica y la actividad legisladora, así no podemos trabajar”, explica Manuel Lázaro. "Ha llegado el momento de agruparnos", reivindica Alba Nieto.

Bajo los lemas "no se juega con la vida y la salud de los animales", "dejadnos trabajar" o "nuestra salud en peligro, la legislación nos coarta", veterinarios de toda España se concentraron el pasado 5 de marzo frente al ministerio que dirige Luis Planas de forma multitudinaria para pedir no solo la derogación del real decreto que "no se ajusta a las necesidades reales", sino también la reforma de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios para permitir la libre dispensación de los medicamentos "en igualdad con el resto de países de la UE", el retorno del IVA reducido que grava a los servicios veterinarios y el traspaso de todas las competencias sanitarias al Ministerio de Sanidad "reconociendo así a la actividad veterinaria como sanitaria y garante de la salud pública". "Todo esto no tiene ni pies ni cabeza", concluyen los expertos consultados.