El juez cita como testigo a Bolaños para aclarar la contratación de la asesora de Begoña Gómez

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, tendrá que declarar como testigo en la causa que se sigue contra Begoña Gómez, avanzan fuentes jurídicas a El Confidencial. El juez Juan Carlos Peinado ha citado al actual titular de Justicia para tratar de aclarar la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que ejerció como secretaria personal de Begoña Gómez y que le ayudó con sus negocios privados durante la etapa investigada.

Según precisan a este periódico fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juez ha dictado un auto este lunes en el que cita a declarar a Bolaños el miércoles 16 de abril a las 10 de la mañana. La intención del magistrado es tomarle declaración, de forma presencial, y en el despacho del ministro. Se reproducirá así la situación del pasado verano cuando se desplazó a las dependencias privadas de Pedro Sánchez en Moncloa para interrogarle como testigo por los negocios de su mujer.

Después de que la citación se hiciera pública, el ministro indicó que está a la espera de recibir la citación y estudiar su contenido y se mostró dispuesto a responder a cualquier cuestión que se le plantee. Está por ver si la forma presencial en la que se ha fijado el interrogatorio provoca, de nuevo, un tira y afloja. La ley establece que el presidente del Gobierno, así como otros miembros del Ejecutivo, por ejemplo los ministros, se pueden acoger a la posibilidad de declarar por escrito siempre que se trate de asuntos sobre los que el afectado haya tenido conocimiento por razón de su cargo. La designación de Álvarez como ayudante de la esposa del presidente es, sin embargo, anterior a la actual responsabilidad de Bolaños.

Peinado ha dado este paso después de tomar declaración el pasado 24 de febrero al exvicesecretario de Presidencia Alfredo González Gómez, que fue quien propuso el nombramiento de esta asesora. Como desveló El Confidencial, González defendió durante su comparecencia que él se limitó a elevar la propuesta de fichaje de Álvarez, entre otros nombres, y cuando le preguntaron quién era su superior, señaló de forma directa a Bolaños.

Identificó a Bolaños

Alfredo González explicó que, cuando se produjo el cambio de Gobierno en 2018 y Pedro Sánchez se convirtió en presidente, a él le mandaron una relación de entre 80 y 90 nombres de candidatos para integrar distintos puestos. Uno de ellos era el de Álvarez, pero matizó que no conocía a la mujer previamente. Tampoco supo aclarar quién le remitió este listado de nombres.

Cuando las acusaciones populares le preguntaron quién era entonces su superior, el testigo identificó a Bolaños, quien estuvo al frente de la Secretaría General de Presidencia entre julio de 2018 y julio de 2021. En este punto, el juez Peinado, preguntó quién era Félix Bolaños y en la misma sala le aclararon que se trata del actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La acusación que ejerce Hazte Oír fue quien pidió el pasado noviembre que la causa se dirigiese contra Cristina y solicitó, además, que se reclamara a Moncloa una relación de puestos de trabajo.

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Cristina Álvarez entró así en Presidencia del Gobierno en julio de 2018 con el puesto de directora de programas, pero, como también desveló este diario, desde el primer momento estuvo ejerciendo de secretaria personal de Gómez y terminó por gestionar el patrocinio de distintas empresas para su máster en la Complutense. Entre los correos electrónicos que obran en el sumario, destaca uno que esta asesora envió el 8 de febrero de 2024 a una directiva de Reale Seguros. "PD: Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis".

Las labores de Álvarez para desarrollar, desde un puesto público, labores de apoyo a las actividades privadas de la mujer del presidente abren la puerta a que la investigación se extienda a la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos. Distintas fuentes jurídicas apuntan a que este tipo de comportamientos encajan con un "abuso" de fondos públicos. La instrucción tratará de acreditar el uso de recursos humanos de Moncloa para fines privados y podría también implicar a aquel cargo que decidiera autorizar la labor de esta funcionaria.

Según ha determinado el Supremo en su jurisprudencia, "cualquier bien y fuerza de trabajo", incluidos aquellos supuestos en los que se utiliza a un empleado en horas en las que debe prestar su servicio público, y se beneficia de dicho trabajo un particular, debe entenderse como un tipo de malversación. "Dentro del concepto amplio de 'caudales' se integra la utilización en beneficio privado del trabajo de empleados públicos", dice, por ejemplo, el TS en una de esas resoluciones.