El TC sentenció hace solo un mes que "la entrada de extranjeros" es competencia del Estado

El Tribunal Constitucional dictó el pasado 12 de febrero una sentencia que reitera que “la entrada y residencia de extranjeros en España" son competencia exclusiva del Estado. Esta advertencia cuestiona la constitucionalidad de la proposición de ley que el Gobierno ha pactado con Junts per Catalunya, que "delega" en esta comunidad diversas cuestiones sobre el control de fronteras, la expulsión de inmigrantes y la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

La sentencia en cuestión se dictó por unanimidad y anuló el protocolo para menores migrantes aprobado en Canarias. Según concluyeron los magistrados, el Gobierno autonómico había cometido un error al pasar por alto que el acogimiento de menores no acompañados es un asunto de asistencia social y, por tanto, una competencia de la comunidad, de modo que el intento de descargar la responsabilidad sobre el Estado incurría en un abandono de sus funciones.

Para justificar este dictamen, los magistrados se hicieron eco de la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, que ya dejó claro que las comunidades podían desarrollar políticas de carácter "asistencial y social" en materia de inmigración, pero no entrar "en materia de entrada y residencia de extranjeros". Según concluyó esta sentencia de 2010 que el Constitucional recuperó hace un mes, tales cuestiones forman parte de un "terreno en el que (...) solo cabe la competencia exclusiva del Estado".

De esta manera, cuestiones como el acogimiento de menores sí entrarían dentro de las responsabilidades de algunas comunidades, pues conectan con "el fomento de la integración de los inmigrantes para facilitar su inclusión social, prevenir situaciones de riesgo y promover la convivencia". Todo ello encaja con el mencionado "ámbito de la asistencia social en cuanto mecanismo protector de situaciones de necesidad específicas", pero, en la ley que el PSOE ha pactado con Junts, algunos artículos van más allá.

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Entre ellos, destaca el artículo 9, que "delega en la Comunidad Autónoma de Cataluña las facultades de control de frontera relativas a la ejecución de la normativa del Estado en materia de devolución de personas extranjeras”. “A tal efecto los Mossos d´Esquadra actuarán en los puestos habilitados para el acceso de personas extranjeras en puertos y aeropuertos, en colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad”, añade. También el artículo 6, que "delega" en esta comunidad la "incoación, instrucción, resolución, notificación y ejecución de los procedimientos sancionadores" de cara a la posible "expulsión" y "devolución de la persona extranjera".

El debate sobre la "delegación"

Una y otra vez, la ley incluye el verbo "delegar", y ese es el matiz al que se agarra el Gobierno para defender que estas cesiones no son contrarias a la Constitución. "La estancia, residencia o expulsión de un extranjero son aspectos propios y exclusivos de la materia o del régimen de extranjería cuya competencia corresponde al Estado (artículo 149.1.2 de la Constitución)", advierte un magistrado consultado. "Pero esto no es un problema del 149.1.2, sino de 150.2, y sobre cómo se aplica e interpreta ese artículo prácticamente no hay nada porque nunca antes se habían planteado estas barbaridades".

El artículo 149.2 es el que establece que el Estado "tiene competencia exclusiva" sobre la "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo". A continuación, el 150.2 establece que "el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación".

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La clave radica en esa referencia a "su propia naturaleza", un requisito que el Gobierno considera que cumple en su acuerdo con Junts: "Dadas las características de la situación en Cataluña, se trata de facilitar a sus autoridades la delegación de competencias así como los recursos legales, técnicos, económicos y humanos para que el fenómeno migratorio pueda gestionarse desde la proximidad y las necesidades del territorio", defiende el preámbulo de la proposición de ley. "No disponer de ellos va en detrimento del bienestar de la sociedad que acoge y del desarrollo personal y profesional de todas las personas que llegan, muy especialmente de las más vulnerables".

Sin embargo, desde el PP no dan por buenos estos argumentos y tildan el acuerdo como “la cesión más grave en la historia constitucional”, por lo que algunas de sus comunidades estudian ya recurrir la norma ante el tribunal de garantías si finalmente es aprobada. El propio Alberto Núñez Feijóo ha denunciado además que no solo vulnera el artículo 149, sino también el número 2: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".