El juez investiga las gestiones del Ministerio de Ribera para dar la licencia a la trama de hidrocarburos

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el llamado caso hidrocarburos por el que fue detenido el empresario Víctor de Aldama en diciembre, ha dado un paso más en sus pesquisas que afectan al Ministerio de Transición Ecológica. En concreto, en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, ordena a la Guardia Civil que aporte el expediente tramitado por el ministerio que entonces dirigía la actual comisaria europea Teresa Ribera de inscripción en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos de la empresa de la trama. La Fiscalía, que ya se había interesado por ese expediente, se muestra a favor de su incorporación.

El magistrado Santiago Pedraz considera necesario “requerir a la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) para que aporte al procedimiento el expediente tramitado en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de inscripción en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos de la mercantil Villafuel SL”.

También pide el expediente “seguido en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia relativo a la citada entidad”. Una de las sospechas de las acusaciones personadas en el caso, tal y como apuntan los informes de la Guardia Civil, es que la empresa, acusada de un fraude millonario al IVA, gozó de un trato de favor para poder operar en el mercado porque era una empresa vinculada a Víctor de Aldama. Este empresario gozaba de mucho acceso al Gobierno y en concreto al ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Una de las cuestiones que se investigan en el caso Koldo –competencia del Tribunal Supremo y de otro Juzgado de la Audiencia Nacional– es si la trama le compró un chalet en Cádiz a Ábalos para impulsar que el Ejecutivo le otorgase la licencia a Villafuel.

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El juez Pedraz, encargado de la causa que tiene que ver con el fraude al IVA de Villafuel, adopta esta decisión en un auto de reforma en el que confirma lo acordado en otra resolución del 24 de febrero en la que denegó mandar al Supremo la causa al no apreciar indicios contra el entonces ministro y actual diputado José Luis Ábalos. Si apreciase indicios de delito en su contra –como sí ha hecho el juez del caso Koldo– entonces el tribunal competente sería el Supremo por estar aforado.

“No existen en las presentes actuaciones un mínimo de indicios que permitan vincular a José Luis Ábalos Meco con la obtención de la licencia de operador de hidrocarburos por parte de Villafuel SL. Y, al efecto, como señala el Ministerio Fiscal, es, en última instancia, la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que deberá valorar y apreciar la eventual acumulación de todo lo relativo al expediente de Villafuel, en atención a los indicios de que disponga”.

No obstante, Pedraz asume la tesis de la Fiscalía en el sentido de que reconoce que no sabe lo que se está investigando en el resto de juzgados y “si existen indicios de la intervención de Ábalos en el otorgamiento de la condición de operadora de hidrocarburos a Villafuel, lo cual, en principio, y a la vista de lo recogido en el atestado, no parece muy plausible, ya que tal condición fue obtenida más de un año después de haber cesado a Ábalos como ministro”.

No sabe "si existen indicios de la intervención de Ábalos en el otorgamiento de la condición de operadora de hidrocarburos a Villafuel"

La petición de incorporar ese expediente al caso la hizo el colectivo Hazte Oír por medio de un recurso en representación de las acusaciones populares personadas en la causa. Ante esta petición, la Fiscalía se mostró a favor de incorporar el expediente. El ministerio público considera "razonable atender a esta petición del recurrente y que la indicada unidad policial remita el expediente administrativo a fin de que sea unido a las actuaciones y pueda ser examinado por las partes personadas".

La Fiscalía explica que la propia Fiscalía anticorrupción ya pidió en junio solicitar el citado expediente, comisionando para la ejecución de esta diligencia a la unidad policial encargada de las investigaciones y que las diligencias de investigación fueron remitidas junto a la querella, "sin que se hubiera incorporado esta documentación". En su escrito, la Fiscalía le advertía el juez que la UCO en uno de sus atestados "hace referencia al expediente de Villafuel, por lo que, si no ha sido aportado como anexo a este atestado, está a disposición de la UCO". Ahora el juez pide que el expediente se aporte a la causa sin perjuicio de que los investigadores policiales se queden con una copia del documento.