Un diputado de Compromís se suma a Podemos para tumbar la ley de inmigración de PSOE y Junts

No es sólo Podemos. El acuerdo entre el PSOE y Junts para traspasar a la Generalitat las competencias en materia de inmigración ha provocado temblores en el resto de partidos de izquierda. Nadie cuestiona que Cataluña tenga más autogobierno ni existen dudas sobre su constitucionalidad, pero las razones esgrimidas por Junts para justificar esta demanda, presentando a los inmigrantes como un problema para la convivencia y asimilando a los extranjeros con la delincuencia, han provocado un rechazo muy transversal en las formaciones que componen el grupo parlamentario de Sumar.

Ahora mismo, la ley orgánica que socialistas y posconvergentes han registrado en el Congreso no tiene apoyos suficientes. Podemos reitera que con sus votos "no se va a aprobar una proposición de ley que no implica descentralizar competencias sino descentralizar el racismo". Y en la misma postura se sitúa el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, cuyo partido pertenece a Sumar y que, en conversación con este diario, confirma su intención de no respaldar esta ley.

"No es un debate competencial sino una batalla cultural", explica. No se trata de que los Mossos estén o no en la frontera, ni vale la "excusa" de que quien aplicará la política migratoria es el Gobierno de Salvador Illa. "La gente de izquierdas no podemos asumir las tesis claramente xenófobas y racistas de Junts", asegura. "Lo que está en juego son los derechos humanos".

Los posconvergentes no han escondido que su interés al reclamar el control de las expulsiones es poder echar a los inmigrantes multirreincidentes. Una vez que han logrado el acuerdo con el PSOE, insisten en la misma idea. En un tuit difundido ayer para explicar su posición destacan que "un 59% de catalanes piensan que hay muchos inmigrantes en Cataluña y un 66% creen que se ha perdido el control de la inmigración". Pero Junts, subrayan, "ha encontrado una solución". "Cataluña gestionará las competencias de inmigración, que ahora decidía unilateralmente el Estado. Tendremos el control de las fronteras, los Mossos asumirán la seguridad de puertos y aeropuertos, gestionaremos la emisión de documentación acreditativa para extranjeros, podremos tramitar y resolver expedientes de expulsión, autorizaciones de residencia y estancia".

Y, añaden, "definiremos las ocupaciones prioritarias y las cifras de ocupación que se podrán cubrir con contrataciones en origen, según las necesidades del mercado laboral catalán, y asumiremos la gestión integral de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE)".

Esta visión, y no la conquista de más soberanía, es la que complica el aval de los partidos de izquierda. A la ley le queda un largo recorrido parlamentario, todavía la tiene que calificar la Mesa del Congreso y después que el PSOE o Junts la incluya en su cupo para la toma en consideración. Pero en estos momentos, si Podemos y el diputado de Sumar mantienen su rechazo, ni siquiera puede ser tramitada porque no superaría las más que previsibles enmiendas a la totalidad de PP y Vox.

Alberto Ibáñez asegura que avisó hace meses a la dirección de Compromís de que no contribuiría a que Junts "avive el racismo" y "empeore la percepción sobre la inmigración" con este debate. La otra parlamentaria de la formación valenciana, Àgueda Micó, no. Micó ratifica que abordaran el tema en la cúpula del partido y "veremos si hay voluntad por parte del PSOE de negociar". Me "apena muchísimo" el "juego de la derecha y de la extrema derecha", que aprovecha la migración para ir contra las personas que viven y trabajan en España "como uno más".

Podemos sostiene que sólo en otro contexto, con los posconvergentes remando a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide la regularización de los inmigrantes ilegales y sin voluntad de aplicar "políticas racistas", podrían sentarse a hablar de esta descentralizacion.

El malestar con el discurso de Junts y el pacto firmado con el PSOE alcanza también a Izquierda Unida y Más Madrid. Incluso la portavoz adjunta de Sumar y dirigente de En Comú, Aina Vidal, que inicialmente aplaudió el acuerdo porque supone más autogobierno para Cataluña, defendió ayer que hay que mirar la "letra negrita" del texto y hacer cambios por si en un futuro Junts vuelve a la Generalitat. "Hace mucho que compite con Aliança Catalana y nos da vergüenza ver cómo instrumentalizan los cuerpos y las vidas de las personas migrantes de una forma tan irresponsable", señaló.

En Más Madrid, su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, insistió por segundo día en sus reproches a los de Carles Puigdemont, censuró que traten de movilizar a su electorado con un "sentimiento antimigratorio" y alertó de que con sus mensajes "puede correr" el "marco xenófobo de todos los partidos de la derecha y de la ultraderecha".

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Izquierda Unida, según ratifican fuentes de la formación, ha vivido una intensa discusión interna sobre el sentido de su voto, precisamente por los postulados "racistas" de Junts. Finalmente, la postura es permitir que se debata en el Congreso, pero enmendarla después en el trámite parlamentario. No son reacios a mejorar las competencias de Cataluña, pero quieren "negociar el tema de las expulsiones". Y piensan que "hay que darle una vuelta" a la exposición de motivos.

"Hay muchos temas que precisar", sostienen otras fuentes de IU, "algunos de mucho alcance, como la validez de los permisos fuera de Cataluña". La voluntad, reiteran, es "mejorar la ley en la tramitación". "Verificar que todos los aspectos imprecisos sean acordes con la salvaguarda de las competencias del Estado y con la defensa de los derechos humanos".

Pero todo esto sólo será posible si la ley de Junts y el PSOE pasa la primera votación e inicia su andadura parlamentaria. Si los cuatro diputados de Podemos y el parlamentario de Compromís votan en contra, no hay camino.