La letra pequeña del pacto con Junts: así cambiarían las expulsiones y el control de fronteras

La proposición de Ley Orgánica presentada este martes por el PSOE y Junts en materia de inmigración reconoce a los Mossos d’Esquadra competencias que hasta ahora eran exclusivas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los puntos más sensibles son los que tienen que ver con el control de fronteras, la expulsión de extranjeros y la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). La letra pequeña incluye cambios significativos, pero también algunos interrogantes. El redactado de la pretendida norma ha causado estupor en las fuerzas de seguridad del Estado.

Los independentistas exhiben entre los compromisos logrados del PSOE –y por ende del Gobierno de Pedro Sánchez– la incorporación de los Mossos al control de las fronteras en puertos y aeropuertos, un extremo que rechazó hace menos de un año el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Esta cuestión viene recogida de manera clara en el artículo 9 del redactado: “Se delega en la Comunidad Autónoma de Cataluña las facultades de control de frontera relativas a la ejecución de la normativa del Estado en materia de devolución de personas extranjeras”.

“A tal efecto los Mossos d´Esquadra actuarán en los puestos habilitados para el acceso de personas extranjeras en puertos y aeropuertos, en colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad”, añade la proposición de Ley Orgánica, que delega también en la Generalitat la posibilidad de ampliar el número de puestos habilitados para estos controles. No en vano, el acuerdo contempla destinar 1.800 agentes de los Mossos a cuestiones de migración. Actualmente, estas funciones las desempeñan 1.500 agentes de la Policía y la Guardia Civil. “Ahora serán más y Mossos”, reivindicó en rueda de prensa la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.

Más ambiguo es, en cambio, el punto 3 de ese artículo 9, que hace referencia a los casos en los que se suspenda la libre circulación de personas en el espacio Schengen de los países de la Unión Europea. Esto sucede cuando hay una amenaza grave, principalmente de carácter terrorista o crimen organizado, y afecta sobre todo a las fronteras terrestres. En el caso de Cataluña, sería la separación con Francia.

Cuando se cierre el espacio Schengen

La norma apunta al menos a escuchar el criterio de la Generalitat a la hora de diseñar el plan de seguridad: “Cuando de conformidad a los artículos 25 y siguientes del Código Schengen se reestablezcan los controles internos de fronteras y estos afecten a Cataluña, la materialización y operatividad de los mismos se desarrollará conforme a los criterios establecidos en la Junta de Seguridad”. Esa Junta de Seguridad es el órgano de interlocución entre la Generalitat y el Ministerio del Interior.

Otra de las cuestiones claves de este acuerdo es la expulsión de extranjeros. Viene recogido en el artículo 6. Delega en la Generalitat la “expulsión” o “devolución” de extranjeros, pero en los casos en los que no sea necesario un “expediente de expulsión”. Este punto genera dudas entre los expertos policiales consultados, pero desde Junts insisten en que todas las propuestas de sanción y expulsión recaerían desde la aprobación de la ley en los Mossos d’Esquadra y no en la Policía, como hasta ahora.

Lo que tiene que ver con los casos de individuos que supongan una amenaza para la seguridad nacional, como puede ser un terrorista, se decidirá en la Junta de Seguridad. Pero la propuesta de expulsión también partirá de los Mossos d’Esquadra en caso de que lo consideren. Durante la rueda de prensa de este martes, los líderes de Junts expusieron sus motivos para gestionar la inmigración en virtud de cuestiones identitarias, al tiempo que calificaron de fracaso la labor que hasta ahora dependía de la Policía y la Guardia Civil.

Uno de los motivos de este acuerdo es el deseo de Junts de fagocitar la bandera política del control migratorio después de que hayan ganado peso los discursos en Cataluña que vinculan a los extranjeros con la delincuencia. Prueba de ello es el auge electoral de Aliança Catalana, la formación de extrema derecha independentista que encabeza Silvia Orriols, con un marcado mensaje contrario a los inmigrantes. Tanto el partido de Puigdemont como ERC asumieron que esta era una cuestión que comenzaba a ser capital entre su propio electorado.

Antes de este pacto, la ley ya contemplaba la posibilidad de expulsar tanto a extranjeros en situación irregular como a migrantes con los papeles en regla que delinquen. Pero en este aspecto, hay límites legales que otorgan a los jueces la última palabra. El artículo que se tiene en cuenta para expulsar a los inmigrantes delincuentes con los papeles en regla es el 57.2 de la Ley de Extranjería. Avala expulsar de España al extranjero que haya sido condenado por un delito que acarree una pena de cárcel superior a un año.

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El camino a seguir es la incoación de un expediente de expulsión, pero para ello es necesaria la existencia de una condena firme y la lentitud de la Justicia hace que eso pueda tardar años en producirse. Existe una vía más rápida, que es la administrativa. Es como la que se aplica para los ciudadanos en situación irregular mediante el artículo 53.1.a de la misma Ley de Extranjería.

Se inicia un procedimiento de expulsión que puede ser ordinario o preferente, este último más rápido y con plazos más cortos. Ese expediente de expulsión lo inicia la Policía Nacional, que es el cuerpo policial que tiene las competencias en la materia en toda España, también en Cataluña. Ese papel es el que cambiaría con la nueva ley, que otorgaría el protagonismo en exclusiva a los Mossos.

Contra esa apertura de expediente, el inmigrante puede presentar recurso ante la Delegación de Gobierno asistido por un abogado, casi siempre de oficio y gratuito. Si no consigue su objetivo, la policía procederá entonces a elevar una propuesta de expulsión que culmina con una carta de expulsión. Estos pasos también se pueden recurrir, por lo que nunca es inmediato.

Los CIE "dan vergüenza"

Abogados expertos en extranjería afirman que lo habitual es que el recurso se presente directamente ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. De este modo, la decisión ya no queda en manos de policías o funcionarios de la Delegación de Gobierno, sino que es competencia de los jueces. Los letrados acostumbran a acudir a esa ventanilla para pedir una suspensión cautelar de la orden de expulsión y ganar tiempo.

La vía judicial es otra posibilidad. El artículo 89 del Código Penal recoge la opción de sustituir la condena de prisión por la expulsión directa a su país cuando la pena sea superior a un año. Esto lo puede acordar el juez en la sentencia o lo puede pedir el fiscal una vez se dicta el fallo. En estos casos no hay que incoar expediente y a la expulsión procederían los Mossos.

Para asegurar la expulsión, la Policía puede pedir ingresar al inmigrante en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Este es otro de los puntos claves del acuerdo entre el PSOE y Junts porque arrebata a la Policía Nacional la gestión de estos centros para entregárselos a la Generalitat. En la rueda de prensa de este martes, el líder independentista Carles Puigdemont avanzó que va a cambiar el concepto de estas instalaciones, pero no concretó.

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“La situación de los CIE, quien la haya visitado, no es para estar orgulloso”, dijo ayer el expresidente de Cataluña, quien calificó la situación como “humanamente inaceptable”. “Da vergüenza”, ha sentenciado Puigdemont. Minutos después, en la misma rueda de prensa, el dirigente de Junts, Jordi Turull, rechazó contestar a la pregunta sobre si sus planes contemplan cerrar estos centros. Esa es una exigencia histórica de asociaciones de derechos humanos.

Los expertos policiales en Extranjería consultados por este periódico se pregunta si los Mossos d’Esquadra van a encargarse de materializar físicamente las expulsiones, algo que ni la norma ni sus impulsores han detallado hasta ahora. Recuerdan que para proceder a la expulsión de migrantes hay que organizar los traslados, ya sea en aviones o en barcos. El redactado de la proposición de Ley Orgánica tampoco desarrolla quién va a ejercer la interlocución con los países de origen antes de proceder a la entrega. Las fuentes consultadas advierten de que no siempre aceptan a sus nacionales.

Otra de las cuestiones que ha generado sorpresa entre la Policía y la Guardia Civil es el compromiso por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de incrementar la plantilla de Mossos hasta los 26.800 de aquí al año 2032. Eso son casi 9.000 agentes más de la actual plantilla, compuesta por algo más de 18.000 efectivos. Fuentes policiales conocedoras de las negociaciones aseguran que es una cifra muy superior de las abordadas hasta ahora en las juntas de seguridad. Al ser una Ley Orgánica, el PSOE y Junts necesitarán la mayoría absoluta del Congreso para sacarla adelante; es decir, el consenso de todo el bloque de investidura.