El Gobierno asume que la ley pactada con Junts puede caer por su discurso "racista"

La disparidad ideológica de los partidos que conforman (a ratos) la mayoría parlamentaria del Gobierno vuelve a chirriar tras el acuerdo entre el PSOE y Junts para la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña. El rechazo de Podemos al discurso "abiertamente racista" de los posconvergentes pone en serias dudas la aprobación en el Congreso de la ley orgánica para garantizar este traspaso.

El problema no es específicamente el texto de la ley, sino todas las declaraciones previas que han hecho los convergentes. Desde que en enero de 2024 consiguieran arrancar esta promesa al Ejecutivo, como precio a su apoyo en la convalidación de tres reales decretos ley, no han ocultado su pretensión de que el Govern pueda decidir sobre la expulsión de inmigrantes en situación irregular que sean reincidentes. La preocupación por la competencia electoral con Aliança Catalana, la formación independentista de ultraderecha, de la alcaldesa de Ripoll (Girona), ha endurecido la postura de Carles Puigdemont sobre la inmigración, hasta el punto de que hace dos semanas paró en seco una moción de censura en este municipio.

La asimilación de los inmigrantes con la delincuencia provoca el rechazo de casi todas las fuerzas progresistas. Ahora, con la ley orgánica ya pactada, las reacciones han sido algo más contenidas, a pesar de que Junts ha acabado por conseguir que sea la Generalitat quien decida sobre la expulsión de extranjeros, que según el Gobierno era una línea roja. El propio Pedro Sánchez había dicho públicamente que las expulsiones dependen únicamente de la Administración central.

En la Moncloa son conscientes de que no tienen garantías de sacarla adelante porque son fundamentales los cuatro diputados de Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, declaró ayer a Canal Red que "con sus votos no se va a hacer". El Ejecutivo confía en que cuando lean el texto comprobarán que es "asumible" y esgrimen en su defensa que quien aplicará la ley será Salvador Illa y no Junts. Existe un "abismo" entre los postulados del PSOE y los de Puigdemont, remarcan. Aunque reconocen que no pueden garantizar el apoyo de Podemos al traspaso de las competencias de inmigración, igual que no pudieron comprometer con ERC que habrá votos para impulsar una financiación singular.

TE PUEDE INTERESAR

Junts abre un cisma entre los socios del Gobierno por querer echar a los inmigrantes

Marisol Hernández

Para los morados, volcados en que prospere la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) de regularización de inmigrantes ilegales, este asunto es una cuestión capital, en la que tienen fácil distanciarse del Gobierno y también de Yolanda Díaz, a quien Belarra acusa de "mimetizarse" con el PSOE. Si votan en contra no lo harían contra el Ejecutivo de coalición -una tesitura más complicada- sino contra la derecha conservadora catalana. Los de Puigdemont ya avanzan que tratarán de convencerles. "No habrá problema en explicarles que es una herramienta para dar más autogobierno y hacer frente a un reto catalán", señalan fuentes de Junts.

Para Sumar tampoco es plato de buen gusto y la prueba es que los diferentes partidos de la coalición han exhibido posturas divergentes. Aunque la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo siguió la línea marcada por la Moncloa sobre que el texto es constitucional, no han faltado voces críticas como la del diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, para quien el pacto con Junts es "grave". No se puede contribuir a la "batalla cultural" con "marcos fascistas", porque en España el problema "no es la inmigración sino la especulación y el rentismo" en vivienda, señaló. O la de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que ve un riesgo de que "derive en una competición entre las comunidades autónomas por quien aplica políticas más xenófobas". Izquierda Unida tampoco ha mostrado ningún entusiasmo con el acuerdo.

TE PUEDE INTERESAR

Guerra en Junts: echar a Orriols de Ripoll o acercarse a la extrema derecha secesionista

Marcos Lamelas. Barcelona

Por ahora, más allá de proclamar que es una delegación de competencias y no una cesión, el Gobierno ha hecho poca pedagogía para defenderlo. La resistencia del Ministerio del Interior ha sido pública y notoria, pero Fernando Grande-Marlaska no tuvo ayer agenda por una infección bacteriana.

En el Ejecutivo se admite que la propuesta de expulsión de los inmigrantes queda en manos de la Generalitat, salvo cuando afecte a la seguridad nacional, pero resaltan que al tratarse de atribuciones delegadas, se pueden recuperar. Respecto a si han comprado el marco contra la inmigración, lo único que han alcanzado a decir es que la ley "pone en el centro los derechos humanos".

Ha sido Junts quien más interés muestra en vender el acuerdo de cara a su electorado. Si ellos gobernaran, el catalán sería imprescindible para que los extranjeros tengan papeles y, de hecho, presionarán tanto en Barcelona como en Madrid para que así sea. Aunque ahora en lo que quieren poner el foco es que tendrán competencias propias de un Estado. "Cataluña gana poder y reconocimiento nacional porque podemos ejecutar una normativa en el marco de la legislación europea a la catalana", explican fuentes de la formación.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Mal futuro para los inmigrantes en Cataluña

Ignacio Varela

Que se avance en el autogobierno atrapa el voto de ERC, pero su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, no dejó pasar ayer una advertencia: "Esperamos que Junts se acuerde de la Cataluña de Pujol y de todos y no de la Cataluña para cuatro de Orriols". A falta del resto de socios, mientras Podemos no varíe de postura, PSOE y el partido de Carles Puigdemont carecen del apoyo necesario para aprobar la ley orgánica.