El Gobierno desafía al Supremo y nombra a Magdalena Valerio consejera permanente del Consejo de Estado

El Gobierno ha designado este miércoles como consejera permanente de Estado y presidenta de la Sección Segunda del Consejo de Estado a la exministra Magdalena Valerio cuyo nombramiento como presidenta del órgano fue anulado por el Tribunal Supremo al no quedar acreditado que reuniera los requisitos como jurista de reconocido prestigio. La decisión ha sido publicada en el Boletín del Estado, en el que se especifica que se realiza a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de este martes.

En noviembre de 2023 el Supremo tumbó el nombramiento de la exministra socialista como presidenta del Consejo de Estado al concluir que no se trata de una jurista de reconocido prestigio. El Gobierno de Pedro Sánchez la designó para el puesto en octubre de 2022 con el visto bueno de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, pero los magistrados concluyeron que aquella valoración fue política y en ningún caso afecta al examen "técnico-jurídico".

“El tenor literal del artículo sexto es cristalino: son dos las condiciones que debe reunir quien asuma la presidencia de este órgano. No hay excepción, ni matización, ni preferencia de la una sobre la otra. Y la razón de ser de ambas es distinta, pero concurrente: asegurar que quien esté al frente del Consejo de Estado reúna la doble cualificación que quiere el legislador. Es decir, prestigio jurídico y conocimiento experto de los asuntos de Estado”, sostenía el Supremo en una ponencia del magistrado Pablo Lucas.

Los magistrados no cuestionaban "la notoria y sobresaliente trayectoria" de Valerio e incluso mencionan sus cargos previos como ministra, diputada, consejera, teniente de alcalde y concejal para reconocer "su profunda experiencia en asuntos de Estado", pero avisaban de que este bagaje en ningún caso la convierte en una jurista de reconocido prestigio. "Desde luego, nada consta en el expediente en este sentido y tampoco se halla en el procedimiento indicación alguna sobre la misma", decían. "Su curriculum vitae muestra una carrera funcionarial meritoria, pero de ella no se puede deducir la pública estima en la comunidad jurídica que implica el prestigio reconocido".

Malestar del Ejecutivo

En octubre de 2022, el Gobierno trató de evitar este escenario incluyendo de forma expresa una referencia a que Valerio es una "jurista de reconocido prestigio" en el acuerdo con el que el Consejo de Ministros sacó adelante su nombramiento. Sin embargo, la sentencia no dejó lugar a dudas respecto a las trayectorias a las que cabe añadir esta etiqueta: "Ha de ser la lograda y mantenida a través del ejercicio profesional prolongado de la abogacía o de cualquier función jurídica, judicial, fiscal, administrativa, docente, investigadora, publicística o de cualquier naturaleza que suponga un dominio del Derecho tan notable que despierte el aprecio profesional".

El malestar del Ejecutivo con aquella anulación de la Sala de Contencioso del TS fue evidente desde un inicio y sus efectos se hicieron notar más tarde. Moncloa se la guardó a Pablo Lucas y se opuso desde un inicio a su posible designación como presidente del Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El magistrado aspira ahora a la presidencia de su sala con la oposición del sector progresista del órgano de gobierno de los jueces.