El PP llevará a Bolaños ante el Supremo por tocar una ley en el BOE a espaldas del Parlamento

La calidad del sistema político se mide, fundamentalmente, por el respeto al procedimiento. Y es de lamentar que el debate español lleva mucho tiempo enfrascado no ya en quién pacta y para qué sino en cómo se hace y se deshace la legislación, para quiénes y contra quiénes, en un Parlamento roto en el que ambos bloques se acusan de malas artes y del entierro de la democracia.

La aprobación de la ley orgánica de eficiencia del servicio público de Justicia, la llamada ley Bolaños, ha generado el último gran enredo legislativo. El Senado ha elevado otro conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, el segundo tras el motivado por la ley que acorta las penas de prisión a los etarras, que desveló este periódico, después de que el Congreso desoyera el veto expresado por el Pleno de la Cámara Alta, por estimarse fuera de plazo.

En paralelo, según ha podido saber El Confidencial, senadores del PP acudirán al Tribunal Supremo por la vía del contencioso-administrativo para denunciar que se han lesionado sus derechos como legisladores después de que se modificara la ley que moderniza el sistema de Justicia por la vía de subsanación de errores en el Boletín Oficial para evitar pasar de nuevo por las Cortes. "Un peligroso precedente", denuncian en Génova.

Desde el Gobierno se desdeña la iniciativa judicial del PP, alegando que el BOE está plagado de corrección de errores de textos legislativos. "Que denuncien donde quieran, se han publicado miles de errores, si esa es toda la oposición que pueden hacer al Ministerio de Justicia estamos tranquilos", responden en el equipo del ministro de la Presidencia. Sin embargo, fuentes parlamentarias del Senado aseguran que su demanda tiene muchos visos de prosperar.

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En esta ocasión, el Gobierno olvidó incluir en la tabla salarial de los jueces el complemento para dos categorías, entre ellos, los de los juzgados unipersonales, lo que les provoca una merma de hasta 3.500 euros mensuales. El 11 de enero, el BOE publicó, únicamente en la sección Congreso, una corrección de errores para añadir las cuantías, aunque las cifras sobre complemento de destino de los grupos 4 y 5 quedaron igualmente desactualizadas, lo que obligó al Gobierno a aprobar, el 11 de febrero, un real decreto para “regularizar” el régimen retributivo de la carrera judicial y fiscal. En ese decreto, el Ejecutivo admitía que el baile de publicaciones “puede llevar a confusión”, aunque fuentes de Moncloa aseguran que el riesgo de inseguridad jurídica se habría resuelto ya.

Letrados de las Cortes explican a El Confidencial que la modificación obrada por el BOE “excede de la mera corrección técnica, terminológica o gramatical” como contemplan los reglamentos del Congreso (artículos 114.3 y 118.3) y del Senado (artículos 115 y 125.3). Una interpretación “restrictiva” sobre el concepto del error, apuntan las fuentes consultadas, que también recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por lo que anticipan una severa derrota judicial del Gobierno, que le obligará a traer la ley de Bolaños nuevamente al Parlamento. También coincidiría su visión con la expresada en la ley del Procedimiento Administrativo (artículo 109.2), que limita esta figura a “los errores materiales, de hecho o aritméticos”, y que resultaría aplicable al ámbito parlamentario.

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Fuentes del Gobierno, por su parte, señalan que todo se ha hecho con el aval de letrados del Congreso y apremian al PP a "explicar a los jueces que no cobrarán" el complemento de la polémica si tumban sus correcciones. Los de Feijóo responden que, si el PSOE quiere, la tramitación de la nueva proposición de ley que subsane las lagunas del texto actual, y que ya han registrado ellos en las Cortes, no tardará. En cualquier caso, defienden que debe legislarse bien para sortear el escenario de "inseguridad jurídica" provocado por el Ministerio.

"Se ha introducido una enmienda sustancial al texto por la puerta de atrás", insisten fuentes del Senado, desde donde se denuncia "otro rasgo autoritario" del Ejecutivo. "A este paso, gobernarán de verdad sin el Parlamento". “Pretenden que cuele como corrección de error lo que es una enmienda en toda regla que no ha pasado por el Senado”, denuncian estas voces fuentes parlamentarias de la Cámara Alta.