Sánchez da a los Mossos la seguridad en aeropuertos, los CIE y competencias para expulsar migrantes

El PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo para el traspaso a Cataluña de las atribuciones de inmigración, que permitirá la Generalitat gestionar la autorización de estancias de extranjeros de larga duración, residencia temporal o duradera, la expedición del DNI y las devoluciones, en el caso de que exista una prohibición de entrada. Los Mossos d'Esquadra estarán también en frontera, actuarán "en coordinación" con Policía y Guardia Civil y se ocuparán de la seguridad de puertos, aeropuertos y las
zonas críticas en cooperación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A partir de ahora, el Govern instruirá y ejecutará las expulsiones que no requieran un expediente de devolución y en las que sea necesario este proceso se llevarán a cabo bajo su propuesta, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Cataluña. Además, la Generalitat gestionará de manera integral los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Todos estos cambios se han volcado en una propuesta de ley orgánica de delegación de competencias, que los dos grupos parlamentarios han registrado este martes por la mañana, y que configura al Govern como una "ventanilla única" para la gestión de la inmigración. Según han pactado los dos partidos, con esta ley la Generalitat podrá desarrollar un "modelo propio", porque, aseguran, en "todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración, las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del Estado español".

Una política "integral", como pedía Junts. Carles Puigdemont exigía que el control de fronteras dependiera únicamente de los Mossos d'Esquadra mientras que el Ejecutivo ofrecía la fórmula compartida con Policía Nacional y Guardia Civil, hasta ahora los únicos cuerpos encargados de esta vigilancia. El Gobierno siempre ha defendido que las fronteras son una competencia exclusiva del Estado, reconocida en la Constitución, cuyo traspaso no era posible. El pasado verano ya se acordó con Euskadi la cesión del control del orden público a la Ertzaintza en puertos y aeropuertos, que es lo que hace ahora con Cataluña.

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Pero el concepto de este traspaso competencial va mucho más allá de un mero reparto de funciones, significa otra mirada al fenómeno de la inmigración, en un territorio donde la presión de extranjeros en algunos municipios ha dado alas a Aliança Catalana, un partido independentista y xenófobo.

El texto pactado proclama que Cataluña ha sido siempre un territorio que ha acogido a muchas personas procedentes de otros lugares y ha tenido la capacidad de integrarlas. Pero actualmente, recuerdan, el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% han nacido fuera. Es esta situación la que determina "la necesidad de asumir la gestión de dicho fenómeno por parte de la Generalitat y las entidades locales que la integran, como administraciones más cercanas a la población". El Govern podrá incluso, junto a empresas y sindicatos, determinar los perfiles y el contingente de trabajadores extranjeros en las contrataciones en origen.

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Para poder ejercer todas estas nuevas políticas se incrementará el número de Mossos de Esquadra en 9.000 agentes, de 18.0000 efectivos llegarán a 26.800 y será este cuerpo el que ejercerá la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata de y explotación de seres humanos.

Junts ponía por delante el cumplimiento de este compromiso de tener todas estas atribuciones antes de dar su apoyo al Ejecutivo en otros temas y en su estrategia de presión llegó a presentar una proposición no de ley en la que exigían que Pedro Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza.

El tira y afloja entre el PSOE y Junts se ha alargado durante meses. La Moncloa prometió este traspaso en enero del año pasado, cuando los votos de Junts fueron indispensables para aprobar tres reales decretos ley. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aseguró a finales de noviembre que estaba prácticamente listo, pero han hecho falta muchas más semanas de conversaciones para consensuar un texto, que ahora se tramitará en las Cortes como proposición de ley, lo que evita todos los informes de los órganos consultivos del Estado, preceptivos cuando la iniciativa legislativa parte del Consejo de Ministros.

El Gobierno refuerza así sus lazos con Junts y puede aspirar a abrir las negociaciones sobre los presupuestos de este año que, como todas las votaciones dependen del voto de los posconvergentes para que exista una mayoría parlamentaria suficiente.