Los jueces de violencia de género alertan sobre la reforma del Gobierno: "Va a suponer el colapso"

Los jueces de 136 juzgados de violencia sobre la mujer han emitido un comunicado en el que cargan con dureza contra los cambios que el Gobierno ha introducido en una de sus últimas leyes. "El efecto inmediato de la reforma va a ser el colapso total de unos juzgados ya de por sí sobrecargados, en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas", advierten.

Los firmantes se refieren a la nueva ley en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, cuyo artículo 89 atribuye ahora a las secciones de violencia sobre la mujer aquellos procesos en los que se exija responsabilidad penal por delitos contra la libertad sexual, así como por mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual. Hasta ahora, estos juzgados ya asumían esos delitos "cuando entre la víctima mujer y el agresor varón mediara o hubiera mediado un vínculo afectivo", pero la reforma del Gobierno implica que pasen a hacerse cargo de todos los procesos con independencia de que se cumpla ese requisito.

"Ello supone un salto cualitativo y cuantitativo en el ámbito de la competencia objetiva y subjetiva de unos juzgados ya de por sí saturados", critican en el comunicado. "Lo que no se cuenta a la ciudadanía es que en estos casi veinte años se ha aumentado progresivamente y exponencialmente tanto el tipo de delitos de los que aquellos conocen como el número de denuncias, sin que este aumento haya ido acompañado de una correlativa ampliación del número de juzgados".

Según los cálculos del Ministerio de Justicia, la reforma va a suponer un aumento de la carga de trabajo de al menos el 20% y "se va a trabajar para que tengan los medios suficientes", pero los firmantes no dan por buena esa promesa. "Lo que no se informa a la ciudadanía es que, en la actualidad, la mayoría de estos órganos trabaja con una absoluta precariedad de medios", denuncian. "Tampoco se cuenta que ese 20% de carga adicional se produce precisamente respecto de unos delitos, contra la libertad sexual y de trata con fines de explotación sexual, en los que el número de asuntos no refleja el tiempo de trabajo y la atención directa y personalizada".

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Desde el PSOE han defendido que estos cambios responden a "la necesidad de un abordaje integral de todas las formas de violencia contra las mujeres", pero los propios jueces echan por tierra ese razonamiento y recuerdan que su competencia debe limitarse a aquellos casos en los que se dé "una concreta relación entre la mujer víctima y el varón agresor". En caso contrario, se estaría incluyendo "cualquier forma de violencia contra la mujer por el mero hecho de ser mujer", lo que "supone un desbordamiento" que acabará con la "saturación y colapso" de los juzgados, además de "la absoluta imposibilidad material de seguir proporcionando a la víctima un trato adecuado".

La entrada en vigor de esta reforma está prevista para el 3 de octubre de 2025, mientras que el principal refuerzo al que apuntan desde el Gobierno, el de "reconvertir secciones de instrucción en secciones de violencia sobre la mujer", no llegaría hasta el 31 de diciembre. "Es decir, que esas supuestas “facilidades” para la asunción de la competencia no son reales", advierten en el comunicado.

Los firmantes insisten además en que, desde el mismo momento en que se aprobó la ley, avisaron sobre sus consecuencias: "Se va a producir un significativo paso atrás en la lucha contra la violencia de género (...) ante la imposibilidad material de poder atender de manera pormenorizada y detallada cada asunto civil y penal, existiendo ya estudios que demuestran que los juzgados más congestionados son los más proclives a rechazar las peticiones, precisamente por esa sobrecarga que sufren". Según concluyen en su escrito, "cuando todo es importante y urgente, nada es preferente".