"¿Os vais a ir ahora?": así se tejió desde Génova el motín de las CCAA del PP contra Montero

Nada anticipaba que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles fuera a transcurrir tranquila. Gobierno y PP se asomaban a una cita especialmente convulsa, con la condonación de la deuda y el pacto con ERC como telón de fondo. Génova había logrado aparcar las evidentes fisuras de sus territorios en materia de financiación, pero quería ir un paso más allá y exhibir una 'foto de unidad' frente a la quita de Hacienda. Y la tuvo. El resultado fue una desbandada en bloque de todos los consejeros de Hacienda del PP apenas una hora después de que arrancase la cita con María Jesús Montero en el Paseo de la Castellana de Madrid.

El gesto no tenía precedentes. Fue inesperado... y premeditado. Génova llevaba días preparando la coreografía con los equipos de sus 12 representantes autonómicos —además de Ceuta, Melilla y Canarias—. El plan comenzó a pergeñarse en una reunión privada el pasado lunes por la tarde. El vicesecretario de Economía, Juan Bravo, citó a los consejeros del ramo para preparar la reunión con Montero tras el anuncio de Oriol Junqueras, que desveló el 'pastel' de la condonación: más de 17.000 millones para Cataluña. Pocas horas después, la ministra de Hacienda se encargó de poner la guinda: el Gobierno condonaría más de 83.000 millones a todas las regiones.

La cita del lunes sirvió para elaborar el documento común firmado por todas las comunidades del PP, y que éstas entregaron en persona a María Jesús Montero este miércoles. Pero, según fuentes presentes, en esa reunión también comenzó a sobrevolar la idea de escenificar su rechazo a la condonación más allá de votar en contra del trámite. Varios territorios, entre ellos la Comunidad de Madrid, tomaron la iniciativa y propusieron plantar directamente a la ministra de Hacienda. La región gobernada por Isabel Díaz Ayuso es una de las más beligerantes con la quita. De hecho, ha sido la primera en anunciar que explorarán la vía de los tribunales para evitar que la propuesta del Gobierno se materialice.

El PP tenía la tentación de no personarse siquiera en las dependencias de Hacienda. Si hubieran optado por esa vía, explican fuentes del Ministerio, el Consejo no habría podido constituirse y, por tanto, la propuesta de condonación no se hubiera sometido a votación por falta de cuórum. El boicot podría haber sido total. Pero Génova también se asomaba al abismo de la contradicción. Porque son ellos, junto a sus barones, los que han pedido durante meses la celebración del Consejo de Política Fiscal para poder debatir con Hacienda asuntos que les afectan de forma directa. Así que la dirección del PP tiró por la calle del medio.

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Génova consultó las "impresiones" de sus autonomías y los posibles "escenarios", y la decisión se tomó de forma definitiva sólo unas horas antes de que arrancase el cónclave con Hacienda y el resto de regiones. "Hemos participado de un Consejo que hemos pedido nosotros, pero no participaríamos en una votación que se ha acordado en una mesa camilla entre Waterloo y la sede de ERC", sentencian en la cúpula nacional. Cuando apenas llevaban una hora reunidos y quedaba por discutir el punto 5 y 6 del orden del día, relativo al reparto de la recaudación sobre el impuesto a la banca y a la condonación, el consejero de Hacienda de Galicia, Miguel Corgos, tomó la palabra e interrumpió la sesión.

Se da la circunstancia de que el dirigente gallego acababa de ser ratificado previamente como vicepresidente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y ese estatus le erigió como portavoz de sus compañeros. Tras manifestar a viva voz el rechazo del PP al "modelo negociado bilateralmente" entre el Gobierno y ERC y repudiar que el Gobierno no hubiera incluido en el orden del día la reforma del sistema de financiación que reclaman todas sus comunidades, Corgos se levantó, dio el documento a Montero y los consejeros del PP comenzaron a levantarse de sus asientos.

— ¿Os vais a ir ahora?

— Sí.

— ¿No os vais a quedar siquiera para debatir?

— No.

Los consejeros populares abandonaron en tromba la sala, se congregaron en unas escaleras para hacer declaraciones ante los medios de comunicación y denunciar la "tomadura de pelo", la "comparsa" y los "chanchullos" de Montero. El consejero de la Xunta volvió a tomar la palabra, pero no tardó en ser interrumpido por la representante de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert. La madrileña justificó la presencia al cónclave por "lealtad institucional" pero repudió duramente la propuesta de condonación. En la atropellada intervención de los responsables de Hacienda, tampoco perdió la oportunidad de tomar la palabra la consejera de Andalucía, Carolina España, que será precisamente la comunidad más beneficiada de la quita de Montero.

La pregunta que planeaba en el ambiente, y que los dirigentes populares evitaron contestar, es si firmarán el convenio voluntario para adherirse a la quita si ésta termina viendo la luz tras su paso en el Congreso, aunque el PP de Feijóo vote en contra del trámite. Sólo Baleares y Madrid mostraron de forma contundente su negativa a caer en esa "trampa", y no aceptarán el dinero. Por el momento, Andalucía tampoco sale del 'no', pese a que la propuesta inicial de Montero le permitiría librarse de 18.000 millones de euros del pasivo con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). "Las deudas hay que pagarlas, no perdonarlas, porque las deudas no desaparecen", zanjó España.

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Pero otras regiones especialmente endeudadas, como la Comunidad Valenciana, evitaron cerrar la puerta a ese escenario. Al menos no con la contundencia de sus compañeros. Preguntada por la posibilidad de firmar el convenio de adhesión a la quita, la consejera de Hacienda valenciana, Ruth Merino, afirmó que "siempre tomaremos las decisiones que más beneficien a los valencianos". "Para contestar a esa pregunta, tendríamos que conocer el proyecto de ley", apuntan también desde la Región de Murcia, en línea con otras comunidades que dejan el escenario abierto: "Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente".

Tras el show de este miércoles, la batalla continúa. Pese al desplante de las comunidades del PP, el Gobierno sólo necesitaba el respaldo de Cataluña para sacar adelante la iniciativa. Contó, además, con el apoyo de los dos consejeros del PSOE que quedaban en la reunión: Asturias y Castilla-La Mancha. Montero anunció también que iniciaría una ronda de contactos bilaterales con los responsables autonómicos en las próximas semanas con el objetivo de incorporar a la futura ley las particularidades de cada territorio. Y esta ronda de encuentros puede volver a dividir a los populares, entre los proclives a aceptar la reunión y los que prefieren alejarse del "caramelo envenenado" del Gobierno.