El juez avisa al fiscal general: "Es una evidencia que ha hecho desaparecer pruebas"

El magistrado Ángel Luis Hurtado ha dictado este martes un auto en el que destaca que "es una evidencia" que el fiscal general del Estado "ha hecho desaparecer pruebas". Según remarca, estos hechos encajan con que Álvaro García Ortiz "debió haberse representado la posibilidad" de que en su móvil se encontraran "datos relativos a terceros".

Hurtado deja caer esta advertencia después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya detectado que García Ortiz llevó a cabo "un cambio de terminal telefónico" y borró todos sus mensajes de Whatsapp tras ser imputado en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. El juez reconoce que “carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar", pero, al mismo tiempo, sostiene que "tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción".

Como ha ido informando El Confidencial, este borrado de mensajes en principio no se considerará una actividad delictiva de forma independiente ni provocará la imputación de nuevos delitos al fiscal general, pero sí puede ser tomada por el Supremo como un indicio incriminatorio que allane el camino para un hipotético juicio. García Ortiz es consciente de ese riesgo y está dispuesto a llegar al Tribunal Constitucional para tratar de anular el registro de su despacho, pero, hasta entonces, Hurtado sigue adelante con la instrucción.

Entre sus últimas diligencias, destacan las que ponen el foco en Presidencia del Gobierno. La investigación ya ha acreditado que el correo clave que la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso envió a la Fiscalía terminó por llegar a Moncloa. "Con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo de 2 de febrero de 2024", advirtió el juez en una reciente resolución. Hurtado considera que estas filtraciones tenían "una clara finalidad política", pero, como apunta en su nuevo auto, el borrado de mensajes ha impedido situar al propio García Ortiz o a "terceros" tras las mismas.

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“Es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles, y, aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo, de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición, y no aprovechar para realizarlo el día 16 de octubre de 2024, cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre”, critica el juez.

Hurtado incluye esta reflexión en un auto con el que atiende en parte las quejas de García Ortiz y fija que las acusaciones y las defensas solo puedan acceder a los anexos de los informes de la UCO de forma presencial en el propio tribunal. El magistrado da este paso después de que en uno de los últimos anexos se incluyera la dirección del domicilio del fiscal general, lo que ha provocado que este acuda al Consejo General del Poder Judicial para exigir que se protejan sus datos personales y que el Ministerio del Interior estudie reforzar su seguridad.

"Son reiteradas las ocasiones en que este magistrado (...) ha recordado a las partes el deber de reserva que a todas ellas incumbe", concluye ahora el juez en su auto. "Esa misma línea se ha de seguir en lo sucesivo, en relación con diligencias del tipo que nos ocupa, de manera que, sin perjuicio de la entrega a las partes del documento en que se recoja la pericia oficial, los anexos que la complementan quedarán a disposición de las partes en la secretaría de este tribunal".