Los barones del PP acatan la orden de Feijóo y rechazan en bloque la quita de Hacienda

Génova lleva meses puliendo con sus comunidades autónomas una foto de unidad en materia de financiación que ha aflorado en el momento preciso. La condonación de la deuda ha sido siempre un tema delicado que ha tensado en más de una ocasión las costuras del partido. Y la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que Sánchez agendó para principios de año se entendía en el PP como un momento decisivo. Feijóo se propuso llegar a la cita con una posición común, que amenazaba con resquebrajarse por la lluvia de millones prometida para el Gobierno para todas las autonomías, y que quitaría una pesada carga a regiones como Andalucía, Comunidad Valenciana o la Región de Murcia.

La quita de deuda siempre ha sido una línea roja para Alberto Núñez Feijóo. Y, al menos por ahora, ha logrado mantener las fisuras a raya. El líder del PP anunció en Génova que todos los presidentes autonómicos del PP votarían "no" a la condonación del pasivo en la reunión de este miércoles. Y fue tan claro porque, en realidad, ya había pactado con sus presidentes autonómicos, incluso con los más reticentes, un frente común que se ha tejido en privado, con reuniones periódicas entre el responsable de Economía, Juan Bravo, los consejeros de Hacienda y expertos del ramo, además de las comidas y encuentros entre el propio Feijóo y sus barones.

Los presidentes del PP no sólo habían acordado rechazar en bloque el 'café para todos' de Montero en el seno del CPFF, sino que también habían pactado con Génova un documento de mínimos para llevar a la reunión. Al margen de exigir a Montero activar de forma urgente la paralizada reforma del sistema de financiación —que no forma parte del orden del día—, los populares llevarán a la cita una propuesta de "reestructuración de deuda" para paliar los efectos negativos del pasivo... sin perdonarlo. Génova sólo acepta una "excepción" parcial para la Comunidad Valenciana: la dispensa de la deuda generada de forma extraordinaria por la DANA, y que en la dirección del PP cifran en unos 4.500 millones de euros.

Según ha podido saber El Confidencial, la propuesta común del PP incluye la bonificación de los tipos de interés; alargar los vencimientos de los plazos para el pago; activar un período de carencias mientras se negocia la reforma de la financiación autonómica; dotar a las comunidades de "autonomía financiera" para facilitar una salida progresiva a los mercados; y activar fondos de compensación para las regiones con mayores dificultades, no sólo por su alto endeudamiento con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), sino también por su infrafinanciación.

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No obstante, y pese a controlar la mayoría del territorio, las peticiones del PP quedarán en agua de borrajas. El Gobierno sólo necesita el voto afirmativo de una de las comunidades para aprobar su propuesta de condonación, y cuenta con el 'sí' asegurado de Cataluña. El perdón del pasivo catalán es una de las grandes cuentas pendientes de Sánchez con ERC, que entronca con el compromiso con Junts de impulsar una financiación singular para Cataluña. El Ejecutivo, consciente de la fuerte oposición que se encontraría en el resto de regiones, maniobró para extender la quita y, de paso, tratar de enfrentar a las regiones gobernadas por el PP.

La quita es una cuestión que ha dividido abiertamente a los barones del PP entre los que desprecian directamente esta fórmula —como Isabel Díaz Ayuso, que no tiene deuda con el FLA, y el propio Feijóo— y los que se abrían a explorarla, siempre dentro de una negociación para reformar el sistema de financiación, un bloque en el que se ha ubicado, por ejemplo, Carlos Mazón —la Comunidad Valenciana acumula casi 60.000 millones, con el ratio sobre el PIB (41,2%) más alto de España—, Fernando López Miras (Murcia) o Juanma Moreno (Andalucía).

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El caso de la región andaluza es singular, porque se trata del territorio que sale más beneficiado de la fórmula ideada por María Jesús Montero, por encima incluso de Cataluña. Si la propuesta ve la luz, Andalucía vería reducido su pasivo en 18.791 millones de euros, lo que supone una reducción del 41,7% de su deuda total. Hace un año, la consejera andaluza de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, sostuvo que "sería absurdo negarse" a una condonación si ésta se hace "para todas las comunidades autónomas".

Pero el discurso ahora es muy distinto. Moreno ha seguido el patrón de Génova y se opone de forma categórica a las "trampas" del Gobierno porque "no soluciona nuestros problemas ni arregla la infrafinanciación respecto a la media", informa Carlos Rocha. "La propuesta es una nueva cesión de Sánchez y Montero al independentismo", apuntó este lunes la portavoz andaluza. "Andalucía no tiene un problema de deuda, no lo necesita y no lo ha pedido (...). No consentiremos que se utilice a Andalucía para blanquear sus acuerdos con los independentistas", zanjó, en línea con el argumentario nacional.

Es la posición que siguieron, en público y en privado, en todas las salas de máquinas territoriales controladas por los populares. "Esto no es una cuestión de dinero, es una cuestión de principios", resume uno de los presidentes autonómicos más críticos con la quita. "Es una ofensa y un nuevo trato de privilegio hacia Cataluña", argumentaron desde el ejecutivo de Murcia, que manifestó un rechazo rotundo en línea con los presidentes de Aragón, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Cantabria o Madrid. La mayoría utilizaron el mismo sustantivo: "trágala".

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Al menos en su primera valoración, sólo desde el ejecutivo de Carlos Mazón evitaron poner tanto el foco en el rechazo a la cesión al independentismo como en la escasez de condonación que correspondería a la Comunidad Valenciana —11.210 millones de euros— y reiteraron su exigencia de retomar la reforma del sistema de financiación y la activación de un fondo de nivelación por parte del Estado.

No obstante, distintas fuentes territoriales anticipan que la batalla no ha acabado y que, pese al frente común que exhibirán este miércoles, el Gobierno tratará de dividir a los barones del PP antes o después. La votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es sólo el principio, ya que la propuesta de condonación debe aprobarse en el Congreso de los Diputados mediante una ley orgánica, que Montero quiere tener lista antes de final de año. La ministra de Hacienda prevé, además, celebrar nuevas reuniones bilaterales técnicas con cada comunidad autónoma previas a la aprobación del proyecto de ley en el Consejo de Ministros.

Este lunes, la dirigente socialista dejó claro que se trata de una iniciativa voluntaria, lo que forzará a las regiones del PP a retratarse y decidir si quieren o no acogerse a la quita de deuda para sus territorios cuando la ley entre en vigor. Génova tratará de mantener en pie la unidad de acción, aunque algunas fuentes territoriales ya anticipan el "riesgo" de fisuras, y miran a Juanma Moreno como uno de los dirigentes que tendrá "más difícil" negarse a aceptar el perdón de su pasivo por la proximidad de las elecciones andaluzas, en las que se medirá, precisamente, a María Jesús Montero. "Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente", apuntan.