La defensa del novio de Ayuso decide que no declare a la espera del recurso de la Audiencia

El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, se ha negado este lunes a declarar. Según apuntan fuentes jurídicas, su defensa ha insistido en que la comparecencia debía suspenderse porque la Audiencia Provincial de Madrid aún no ha resuelto su recurso contra la ampliación de la causa a nuevos delitos. Tras la negativa de la jueza a atender esta petición, González Amador ha rechazado responder a pregunta alguna.

Las mismas fuentes apuntan a que el empresario ha remarcado este lunes ante la jueza que él es "el primero que quería haber declarado", pero que sus abogados le exigen "esperar a la resolución de la Audiencia". También ha criticado el "cambio de criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado", que ahora apoyan la mencionada ampliación de la causa.

Esta era la quinta vez que la jueza citaba al novio de Díaz Ayuso a declarar como imputado. La Fiscalía Provincial de Madrid le denunció a él y otras cuatro personas en febrero de 2024 por dos delitos contra la Hacienda pública y otro de falsedad documental. La investigación se centra en una serie de empresas en las que González Amador consta como administrador único y con las que supuestamente defraudó 350.951,41 euros a través del impuesto de sociedades de 2020 y 2021.

El PSOE y Más Madrid, que están personados como acusaciones populares, lograron el pasado octubre que la jueza abriera una pieza separada para investigar otros delitos. Esa es la decisión que la defensa de González Amador ha recurrido ante la Audiencia Provincial y, una vez reciban respuesta, solicitarán que comparezca de forma voluntaria ante la magistrada, aseguran las mismas fuentes. Los otros cuatro investigados también han optado por no declarar este lunes.

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El novio de Díaz Ayuso ha llegado al juzgado sobre las diez de la mañana. Ha entrado y salido por puertas diferentes y ha rechazado hacer declaraciones a los medios. Al abandonar el juzgado, ha sufrido además un golpe en la cabeza al chocar con uno de los cámaras, lo que ha provocado que la presidenta madrileña cargue horas después contra la delegación del Gobierno por no poner un "mínimo dispositivo" pese a saber "que este es un juicio político”.

Díaz Ayuso también ha celebrado que su pareja haya entrado "por la puerta y no por el garaje", en referencia a que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, accedió a los juzgados en coche por motivos de seguridad. "Ha sido agredido por un cámara, no se ha golpeado", ha criticado. "Pero en esto quiero culpar a la Delegación de Gobierno, que no ha sido capaz de poner un mínimo dispositivo sabiendo que este es un juicio político y que iba a tener tantas cámaras. Y que entre un ciudadano a pie y que tenga que salir con la frente como ha salido después de ser golpeado es inasumible".

El posible acuerdo se complica

La jueza en principio acordó en noviembre que no citaría a González Amador hasta que la Audiencia resolviera este recurso, pero la Fiscalía reclamó dos meses después que se celebrara ya la comparecencia. Según advirtió, la ley impone un plazo de un año para la instrucción de la causa y este vencerá en marzo. Aunque dicho plazo es prorrogable, el fiscal considera que no se puede valorar la necesidad de alargar el procedimiento sin antes tomar declaración al empresario y al resto de investigados.

La Fiscalía también rechazó el pasado julio a que se ampliara la investigación contra González Amador a los nuevos delitos a los que apuntaban las acusaciones. "El objeto del presente proceso es cómo tributó González Amador", advirtió en aquel escrito. "El fiscal se opone a que se acuerde la práctica de las diligencias interesadas por la acusación popular porque son innecesarias para acreditar los hechos y delitos objetos del proceso".

Pese a ello, la jueza terminó por atender en parte los argumentos de las acusaciones populares y abrió una pieza separada para investigar los posibles delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. La defensa de González Amador recurrió esta decisión, pero la Fiscalía cambió entonces de postura y se opuso a su solicitud de archivo.

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"No es descabellado tampoco alegar —como hace la acusación popular y asume la Instructora— que la utilización de facturas falsas de una mercantil mexicana y otra marfileña y la interposición subjetiva simulada de la mercantil Masterman en la relación comercial real entre Maxwell y Quirón Prevención es una 'utilización de personas ( .. .) jurídicas (...) interpuestos, que oculte o dificulte (. . .) la determinación de la cuantía defraudada'", afirmó el Ministerio Público en su escrito.

Para apuntalar esa misma idea, el escrito del Ministerio Público también incidió en que los indicios "no parten de informaciones más o menos contrastadas", sino "de lo constatado de forma objetiva por la Inspección tributaria en un procedimiento administrativo contradictorio". La decisión final queda ahora en manos de la Audiencia Provincial, que, si avala la ampliación de la causa a nuevos delitos, complicaría un posible acuerdo entre la Fiscalía y la defensa del empresario.

Hace un año, los abogados de González Amador ya trasladaron a la Fiscalía su voluntad de reconocer que defraudó más de 350.000 euros para alcanzar un pacto, pero estas negociaciones solo incluían el fraude fiscal. En concreto, llegaron a proponer que aceptaban los dos delitos fiscales a cambio de saldar el caso con el pago de 525.000 euros y una condena de ocho meses de cárcel.