El gran arreón descentralizador: Sánchez mima a Cataluña para el despegue de Illa

El Gobierno de Pedro Sánchez prepara un arreón descentralizador en Cataluña en forma de traspaso de competencias similar al que se ha pactado con el PNV en el País Vasco. Los socialistas quieren demostrar que la colaboración es mucho más beneficiosa que la confrontación con el Estado y que el despliegue del autogobierno catalán bajo el mandato de Salvador Illa redundará en una mejora de los servicios públicos, y en más votos para el PSC.

Moncloa tiene un calendario comprometido con el Gobierno vasco para transferirle una treintena de competencias más este año, incluida la gestión económica de la Seguridad Social —este mismo viernes firmará el traspaso de dos políticas más, relativas a los permisos de trabajo de inmigrantes y meteorología—, y el objetivo que se marca Illa es cerrar 50 traspasos para Cataluña esta legislatura. El anterior Govern de Pere Aragonès reclamó 56.

Ahora, con la "normalización" institucional en la Generalitat, Moncloa quiere imprimir velocidad a las transferencias pendientes. En una reunión con Illa celebrada este sábado en el Palau, el líder de ERC, Oriol Junqueras, se encargó ayer de meter presión al calendario y avisó de que Sánchez deberá acelerar si quiere Presupuestos para 2026. El PSOE defiende esa descentralización desde su visión federal del Estado y asegura que la oferta está abierta a todas las autonomías que así lo quieran —y lo reconozcan sus estatutos—. Aunque el meollo de todo sigue siendo la financiación.

La Comisión bilateral Estado-Generalitat se reúne este lunes, tres años después de la última vez, para impulsar el traspaso más inmediato, el de la gestión del Cercanías. La semana pasada ya se acordó crear una nueva empresa pública, Rodalies de Catalunya, que sustituirá a Renfe en la gestión del servicio ferroviario —aunque Junts la desdeña por considerarla una simple "filial"— y el compromiso de hacerlo efectivo este mismo año.

Los dos gobiernos abordarán también otras transferencias en materia de seguridad —que los Mossos asuman la vigilancia en puertos y aeropuertos, así como ampliar el cuerpo policial hasta 25.000 agentes—, justicia —creación de nuevos juzgados—, educación y medioambiente, según fuentes del Govern. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, presidirá los encuentros con el líder catalán Illa y su consejero de Presidencia, Albert Dalmau, en una fotografía que le sirve a Moncloa para pregonar la institucionalidad ganada en Cataluña.

El elefante en la habitación es la competencia de inmigración, cuyo traspaso exige Junts para seguir dando apoyo al Gobierno de Sánchez en el Congreso. Aunque la gran patata caliente sigue siendo la financiación "singular" comprometida por el PSOE a ERC para lograr la investidura de Illa. Hacienda reúne el miércoles el Consejo de Política Fiscal y Financiera con la amenaza de rebelión por parte de las comunidades del PP si se perdona la deuda a la Generalitat catalana.

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El PSC siempre ha defendido la posibilidad de ganar autonomía fiscal a través de un Consorcio Tributario que permita al Govern recaudar los impuestos, como reconoce el Estatut, pero los independentistas exigen una Hacienda propia, como Euskadi, que resulta inviable. "Haremos un nuevo Pacto del Majestic", aseguraban hace meses a El Confidencial fuentes de los socialistas catalanes, insistiendo en que José María Aznar también firmó notables cesiones políticas a la Cataluña de Jordi Pujol.

La última vez que se reunió la comisión mixta de Transferencias con Cataluña fue en 2010, cuando se acordó un traspaso parcial de Cercanías con la cesión de servicios ferroviarios regionales de transporte de viajeros, así como la Inspección de Trabajo. Desde entonces, solo se han resuelto ampliaciones de esas competencias "por apoderamiento", es decir, sin reunir el órgano de cooperación.

Con todo, Cataluña es la comunidad que más transferencias ha recibido por el Estado desde el inicio de la democracia, con 192 materias, seguida de Andalucía (155), Galicia (154), Comunidad Valenciana (134), Canarias (128) y el País Vasco (123), según los datos publicados en la página web del Ministerio de Política Territorial. En total, se han acordado 2.020 traspasos.

Desde que Pedro Sánchez gobierna, Euskadi ha sido la gran beneficiada con mucha diferencia, ya que casi toda la estrategia del PNV en los últimos años ha sido la de crecer en autogobierno político y económico exigiendo al Estado todas las competencias previstas en el Estatuto de Gernika, incluida la gestión económica de la Seguridad Social, aún pendiente. Sánchez lleva 26 traspasos firmados, diez más que los que efectuó Mariano Rajoy en su primera legislatura en Moncloa —la segunda quedó en blanco—, y de ellos, 15 han sido para el Gobierno vasco (57% del total). 17 si se cuentan las dos próximas transferencias que se firmarán el viernes sobre meteorología y gestión de los permisos laborales para los inmigrantes.

Le sigue Cataluña, con 3 acuerdos, aunque se trata de ampliaciones de competencias ya transferidas, "apoderamientos", por lo que no se reunió la comisión mixta, y Navarra, con otras 3. En el caso de la Comunidad Foral, se trata de políticas simbólicas como la cesión de la competencia sobre Tráfico, pactada con el PNV y Bildu, que fue anulada por defecto de procedimiento por el Tribunal Supremo aunque culminada después gracias a la reforma de la ley del amejoramiento del régimen foral en el Congreso.

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Diez comunidades están con el contador a cero desde que Sánchez llegó a Moncloa. Castilla-La Mancha es una de ellas, aunque tiene pendiente aún asumir la administración de la Justicia y el sistema penitenciario, según recoge su Estatuto autonómico. Pero sus gestores se apartan de la fiebre descentralizadora porque el Estado no acompaña con la financiación debida. "Nosotros queremos competencias para prestar mejores servicios, pero vienen muy mal financiadas. Para cambiar de ventanilla el problema, mejor no hacer nada", señalan fuentes del equipo de Emiliano García-Page.

Fuentes del Ministerio recalcan, sin embargo, que tras Cataluña se producirán reuniones con otros gobiernos autonómicos que sí reclaman transferencias, como es el caso de la Xunta de Galicia, que reivindica la gestión completa del litoral, aún sin fecha. Se trata de una competencia ya cedida a Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana o el País Vasco. Canarias también la firmó, aunque el ejecutivo de Fernando Clavijo se queja de que quedó incompleta.

Esta semana se han celebrado dos reuniones de comisiones mixtas de transferencias con Andalucía y Castilla y León, aunque han versado sobre cuestiones menores —cesión de montes y propiedades inmuebles—, y además se han producido por vía telemática, sin los oropeles que mostrarán mañana en Barcelona.