Los diplomáticos piden a las Cortes que reviertan el deterioro del servicio exterior de España
La Asociación de Diplomáticos Españoles se reunirá con la comisión de Asuntos Exteriores del Senado el martes, pero no es seguro que Juan Carlos Ruiz, que preside el mismo órgano del Congreso, tramite esta iniciativa sin precedentes
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El sindicato de los diplomáticos españoles ha tomado una iniciativa sin precedentes: pedir ayuda a los grupos parlamentarios para "revertir el proceso de paulatino deterioro del Servicio Exterior que se viene produciendo en las últimas dos décadas".
Con tal propósito Alberto Virella Gomes, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), escribió el jueves a los presidentes de las comisiones de Asuntos Exteriores del Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), y del Senado, José Ignacio Landaluce (PP), solicitándoles una reunión con todos sus miembros. La ADE reagrupa a un 60% de los diplomáticos españoles.
En el Senado, Landaluce se ha apresurado en darles cita, el próximo martes, aunque la reunión será a puerta cerrada. En el Congreso, el presidente de la comisión ha iniciado consultas con los portavoces de los grupos parlamentarios que la integran, que también recibieron una carta de Alberto Virella. Es dudoso que Ruiz Boix atienda la petición del sindicato de diplomáticos, según fuentes parlamentarias.
"Creemos muy necesario que el Servicio Exterior de España cuente con los recursos humanos y presupuestarios adecuados y que las personas que trabajamos para él y nuestras familias podamos desempeñar nuestras funciones (...)", subraya la misiva firmada por Virella. "Nos preocupa muy particularmente la lamentable situación de nuestra red consular (...)", añade.
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La diplomacia española es, como las Fuerzas Armadas, pequeña y con un presupuesto modesto. Cuenta con apenas algo más de mil funcionarios, mientras que Polonia, un país con un peso demográfico algo inferior, tiene en nómina a unos 2.500. El presupuesto de Asuntos Exteriores asciende a unos 2.190 millones de euros e incluye en él a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (704 millones) y al Instituto Cervantes (143 millones). La suma total es poco más de la mitad del de Italia (4.006 millones en 2025) y algo menos de la mitad del de Francia (4.669 millones).
La cuestión de los escasos recursos de la diplomacia española viene de lejos, pero en la etapa José Manuel Albares como ministro de Asuntos Exteriores, que se inició en julio de 2021, se han añadido otros problemas. A ojos de la ADE uno de los más graves es la arbitrariedad en los nombramientos en puestos en el extranjero, porque un número cada vez mayor depende del libre arbitrio del ministro.
A eso se añaden las destituciones arbitrarias de embajadores que no han concluido su estancia en la capital en la que están acreditados. En lo que va de año han sido tres. El primero fue Juan González Barba, embajador en Croacia, quien en 2021 fue ya cesado como secretario de Estado. Iba entonces a ser nombrado asesor especial para Chipre del secretario general de la ONU, pero Albares abortó la operación, según fuentes diplomáticas.
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El segundo fue Alberto Antón, embajador en Bélgica, al que se le vio dando una cabezada durante un discurso de Albares. El diplomático envió una carta a su ministro en la que le reprochó "sembrar la inseguridad y el miedo" entre sus compañeros en el ministerio. La destitución supone, escribió, "un intento de ensuciar y poner en entredicho mi reputación profesional".
El tercero fue Guillermo Kirpatrick, embajador en Corea del Sur, que a su paso por Madrid se reunió, sin pedir permiso a sus superiores, con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuyo departamento de comunicación hizo pública la cita. Kirpatrick acudió a visitar a la presidenta para dar un repaso a los proyectos que había puesto en marcha con motivo de su visita a Seúl en noviembre pasado.
Otra de las anomalías de las que adolece la diplomacia española es que el secretario de Estado de Unión Europea, Fernando Sampedro, reside en Bruselas y solo viaja de vez en cuando a Madrid para despachar con sus subordinados. "Es disfuncional", comenta un diplomático. "Sus subordinados hacen cola para verle cuando viene o para hablar por teléfono cuando está fuera", añade.
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Es la primera vez que un miembro del Gobierno de España vive en el extranjero. Sampedro trabajaba en el gabinete de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y cuando fue nombrado a instancias de Albares, en diciembre de 2023, no quiso mudarse de ciudad por razones familiares.
El incremento de los puestos que son cubiertos por diplomáticos elegidos a dedo por el ministro incitó a Alberto Virella a tomar, a finales de enero, otra iniciativa inusual. Escribió entonces a su ministro recordándole que el proceso de selección de candidatos "debe ser previsible y transparente (...) y conforme a criterios objetivos y no arbitrarios" otorgando la prioridad "a quienes presenten un perfil más adecuado para cada una de las vacantes".
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La ADE pide a gritos que se apruebe un reglamento de la carrera diplomática como el existente en otros muchos ministerios europeos. Existe un nuevo reglamento cuya elaboración concluyó en noviembre de 2020, cuando Arancha González Laya era aún ministra. En enero de 2024 obtuvo el visto bueno del Consejo de Estado y el entonces subsecretario, Luis Cuesta, anunció a la carrera diplomática su rápida aprobación.
Más de un año después, Albares no lo ha llevado aún al Consejo de Ministros para su aprobación. Mientras no entre en vigor, dispone de un amplio margen para nombrar a diplomáticos sin respetar los usos y costumbres de la carrera diplomática.
El sindicato de los diplomáticos españoles ha tomado una iniciativa sin precedentes: pedir ayuda a los grupos parlamentarios para "revertir el proceso de paulatino deterioro del Servicio Exterior que se viene produciendo en las últimas dos décadas".