La Fiscalía Europea investiga la corrupción con fondos UE de los centros de menas en Canarias

La Fiscalía Europea ha comenzado a indagar en el desvío de millones y millones de euros destinados a la atención de menores no acompañados en Canarias y que presuntamente acabaron en el bolsillo de los gestores de una de las fundaciones encargadas del cuidado de los centros que servían para alojarles. El departamento dependiente de la UE ha asumido la competencia para investigar diversas prácticas corruptas que se extendieron a lo largo de tres años, entre 2020 y 2022, coincidiendo con la etapa como presidente del actual ministro Ángel Víctor Torres. En el centro de las pesquisas, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, que recibió una financiación de 15,2 millones de euros procedente de fondos públicos. Casi dos millones procedían de los fondos Next Generation.

La investigación arrancó de la mano de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, hace solo unas semanas, un informe de la Intervención General alertó de que, aunque el funcionamiento de estos centros -cinco en total repartidos entre Las Palmas y Lanzarote- estaba subvencionado por la Comunidad Autónoma, parte del gasto derivado se imputó a créditos del instrumento europeo de recuperación Next Generation.

Según explica el auto en el que el instructor inicial del procedimiento renuncia a la competencia, en poder de El Confidencial, los investigados "utilizaron diferentes procedimientos para lograr el enriquecimiento personal y el disfrute particular de parte de los fondos públicos que estaban vinculados al mantenimiento de los centros de menores que dirigían". El dinero, que debía destinarse a procurar a los menores residentes, atención y formación integral, se extraía, la mayor parte de las veces, en efectivo, y se destinaba a hoteles de lujo, tratamientos de estética y hasta pastillas para la disfunción eréctil. Mientras tanto, los menores vivían en condiciones "lamentables".

Durante estos últimos meses, la instrucción ya había ido analizando las cuentas bancarias y los justificantes de gastos, sin encontrar sentido alguno al manejo del dinero y el uso que de él se hacía. Se encuentran imputados cuatro directivos de la organización y la propia fundación como persona jurídica. El magistrado advierte que lo que se plantea es "un escenario altamente irregular, opaco y de descontrol en la justificación del dinero público que fue aprovechado por los querellados en obtener un ilícito beneficio personal económico". Se han localizado, además, multitud de operaciones bancarias y desvío de dinero a cuentas personales o de familiares de los directores de los centros y decenas de compras personales.

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La Fundación Siglo XXI fue una de las seis organizaciones sin ánimo de lucro a quien el Gobierno de Ángel Víctor Torres encargó la gestión de centros montados con urgencia en pleno repunte de llegadas de inmigrantes. El juez advierte que a la vista del material que ha ido recabando, es evidente que no se trató solo de un desempeño incorrecto de las actividades públicas que se encomendó a los responsables sino de "ilícitos comportamientos que afectan directa y esencialmente a intereses financieros europeos" y, en concreto, la malversación de los fondos Next Generation.

En concreto, la UE destinó 1.970.806,00 a tres de los centros tutelados por la fundación imputada en el año 2021. Al Centro Puerto Rico fueron a parar 1.286.570 euros, mientras que el Centro Güiniguada se llevó 379.621 y el Centro Acorán, 306.615. En un momento dado, cuando llegó la hora de presentar certificación a la Unión Europea, desde la Dirección General Planificación y Presupuesto se determinó que había que retirar los fondos del marco de la UE "ante la complejidad de justificación". Entre las operaciones a las que se sospecha que pudieron ser destinados se encuentran movimientos inmobiliarios inflados o directamente ficticios, como el pago de alquileres a precios muy superiores a los del mercado y el reparto posterior de ese sobreprecio.

Unidad policial propia

La Fiscalía Europea ya se encarga de instruir otros procedimientos en Canarias. En concreto, se hizo cargo de las investigaciones del conocido como caso mascarillas, centrado en las compras de material sanitario en las islas que, en buena parte, fueron costeadas con fondos europeos. En los últimos días, el órgano ha recibido un refuerzo y ya cuenta con su propia unidad policial de investigación, formada por tres miembros de la Policía Nacional y otros tres de la Guardia Civil. Al equipo se ha sumado un perito de la IGAE que permitirá mayor celeridad y libertad de movimientos en las instrucciones.

La Fiscalía Europea es una fiscalía independiente de la UE con una estructura descentralizada. Tiene poder para investigar, procesar y enjuiciar (antes que los órganos jurisdiccionales nacionales) los delitos contra el presupuesto de la UE, como el fraude (superior a 10 000 euros), la corrupción, el blanqueo de capitales, la apropiación indebida o el fraude transfronterizo relativo al impuesto sobre el valor añadido superior a 10 millones de euros. Su personal actúa en interés de la UE en su conjunto y no debe pedir ni aceptar instrucciones de ninguna parte ajena.