La propuesta de Junts sobre un SMI diferenciado planea en el PP y en la CEOE

Miriam Nogueras utilizó este miércoles su turno de intervención en la sesión de control del Congreso para desempolvar una reivindicación que ha vuelto a la primera página del debate político. Junts cree que el SMI "no puede ser lineal en todo el Estado", y su portavoz en el Congreso exigió a Sánchez que éste sea más alto para Cataluña, al entender que "el coste de la vida" es más elevado que en otras comunidades. La propuesta de abordar salarios mínimos diferenciados en función del territorio, de la renta o del sector económico es un debate aún yermo, pero que no se ve con malos ojos ni en la CEOE —que se ha quedado fuera del acuerdo sobre última subida del SMI— ni en algunos sectores del PP.

La postura oficial de Génova es contraria a abrir el melón de impulsar un SMI distinto en función de comunidades autónomas o de otros criterios, e insisten en "no desenfocar le debate" de la nueva tributación del SMI que ha enfrentado a PSOE y Sumar, y a la que ellos también se oponen. Pero otras voces de primer nivel en el partido creen que es una iniciativa que se puede estudiar siempre y cuándo parta del "acuerdo" con la patronal y con los sectores implicados. Aluden a que se trata de un mecanismo que defienden los expertos y que ya se aplica en otros países.

Todas las fuentes consultadas en el PP repudian las formas de Junts y la comparación "sectaria" de Cataluña con regiones como Extremadura o Murcia. También se oponen de forma enérgica a que la región catalana cuente con su propio SMI. Pero la propuesta de los posconvergentes abre un debate de fondo, y es la idoneidad o no de que el Estado aplique salarios mínimos distintos en base a diferentes parámetros, ya que las condiciones salariales o las capacidades de cada sector productivo son muy diversas.

Aunque "es un debate muy delicado y complejo", admite un dirigente territorial del PP, la propuesta es "viable" siempre y cuándo sea "fruto de un amplio consenso" de los sectores implicados y, por supuesto, de la patronal. Otros sectores del partido, no obstante, se posicionan con la línea oficial y se oponen de forma enérgica a plantear siquiera el debate.

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"Destroza nuestro principio de igualdad territorial. La patronal puede decir lo que quiera, pero nosotros debemos tomar nuestras propias decisiones", alegan. "Es un planteamiento absurdo", comentan también desde las filas de los populares catalanes. "Sólo aumentaría las diferencias territoriales. El problema no es el SMI, sino las políticas inflacionistas y las subidas de impuestos", reflexionan.

El debate sobre un SMI asimétrico marcó parte de la Conferencia de Presidentes que se celebró en Santander el pasado 13 de diciembre, al hilo de unas declaraciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo a puerta cerrada y que en su equipo desmintieron. "No he dicho en ningún momento que haya un salario mínimo por comunidades autónomas", aclaró la dirigente madrileña, aunque sí llamó a "tener en cuenta las peculiaridades, por sectores y regiones" y criticó que la subida del SMI se ejecute "sin consultar con nadie".

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"No se dan cuenta de que la realidad de cada uno es muy distinta, y que una gran empresa puede incrementar el salario mínimo, pero a un agricultor, a un ganadero o a un autónomo, les hace papilla", anotó. En el entorno de Ayuso precisan que la dirigente "no ha dado el paso" de valorar la necesidad de adaptar el SMI a las necesidades empresariales y, aunque evitan entrar en el debate, sí piden al Gobierno contar "con los sectores protagonistas".

La presidenta madrileña contó entonces con el respaldo de su homóloga de Extremadura, María Guardiola. "El esfuerzo que tiene que hacer un agricultor o un pequeño empresario no es el mismo que tiene que hacer el dueño de una gran corporación", precisó. El líder andaluz, Juanma Moreno sí defendió que el SMI debía ser "común en toda España", aunque también abrió la puerta a introducir cambios para atender las necesidades de los distintos sectores productivos.

Acogida en la CEOE

La propuesta de un SMI adaptado a cada comunidad autónoma es una vieja conocida de la CEOE. De hecho, en medio de la pandemia, y en contra del criterio del Gobierno, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, se pronunció públicamente a favor de "salarios mínimos acoplados" a cada territorio. Al menos, de estudiar esta posibilidad.

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Aunque la CEOE nunca la ha planteado formalmente, hay sectores de la patronal que creen que esta propuesta tiene argumentos a su favor. El más importante es que la subida del SMI hasta situarse en el 60% del salario medio nacional provoca que en muchas comunidades esté por encima de este objetivo. En concreto, hay 10 CCAA en las que el salario mínimo ya está por encima de este umbral. Esto es, serían niveles salariales no compatibles con la productividad de las regiones más retrasadas.

Sin embargo, la patronal no es ajena al riesgo que podría tener esta medida en función de cómo se diseñe. Una posibilidad es que las CCAA en las que el SMI supera el 60% de su salario medio puedan bajarlo, pero la otra posibilidad es que el salario mínimo nacional sea un suelo y las CCAA sólo puedan subirlo. En este segundo caso, no habría abaratamiento de la mano de obra, sólo encarecimiento. Este es uno de los motivos por los que la CEOE ha preferido no impulsar esta medida.

"Nunca se lo hemos planteado a ningún partido político, tampoco a Junts o al PP", explican fuentes de la patronal. Como ocurre con los sindicatos nacionales, aunque reconocen que el sistema actual de un SMI nacional tiene fallos, también creen que es el mejor posible. Unos y otros creen que ceder la competencia a las CCAA puede ir en su contra y prefieren asumir el mal menor antes que arriesgarse.