Huelga en la Seguridad Social: "Las pensiones están al borde del colapso y el ministerio no nos recibe"

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Riesgo de colapso del sistema de pensiones. Los directivos provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) alertan de que la estructura actual de personal hace inviable el funcionamiento de este organismo en los próximos años. Desde mayo de 2023, este colectivo, del que dependen la gestión de 10 millones de pensiones y de 3 millones de solicitudes de ingreso mínimo vital, ha intentado reunirse con el Ministerio de Inclusión para exponer la gravedad de la situación, motivada por una plantilla cada vez más mermada que debe hacer frente a un número de demandas cada vez mayor ante el envejecimiento de la población. El silencio de la ministra Elma Saiz y de su equipo ha llevado a estos directivos a convocar dos días de huelga: 10 y 13 de marzo.

No ha sido hasta la convocatoria de esta huelga, un año y nueve meses después de que lo solicitaran, cuando el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha concertado un encuentro con los secretarios y subdirectores provinciales del INSS, como confirman fuentes de la Seguridad Social a El Confidencial. La situación es "crítica", según este personal, que maneja el 37% de los Presupuestos Generales del Estado: "Hay cargas de trabajo excesivas, falta de personal especializado y dejación de sus obligaciones por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones".

El problema lo resume en esta frase un directivo provincial del INSS en declaraciones a este periódico: "La cobertura de puestos para la gente que se jubila es del 70% en una estructura creada hace 30 años, cuando el número de pensiones no era de 10 millones ni había prestaciones como el ingreso mínimo vital". Es decir, que aunque la tasa de reposición fuera del 100%, seguiría habiendo un déficit notable en la plantilla.

Retraso en prestaciones

Por otra parte, denuncian que el personal que está llegando en las últimas hornadas no está lo suficientemente preparado. "Falta formación. Estamos intentando resolver la papeleta con interinos que van y vienen. Como consecuencia, para el ingreso mínimo vital hay miles de expedientes pendientes de resolver. En atención al público, muchos interinos no tienen capacidad para dar información fiable a los ciudadanos".

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La gestión de las pensiones también se está retrasando en algunas provincias, pero la prestación que más se está viendo afectada por la situación es la de incapacidad temporal. Explican que la incapacidad temporal se ha disparado desde la pandemia, y que todos los expedientes tienen un volumen de "atasco brutal". "Ya está desbordado y lo estará más", aseveran.

Consideran que en los últimos 30 años "la planificación estratégica de los recursos humanos de la entidad ha sido nefasta, trabajan con una relación de puestos de trabajo obsoleta y con una eterna promesa de una Agencia de la Seguridad Social que nunca ve la luz y que el colectivo considera vital para la mejora de la gestión del Sistema Español de Seguridad Social". A su vez, reclaman una mejora de sus condiciones laborales que se corresponda con "la responsabilidad que asumen y la especialidad y complejidad técnica de sus funciones".

"Desprecio absoluto" de la ministra

La llegada del ingreso mínimo vital ha sido un "golpe en la línea de flotación" de un organismo que da salida al trabajo acumulado a trancas y barrancas. "Los cambios en el INSS en los últimos años han sido de una relevancia colosal a nivel normativo, procedimental y organizativo y han supuesto la asunción de nuevas competencias en una dimensión de importante alcance, tanto para la organización como por su impacto social", señalan.

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Además del ingreso mínimo vital, han tenido que gestionar el complemento de la brecha de género y maternidad; los continuos cambios normativos en la pensión de jubilación; el control de las bajas médicas y la valoración de las incapacidades, así como en la organización del trabajo derivado de la deslocalización en el trámite de las prestaciones y la ampliación de los canales de atención al ciudadano. Una serie de cambios impulsados por el Gobierno en los que no se ha tenido en cuenta el refuerzo de personal que necesitaba la institución.

Todas estas circunstancias han sido comunicadas desde hace casi dos años al ministerio de Saiz "sin haber recibido respuesta alguna, con un desprecio absoluto por parte de la ministra y el secretario de Estado de Seguridad Social". Los directivos creen que en el Gobierno esperaban que no se movilizarían, al no ser un colectivo sindicado. "No han calibrado el descontento que existe".