Marlaska compró mascarillas 'fake' a la trama Koldo y nunca reclamó por ellas

El Ministerio del Interior compró las mismas mascarillas 'fake' a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama Koldo, que los gobiernos de Canarias y Baleares. Sin embargo, al contrario que estos gobiernos autonómicos, las distribuyó entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y nunca reclamó a la empresa por no cumplir con la calidad contratada.

En total, el ministerio de Fernando Grande-Marlaska pagó 3.479.355 euros a Soluciones de Gestión por 1.065.000 mascarillas FFP2 o equivalente KN95. Una parte de estas mascarillas corresponde a la misma remesa que compraron Canarias y Baleares a la trama y que el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) determinó que no cumplía con los requisitos de calidad de unas mascarillas FFP2 o KN95.

Se trata del modelo de mascarilla KN95 KSA fabricado por Huizhou Hengda Innovation Communication Equipment Co, Ltd. El Confidencial ha accedido en exclusiva a un certificado de Soluciones de Gestión en el que se refleja que recibieron estas mascarillas defectuosas Baleares, Canarias, Adif, Puertos del Estado y el Ministerio del Interior. Mientras que los gobiernos de Canarias y Baleares detectaron que estas mascarillas no cumplían los requisitos técnicos para ser FFP2, y así trascendió a la luz pública, nunca hasta ahora se había sabido que Interior también compró mascarillas defectuosas.

TE PUEDE INTERESAR

Ángel Víctor Torres adjudicó 60 millones de euros a empresas investigadas por la justicia

Borja Negrete

Interior pagó por estas mascarillas mucho más que otras Administraciones públicas. La trama cobró a Canarias cada mascarilla FFP2 a 2,5 euros la unidad, mientras que el Ministerio de Grande-Marlaska pagó a 3,27 euros cada una en las mismas fechas (abril de 2020).

Interior defiende la calidad de las mascarillas

En declaraciones a este periódico, el Ministerio del Interior alega que las mascarillas compradas a Soluciones cumplían con los requisitos técnicos pactados (FFP2 o KN95), y que pasaron los controles de los servicios médicos del cuerpo: "Todas las mascarillas que adquirió el Ministerio del Interior, incluidas las proporcionadas por la empresa citada, cumplieron con las especificaciones técnicas exigidas y sirvieron para su uso sin riesgo para los agentes. No se habría aceptado un producto defectuoso y en ningún caso se distribuyeron a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mascarillas que no cumplieran con los requisitos de protección adecuados. Los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y Servicios Médicos de Policía Nacional y de Guardia Civil no presentaron ninguna objeción a este tipo de mascarillas".

Añaden que "los contratos del Ministerio del Interior se sometieron a la fiscalización ordinaria, tanto de la Intervención del ministerio como del Tribunal de Cuentas, cumplieron con la normativa aplicable, se recepcionaron correctamente y se entregaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para su uso". "No existe ninguna irregularidad" y "no había mascarillas fake", aseveran.

TE PUEDE INTERESAR

El comisario de confianza de Marlaska confiesa que Interior contrató a la trama tras hablar con Koldo

Alejandro Requeijo Beatriz Parera

Sin embargo, estas mismas mascarillas sí fueron consideradas defectuosas por el Centro Nacional de Medios de Protección en el caso de Canarias, a quien comunicó que los ensayos determinaron "que no son compatibles con FFP2". Se detectó que el nivel de filtración era FFP1, que está considerada de "baja eficacia" de filtración frente a la "eficacia media" de una FFP2. Por esta razón, Canarias pagó estas mascarillas a precio de quirúrgicas. En cambio, Interior las pagó a precio FFP2 e incluso más caras de lo que había entonces en el mercado.

Documento a petición de Víctor Torres

El certificado de Soluciones fue enviado por el director de Proyectos de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaetxe, a Antonio Olivera, director general del Servicio Canario de Salud y hoy jefe de gabinete del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el 22 de julio de 2020. Fue el propio Víctor Torres el que instó a Rotaetxe a emitir este documento, tal y como refleja un correo del empresario con Koldo García al que ha tenido acceso este periódico.

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Canarias había detectado que millones de mascarillas compradas a Soluciones de Gestión no cumplían con los requisitos establecidos para una mascarilla FFP2 / KN 95. Entre ellas se encontraban las mascarillas KN95 KSA.

Rotaetxe trató de convencer al Gobierno canario de que estas mascarillas cumplían con la calidad contratada emitiendo un certificado en el que se hace una relación de los organismos públicos que habían comprado el mismo material sin poner pegas: "Las siguientes marcas han sido suministradas además a terceros organismos y entidades en los meses de abril y mayo, sin que haya habido ningún problema ni reclamación al respecto".

TE PUEDE INTERESAR

Torres sí estuvo en Madrid el fin de semana que Aldama lo sitúa en el piso AirBnb con "señoritas"

José María Olmo

Las mascarillas KN95 KSA fueron remitidas por Canarias al Centro Nacional de Medios de Protección, que concluyó que no tenían suficiente calidad para ser usadas como FFP2. Finalmente, el Gobierno de Víctor Torres llegó a un acuerdo con Soluciones para pagárselas en noviembre a precio de mascarilla quirúrgica en abril (84 céntimos la unidad, un 560% más caras que en el momento del nuevo contrato).

La CNMP llegó a la misma conclusión en el caso de Baleares, donde el Gobierno de Francina Armengol las guardó en un almacén y no reclamó la devolución de lo pagado hasta la convocatoria de las elecciones autonómicas, tres años después.

El Ministerio del Interior repartió estas mascarillas entre los agentes policiales y no llevó a cabo ninguna actuación para reclamar el importe a Soluciones de Gestión al considerar que contaban con la calidad suficiente. Tampoco comunicó públicamente la existencia de esta circunstancia, de la que no hicieron mención ni Marlaska ni el redactor del contrato, Daniel Belmar, en sus comparecencias en la Comisión de investigación del Senado.