El pacto del CGPJ sobre las presidencias del Supremo se aleja (más) por nuevas exigencias

El Consejo General del Poder Judicial ha tropezado, de nuevo, con la misma piedra. Ya desde los inicios de la andadura del nuevo Consejo quedó claro que el desafío sería encontrar consensos que permitieran sacar adelante las decenas de nombramientos atascados durante el anterior mandato del órgano. Todos son difíciles, pero hay algunos especialmente complicados. Las presidencias de las salas del Supremo se colocan los primeros de la fila y el acuerdo para cubrir la dirección de las cuatro salas se ha alejado aún más. Desde el sector progresista se han planteado dudas sobre el candidato único para la Sala de lo Civil, Ignacio Sancho, informan fuentes jurídicas.

Aunque la batalla principal se encuentra en las dos Salas más sensibles —la de Penal con asuntos tan delicados como el caso Koldo y el del fiscal general y la de Contencioso, que revisa las decisiones del Gobierno— los vocales abordan la elección desde un punto de vista global, lo que implicaría un acuerdo completo sobre las cuatro salas.

Las primeras dificultades aparecieron por la aplicación de la regla de la paridad. Los progresistas defienden la elección para Penal de la magistrada Ana Ferrer y para Contencioso de la magistrada Pilar Teso, mientras que los conservadores apoyan a Andrés Martínez Arrieta y al magistrado Pablo Lucas. El proceso debe cumplir por primera vez la ley de representación paritaria por la que pretende garantizarse el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. Mientras los progresistas defendían la aplicación concreta de estos porcentajes a las cuatro presidencias, los conservadores respaldaban que el cómputo se mida en función del número total de nombramientos del Supremo.

Superado ese escollo tras la emisión de un dictamen del gabinete técnico del Consejo General del Poder Judicial, reclamado por la presidenta Isabel Perelló, que descartaba la obligación concreta de aplicación en el área de las presidencias, las conversaciones continuaron sin demasiados avances. Diez de los vocales fueron designados a propuesta del PP y los otros 10, a propuesta del PSOE y Sumar. El acuerdo de la renovación pactado entre socialistas y populares implica que los cargos obtengan el respaldo de tres quintos del Consejo, es decir, de 13 vocales, lo que obliga a negociar y a encontrar soluciones.

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La solución está, sin embargo, más lejos que nunca. Más allá del desacuerdo evidente sobre Penal y Contencioso, han aparecido nuevos problemas en una Sala que parecía resuelta, la de Civil. Las fuentes consultadas aseguran que los progresistas no ven con buenos ojos a Sancho y cuestionan, sobre todo, sus creencias religiosas. Al ser un candidato único, si no consiguiera el respaldo necesario, la plaza quedaría desierta de momento.

Sin acuerdo en una treintena de nombramientos

Pese a que las presidencias son el reto más difícil, el Consejo ha demostrado en las últimas semanas que la complicación llega también a las designaciones en otros ámbitos. Durante la pasada semana el Consejo se vio obligado a retirar del orden del día de su Pleno la elección de una treintena de cargos entre los que se incluía la presidencia de distintos tribunales de justicia, audiencias provinciales y varios puestos clave en la Audiencia Nacional como la presidencia y la dirección de todas sus salas.

En este último caso, un acuerdo que se veía cercano se fue al traste en el último momento ante las reticencias entre los dos grupos. Lo sucedido evidencia que nada será más difícil en el Consejo que lograr sacar adelante el casi centenar de designaciones que les legó el largo bloqueo en la renovación del órgano y la reforma legislativa del Gobierno que impide nombrar con el mandato caducado.

No ayuda, tampoco, aseguran las fuentes consultadas, el enfrentamiento abierto entre el poder ejecutivo y el judicial, cada vez más abierto y más enquistado. El pacto se ve, ahora mismo, imposible.